El Gobierno hace un decreto sobre el aborto que no cambia nada

El Consejo de Ministros ha acordado mejorar los niveles de protección de las mujeres que deciden abortar. Estas disposiciones de protección van a integrar un proyecto de Real Decreto que integra no sólo el derecho a la intimidad de estas mujeres, sino que también la prohibición de cesión de datos a no ser que haya orden judicial al respecto y la garantía de la equidad a la hora de recibir servicios de salud relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.

"El objetivo del Gobierno, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es que nadie pueda entrometerse en la intimidad de las mujeres que abortan bajo los supuestos recogidos en la ley". A su juicio, "no hay porque añadir un excarnio de una publicidad" al sufrimiento que supone tomar la decisión de abortar.

Tanto los centros públicos como privados deberán separar los datos médicos de los personales y éstos últimos se codificarán. Ese códifo que será entregado a la paciente sólo podrá desvelarse a través de una orden judicial. Esta medida tiene carácter retroactivo, así, las mujeres que hayan interrumpido su embarazo antes de la aplicación de este Real Decreto podrán solicitar dicho código.

Sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha destacado este viernes que, en los tres años que lleva en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, el 89,6 por ciento de las mujeres que han pedido una orden de protección la han conseguido.

Actualmente, 94.133 mujeres tienen algún tipo de medida dirigida a garantizar su seguridad.

La ministra ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el que ha presentado el primer informe de evaluación de la ley integral contra la violencia de género que, ha subrayado, "está cumpliendo con los objetivos para los que fue promulgada", porque, desde entonces, "hay más denuncias, más protección y más mujeres que logran salir de la violencia".

Según el citado informe, la ley ha favorecido además "un claro aumento" de las denuncias por parte de mujeres, desde las 47.262 presentadas en 2002 a las 81.301 presentadas en 2007 (el 72 por ciento de incremento).

La ministra ha reconocido que "queda mucho por hacer" pero ha subrayado que, aunque la norma no acabará "por sí sola con la violencia de género", "es el mejor instrumento para seguir avanzando" y erradicar un problema "tan complejo y profundo" como la desigualdad histórica entre hombres y mujeres.