Junts per Catalunya ya ha comenzado a estudiar qué fórmulas reglamentarias pueden desembocar en la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad aunque esté "ausente" en el debate de investidura. Fuentes del partido han señalado que ya analizar varios escenarios, todo bajo el consejo de sus abogados. También contemplan que regrese a Cataluña, ya que lo haría "voluntariamente" para declarar ante el Tribunal Supremo y "se entendería que el riesgo de fuga no existiría", por lo que "no habría motivo" para ordenar su ingreso en la cárcel.
Han especificado que, aunque creen que su encarcelación supondría un "coste de imagen" que el Estado no soportaría, ya que cuenta con apoyos suficientes que aglutinan una mayoría absoluta, preparan un plan B para que pueda ser investido en ausencia. En esta dirección, aclaran que deberían forzar la aprobación de una nueva reforma del reglamento de la cámara antes de la sesión de investidura. O bien estirar las interpretaciones del texto actual, que no contempla de manera explícita una tesitura como la presente.
La norma pauta que Puigdemont puede recoger el acta de diputado sin tener que acudir presencialmente. El artículo 23 del reglamento argumenta esta tesis. Según su lectura del texto, el reglamento expone que hay que presentar la "credencial expedida por el órgano correspondiente de la administración electoral", comprometerse a respetar la Constitución y el Estatut y presentar una declaración de actividades y de bienes. Pero todo eso podría ser efectuado por un apoderado de JxCat.
Pero ese planteamiento cuenta con una barrera en el artículo 146. En él se especifica que en la sesión de investidura "el candidato presenta, sin limitación de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del pleno". Y después de las intervenciones de los diputados de la oposición, el candidato a ser investido puede "responder individualmente" a cada uno de ellos. Por lo que se presupone la presencia del aspirante a presidente del Govern.
En JxCat esgrimen que es posible implementar la reforma del reglamento de la cámara catalana con el fin de regular el supuesto de la ausencia de Puigdemont y permitir, así, el voto telemático sin necesidad de que sea presencial. Entonces, el fugado tendría la capacidad de efectuar un discurso simbólico, desde Bruselas, para oficializar sus planes de legislatura. Otro miembro del partido secesionista tomaría la palabra en la tribuna del Parlament para, a su vez, pronunciar el discurso de investidura de forma delegada. La intalación de una pantalla en el hemiciclo para facilitar la videoconferencia no se descarta.
Uno de las fronteras que limitan tal estrategia es la de los plazos legales. El Parlament ha de celebrar su sesión constitutiva hasta el 23 de enero y el debate podría extenderse hasta el 6 de febrero. Es decir, que parece un margen de tiempo mu corto para reformar el reglamento. No obstante, aún habría dos meses más para evitar el vencimiento del plazo y la convocatoria automática de elecciones anticipadas.
Y otro de los matices que han de resolver es el de conseguir convertir su mayoría absoluta en la práctica parlamentaria. Y es que varios de sus escaños electos pertenecen a dos diputados que acompañan a Puigdemont en Bruselas. Se trata de Clara Ponsatí y Lluís Puig. Además, ERC mantiene en dicha fuga a Toni Comín y Meritxell Serret. Y en la cárcel permanece Oriol Junqueras y Jordi Sànchez y Joaquim Forn -ambos de JxCat-. Esta situación judicial podría condicional de forma abrupta el devenir parlamentario catalán.
El caso es que Junts per Catalunya rechaza, por ahora, otras candidaturas que no sean las del presidente "legítimo". La rumorología ha apuntado hacia las candidaturas alternativas de los consejeros cesados Jordi Turull y Josep Rull -todavía bajo la lupa por el 1-O-, de Elsa Artadi -mano derecha del Govern cesado- o la de Ferran Mascarell -exconsejero con Arturo Mas-, pero la formación no se plantea otro paisaje que no sea colocar a Puigdemont al frente del bloque independentista.
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