España declara persona non grata al embajador venezolano

El Consejo de Ministros ha decidido declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, en respuesta a la decisión del Gobierno venezolano de expulsar del país y declarar persona non grata al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, en una crisis sin precedentes en las relaciones bilaterales entre ambos países.

La medida ha sido anunciada en rueda de prensa por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha apelado a los conceptos de proporcionalidad y reciprocidad para justificar la decisión que ha tomado el Ejecutivo español.

Méndez de Vigo ha manifestado que el Gobierno quiere para los venezolanos "lo mismo que para todos los españoles" y se ha referido a la libertad, la democracia y la prosperidad por lo que, ha apuntado "seguirá trabajando para que esto sea así" en el marco de la Unión Europea y las relaciones bilaterales. Tambien ha hablado de "declaraciones inaceptables" en referencia a las últimas declaraciones sobre España del Gobierno venezolano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país no se arrodillará ante las que calificó como "sanciones inmorales" de Gobiernos que "humillan inmigrantes", después de que el lunes la Unión Europea (UE) impusiera medidas contra varios de sus altos funcionarios.

Las sanciones fueron adoptadas por la Unión Europea en castigo por la "represión" y afecta al número dos del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, además del jefe del servicio de inteligencia, Gustavo González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Benavides.

Los medidas en contra de estos siete altos cargos del Gobierno venezolano implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. Los castigos se suman a los impuestos en noviembre por la UE que implican un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna" en Venezuela.