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TRIBUNA

Cataluña, implosión de España

Antonio Domínguez Rey
miércoles 17 de enero de 2018, 20:27h

En artículo anterior atribuíamos el triunfo soberanista de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 al fracaso de la política nacional. Los partidos con experiencia de gobierno mostraron el vacío que encubren al perder apoyo electoral evidente.Dramático en el caso del PP. Ese hueco lo rellenó, en cierto modo, Ciudadanos, y fue flotador, por defecto, de agrupaciones independientes. El partido naranja se benefició de la Cataluña silenciosa o abandonada durante años por la incertidumbre socialista y el absentismo de liderazgo popular en la zona. Y esto desde que los presidentesFelipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero claudicaron ante los autonómicos por razones electorales. Los dos primerosfrente aPujol sacrificando, respectivamente, intereses nacionales o líderes autonómicos más potentes e incómodos para la causa soberanista. El tercero, auspiciando e incrementando la autonomía con una revisión en 2006 del Estatut al atribuir rango nacional propio a Cataluña: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán» (13 de septiembre de 2003). La impugnación realizada por el PP ante el Tribunal Constitucional y el recorte de la expansión autonómica dictado en 2010 sirvieron de espita para provocar una crisis de Estado. Se elaboró ésta con pasos precisos aplicando los recursos políticos, jurídicos y sociales que el Estatut permitía. Aleccionados además sus intérpretes por el trasfondo filosófico, social, jurídico y político del Tratado de la Unión Europea. Esto supuso dar por finalizado el período autonómico, como declaró Artur Mas, defender el estatus de nación y, ya con Puigdemont en la presidencia (enero de 2016), retar al Estado español atribuyendo igual rango constituyente a Cataluña. Se hizo además mirando a Europa para introducir una cuña en su concierto e intentar una brecha en su horizonte.

El resorte de tal intento era y es el principio de subsidiariedad. Su fundamento se basa en la autonomía de los individuos dirigida, en cuanto personas, a estructurar, decidir y desarrollar agrupaciones de rango social que les confieren atributo de sujetos jurídicos. Su iniciativase cumple como destino personal. Y de ello deriva el poder público. Una fundamentación muy cercana -por no decir la misma- a la ontológica y social de la Iglesia, en concreto a la expuesta en la encíclica Quadragesimo Anno (Pío XI, 1931), publicada a los cuarenta años de la Rerum Novarum (León XIII, 1891). Lo indiviso -individuo- y persona como sujeto de atribuciones jurídicas por ser ente racional libre y, por ello, sociable.

El Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992; revisión fundamental en Lisboa, 2007) auspicia la descentralización y autonomía de las agrupaciones sociales, de tal modo que se establece una corriente alterna e intersección de atributos. Se vinculan entre sí por razón de convivencia múltiple y cada grupo social se inscribe en otro más abarcador si no consigue el objetivo liminar para el que fue creado mediante recursos y potencias propias. No está desenganchado del conjunto, pues opera y converge en él como razón de su entidad. El individuo existe políticamente en cuanto asociado a otros. Tiene un componente social interno que no anula su carácter de persona, sino que –se supone- lo revela e incrementa su libertad.Así se estructuran las asociaciones, municipios, comarcas, regiones, provincias, comunidades, hasta formar naciones,estados o la comunidad suprema, en este caso Europa. La relación externa de implicaciones personales constituye la subsidiariedad denominada horizontal.

El poder deriva realmente del engarce de entidades enesta estructura y como orden vertical fundado en el hecho de que la cohesión de lazos sociales genera amplitud de competencias y otorga unidad de funciones, coherencia de sentido a lo agrupado. Y esto sin contravenir el supuesto de base: la unidad primaria, el individuo libre considerado sujeto de atribuciones sociales, es decir, jurídico. Por eso la Carta de la Autonomía Local del Consejo de Europa, que España ratificó en 1988, dice lo siguiente en el artículo 4.3: «El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos».

Las implicaciones de estos fundamentos y presupuestos son complejas. Muchos analistas resaltan que el principio de subsidiariedad no tiene consistencia si el vínculo de las agrupaciones no se basa en la solidaridad. Y ser solidario implica algo más que simple adhesión circunstancial de intereses según conveniencia de circunstancias. Supone una ligazón in solidum, es decir, una obligación. Tal concepto ya comporta una ética, una responsabilidad constitutiva, pues partimos de la noción de persona y su desarrollo. El proceso de personalización está política y socialmente circunscrito a la condición histórica de existencia:su espacio-tiempo-movimiento. El anclaje o razón histórica, que diría Ortega y Gasset, sin entrar aquí en el debate de si hay o no un presupuesto ontológico aún más básico. El ancla del vínculo. La libertad.

Los vínculos, sus razones, cambian de circunstancia y contexto. Si el lazo que estrecha no adhiere, resulta adorno o simple cinta sujeta a los azares de la presión o el azar del viento. Y el cambio social introduce tensión, a veces litigio. Si aplicamos estos presupuestos a la situación actual catalana, nos encontramos con una crisis profunda de Estado. Por eso se pide reforma, mutación o cambio de la Constitución vigente. Para provocar un acomodo distinto, reconocer la desvinculación o intentar, in extremis, una razón vertical que recuerde a los soberanistas catalanes que la competencia de poder fundada en proximidad y cercanía comunitaria es subsidiaria por atribución. Y ellos responden, es evidente, apelando a instancia más alta, vertical, la Comunidad europea. Recaban el principio que la constituye, pero atentando –he aquí la cuestión- contra la coherencia de sentido nacional que los agrupa. Un atributo, el nacional, que recibe Cataluña subsidiariamente por estar engranada, y graduada, en un Estado miembro de la Unión Europea. No existe otro concepto de integración comunitaria.

Esta conclusión forzó a independentistas a rehacer el contexto histórico con argumentos insostenibles hoy día. Y al fracasar la deconstrucción narrativa de su historia, intentaron mostrar a su comunidad y al mundo la careta de un Estado español aún enfundado en la dictadura franquista. Primero, con una serie de reclamaciones mediante diálogos cuyo único objetivo era una escalada de ruptura del vínculo. Pretendieron convencer a Europa de que el rechazo de sus pretensiones era rigidez política de la centralización represiva e histórica de España hacia Cataluña. Mientras tanto, esgrimían un populismo de bienestar opuesto a las restricciones gubernamentales dictadas por la Comisión y el Banco Central Europeo. Conseguían con esto además atraerse la imagen de la oposición política convirtiendo el rechazo en incapacidad negociadora del Gobierno. En esto centró el Partido Socialista la investidura del presidente tras las elecciones de diciembre de 2015. Con tales actuaciones pretendían fuera de Cataluña el apoyo que no encontraron en ninguna parte, excepto el refugio de autoexilio en Bruselas del presidente Puigdemont amparado por grupos políticos marginales y una prensa ávida de crisis permanente. El lugar fue sabiamente escogido, pues la tensión social y lingüística de Bruselas, entre valones y flamencos, servía de fondo analógico con España. Otra vertiente dela incertidumbrecomunitaria, a pesar de la insistencia en que Cataluña se quedará fuera de Europa si se independiza. El condicional ya recela por principio.

Fracasaron también en el intento. Entonces se recrudeció el discurso y losactos rupturistas con gradación entre parlamentaria y agitadora que casi derivó en golpe efectivo de estado. Contaban con que hubiera una represión fuerte que avalara ante Europa, Rusia y Estados Unidos el trasfondo dictatorial. Los escarceos del 1 de octubre de 2017 terminaron en anécdota y hasta montaje icónico fraudulento. Confirmaron la tesis dramática, en sentido clásico, del concepto de sociedad según Ortega. Al optimismo personalista de la solidaridad social, que no niega, pero matiza, opone el filósofo la “di-sociedad, repulsión entre los individuos”. La razón es evidente. Hay, dice, sujetos traidores, asesinos, ladrones, arbitrarios, violentos. Y este contraste acredita “que la sociedad es una realidad constitutivamente enferma, deficiente”. A la inclinación humana de conducta social se oponen comportamientos nocivos: la disociación. Así pues, concluye Ortega en El hombre y la Gente, si queremos preservar un mínimo sociable, la sociedad “necesita hacer intervenir con frecuencia su interno <<poder público>> en forma violenta y hasta crear […] un cuerpo especial encargado de hacer funcionar aquel poder en forma incontrastable. Es lo que ordinariamente se llama el Estado”.

Y sucede -¿debemos recordarlo?- que Cataluña es parte integrada e integradora del Estado español, miembro subsidiario de la Unión Europea. No vale, por tanto, rehacer el pasado con voluntad política disociadora y enferma de intereses espurios cimentados en una corrupción institucional sin precedentes. Este empeño atenta también contra la seguridad europea. Confronta los principios de subsidiaridad y solidaridad. El camino para validar el concepto y desarrollo de Cataluña dentro de Europa ha de ser, sin paliativos, como el de cualquier otra comunidad nacional española. Y la ruta vinculada es la convergencia europea.

Los fundamentos pueden volverse contrarios a los objetivos de partida. Esta amenaza persiste en el caso catalán. Sus representantes están convencidos de que la secesión catalana refuerza el republicanismo federal de Europa. Hay una lectura hermenéutica sesgada del Tratado de la Unión Europea, así como de la Constitución española. Es cierto, no obstante, que ciertos títulos de uno y otro documento permiten y hasta favorecen jugar el juego de la exégesis con los conceptos de nacionalidad y región más o menos significada dentro de Europa y España. El separatismo catalán pretende forzar por adelantado una reorganización territorial de estados dentro del marco europeo. Quiere ser la vanguardia de su futuro constitucional.

El desfondamiento momentáneo de esta pretensión al aplicar el Estado español el artículo 155 de la Constitución essolo aparente. Lo mismo el forzadoacatamiento ante los jueces de la legalidad vigentepor los inculpados y presos en razón de las actuaciones sediciosas del 27 de septiembre de 2017, al declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. El ruptura abortada pervive como rencor oascua entre ceniza. Les falló en última instancia una revuelta popular, al parecer ya preparada para el 27 de septiembre. La lección queda grabada. La pretendida represión y el descontento real se convierten en categoría y fondo permanente de oposición reivindicativa en las relaciones con el Estado. Y serán motivo de denuncia y reclamoante la Unión Europea. Confían en que el rescoldo se avive y caliente otras zonas.

Cataluña es hoy, resumiendo, la implosión institucional de la corrupción explícita y latente de España. El hundimiento hacia adentro de un país donde apenas resuena el eco de la historia. Tal vez despertemos al tocar fondo.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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