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ANDALUCÍA

Chaves y Griñán no serán juzgados por asociación ilícita

viernes 09 de febrero de 2018, 16:20h
En el auto del 'caso ERE' sólo se describe un delito de "codelincuencia".
Chaves y Griñán no serán juzgados por asociación ilícita
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(Foto: EFE)
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los otros 20 ex altos cargos acusados en la pieza política del caso ERE, no serán juzgados por asociación ilícita, por lo que el expresidente del PSOE y otros seis procesados no afrontarán penas de cárcel.

Sólo el PP-A acusaba a los 22 ex altos cargos por este delito, por el que pedía dos años de cárcel para cada uno, y el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla ha estimado la petición de las defensas -apoyada por la Fiscalía y la acusación popular de Manos Limpias-, para eliminarlo.

Así, en este juicio Chaves y otros seis acusados sólo serán juzgados por el delito de prevaricación -por el que les piden diez años de inhabilitación- ya que ninguna acusación les ha atribuido malversación como a los otros quince procesados, entre ellos Griñán, que sí se enfrentan a entre seis y ocho años de cárcel por ello.

El tribunal entiende que no concurren todos los requisitos del delito de asociación ilícita ya que en el auto de apertura de juicio oral "ninguna mención aparece a la existencia de una estructura jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida, un inicial reparto coordinado de cometidos o papeles" y sólo se "describe un supuesto de mera codelincuencia, pero no de asociación ilícita".

El tribunal también rechaza otras cuestiones previas planteadas por las defensas como que los acusados declaren los últimos -tras los peritos y testigos- y anular la instrucción desde que la asumió en enero del 2016 el juez Álvaro Martín porque era el de refuerzo y no el titular del juzgado de instrucción 6.

La defensa de Griñán, a la que se sumó la mayoría, considera que se vulneró el derecho al juez natural pero el tribunal afirma que "no se ha designado ningún juez ad hoc" para esta causa y "las sospechas de quien aduce la vulneración de la imparcialidad del instructor no constan objetivamente justificadas". El reparto de trabajo entre la titular y el juez de refuerzo está "justificado" y acordado legalmente "atendiendo a las evidentes necesidades derivadas del retraso que se había originado por la acumulación de asuntos de una gran envergadura en un solo juzgado y en un solo juez".
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