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TRIBUNA

Delitos sexuales a menores

viernes 05 de enero de 2018, 20:42h

La salvaguarda legal de los menores de edad se ha visto incrementada en los últimos años en España, siguiendo las tendencias de los países más adelantados en la defensa de los derechos del menor, tanto en el ámbito del Derecho Penal como del Derecho Civil. Desde la reforma del Código Penal en 2015, las relaciones sexuales con menores se consideran no consentidas si son menores de 16 años, constituyendo por tanto un delito de abusos sexuales en tales casos, sin perjuicio de que pueda convertirse en una agresión sexual cuando exista violencia o intimidación, además de las otras variantes delictivas en ese ámbito, dispuestas en los artículos 183 y complementarios, cometidas a través de internet u otros medios que se disponen en la ley.

Últimamente se han dado varios casos sonados de agresiones sexuales a menores en nuestro país que, por supuesto, no ofrecen duda alguna de su carácter doloso, habiéndose cometido por varios actores al mismo tiempo con violencia o intimidación sobre la víctima. Pero, la cuestión que aquí queremos destacar se refiere a otros supuestos en que los delincuentes han recibido un trato favorable por parte de los tribunales en base a la aplicación de una técnica jurídica bastante cuestionable en ciertos casos. Nos referimos a algunas sentencias pronunciadas, en base a otros antecedentes jurisprudenciales, que se inclinan por el denominado “error invencible de prohibición o de tipo”, aplicado sobre todo a personas extranjeras que llegan a España y, aunque hayan cometido un posible delito de abusos sexuales a menores, se escudan, por parte de los argumentos de la defensa de sus abogados, en el subterfugio de su desconocimiento de que tales hechos fueran delictivos, pues no están tipificados en su país de origen o no se aplican en tales términos de gravedad penal.

Si bien se ha intentado aplicar dicha teoría del error invencible en ciertos hechos cometidos, en base al desconocimiento por los autores delincuentes, en supuestos de lesiones tales como la ablación del clítoris en menores, que se llevan a término por tradición o costumbre en regiones de países tercermundistas, normalmente el Tribunal Supremo no ha aceptado tales argumentos de defensa cuando se refiere a supuestos de lesiones de ese tipo juzgados en España. Por el contrario, sí se ha aceptado dicha excepción legal del denominado error invencible en la aplicación del tipo en supuestos de abusos sexuales a menores, bien por alegar desconocimiento por parte del sujeto activo sobre la edad de la supuesta víctima, o de otras situaciones como la supuesta ilegalidad de matrimonios con niñas menores, de hasta incluso once años. Tal como se ha dado recientemente en un caso de un matrimonio rumano-gitano que ha venido a vivir en España, habiendo sido denunciado el esposo por malos tratos por la cónyuge menor de doce años de edad, después de llevar ya un año de matrimonio con plenas relaciones sexuales.

Se observa que, si bien la Fiscalía incide en la acusación por comisión de delitos sexuales contra menores de edad en tales supuestos, luego el Tribunal juzgador aplica en bastantes ocasiones la excepción del error invencible de tipo o de prohibición al sujeto activo y colaboradores, dictaminando que tales sujetos desconocían la legislación penal española, proviniendo de países terceros, quedando así libres de responsabilidad penal. Entendemos que todo ello supone una implicación que menoscaba los derechos de los menores en España y un trato de favor de tales inmigrantes frente a los ciudadanos españoles, quienes deben cumplir con la ley en todo caso, siguiendo lo dispuesto en el artículo 6 del Código Civil al indicar que La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

Deben aplicarse, en consecuencia, las leyes penales por igual a todos los residentes en España, sin excusarse en la teoría del error invencible por desconocimiento de los actos supuestamente delictivos en nuestro Código Penal y, mucho menos, por lo que decían ciertos defensores de la aplicación de tal excepción legal del error invencible, al indicar que los juzgados y audiencias provinciales de este país no darían abasto para enjuiciar casos de esta misma índole. La ley penal debe ser aplicable a todos por igual con las correspondientes excepciones legales, que también deben ser para todos si proceden. Si alguien, que viene de fuera, pretende residir y vivir en España, pero luego se aferra al desconocimiento de nuestras leyes como excusa para obtener privilegios judiciales en la aplicación penal, entonces mejor que se quede en su país de origen si allí hay una legislación más benévola para el delincuente y no quiere acogerse a las consecuencias de la justicia penal española.

Por último, la edad mínima para poder contraer matrimonio en España, desde la ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, se ha elevado a los dieciséis años, con un criterio lógico que está más acorde no sólo con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sino también con lo dispuesto en el Código Penal sobre las relaciones sexuales supuestamente inconsentidas por los menores de dieciséis años, que pueden dar lugar a los delitos de abusos sexuales con menores de dicha edad.

Respetando en todo caso las decisiones judiciales, no podemos obviar la realidad de ciertos hechos que chirrían en la sociedad por lo indicado, teniendo en cuenta que las decisiones de la Justicia no sólo han de ser justas sino que también han de parecerlo ante la opinión general.

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