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ORIENT EXPRESS

Marruecos y la inmigración a Europa

Ricardo Ruiz de la Serna
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ricardo_ruiz_delasernayahooes /22/22/28
domingo 11 de febrero de 2018, 19:47h

Una de las costuras por las que amenaza rasgarse la Unión Europea es la política migratoria. Desde el Brexit hasta el distanciamiento entre Bruselas y los socios del Grupo de Visegrad, la inmigración late en el fondo de muchos de los grandes debates del continente. En lo que afecta a España, por nuestro país pasa una de las rutas más transitadas desde África y el número de inmigrantes ha aumentado desde el año pasado. Según datos de Frontex, cerca de 22.900 personas han alcanzado España desde el norte de África en 2017. Esta cifra es más del doble de la de 2016. La agencia lo atribuye a la situación en el Rif, que habría creado una oportunidad para más salidas desde la costa occidental en el segundo semestre del año, unido a un aumento del uso de botes mayores para el transporte de inmigrantes. Según la misma fuente, más del 40% de los migrantes eran nacionales de Argelia y Marruecos, que vienen aumentando desde mediados de 2017. La mayoría de los restantes vinieron desde el África Occidental.

En el mismo sentido, el informe “Refugiados y migrantes en España: los muros invisibles tras la frontera sur” de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señala que “España es la tercera frontera europea en llegadas de personas migrantes y refugiadas por mar con un total de 22.103 llegadas por esta vía en 2017”. Según este informe, una de las razones del incremento en las llegadas a España es la inestabilidad de los principales países de origen y tránsito (Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, Guinea Conakry y Gambia) y el desmantelamiento de campamentos en donde se asentaban estas personas en Marruecos o Argelia, que ha supuesto el “factor de empuje” para que más personas migrantes y refugiadas hayan intentado cruzar el Estrecho en lo que va de año. Añade CEAR que otro factor que puede contribuir a este aumento de llegadas está relacionado con que la Gendarmería marroquí esté destinando menos efectivos al control de fronteras y más a controlar las protestas en el Rif. Por otro lado, añade la ONG que “el gobierno marroquí expresó su malestar por una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016, que excluye los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental del acuerdo comercial UE-Marruecos, sentencia que puede ser un precedente que podría aplicarse también a los acuerdos sobre pesca que deben renegociarse en breve”. A este respecto, el informe señala que el ministro de Agricultura, Aziz Akhanouch, el pasado febrero, lanzó lo que la ONG considera “una clara advertencia” entrecomillando las palabras del ministro: “Cualquier impedimento a la aplicación de este acuerdo, es un riesgo real de reanudación de los flujos migratorios que Marruecos ha conseguido mantener bajo control”.

Sigue pendiente de sentencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la impugnación del acuerdo de pesca entre la Unión y Marruecos. Hace pocas semanas se conoció la opinión del Abogado General, que no es vinculante, pero sí suele tener importancia en las decisiones del Tribunal: el acuerdo es “inválido” porque no respeta ni el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales ni las reglas de Derecho Internacional Humanitario aplicables a la conclusión de los acuerdos internacionales relativos a la explotación de los recursos naturales de un territorio ocupado. Así, el acuerdo estaría viciado de nulidad porque se aplica al Sáhara Occidental y a sus aguas adyacentes, de modo que la Unión habría violado su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara occidental a la autodeterminación, así como la de no reconocer una situación ilícita derivada de dicha violación y la de garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara occidental se haga en beneficio del pueblo de ese territorio.

Así, el Abogado General acoge la línea jurisprudencial de la Sentencia de 21 de diciembre de 2016 que, siguiendo a la Corte Internacional de Justicia, consideró que el Sáhara Occidental «no era un territorio sin dueño (terra nullius) en el momento de la colonización por el Reino de España», por un lado, y que los elementos e información puestos a su disposición «no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial» entre dicho territorio y el Reino de Marruecos. “Más concretamente -sigue la sentencia de 2016- la Corte Internacional de Justicia subrayó en su opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental que la población de este territorio disfrutaba, en virtud del Derecho internacional general, del derecho a la autodeterminación […] debiéndose tener en cuenta que, por su parte, la Asamblea General de la ONU […] recomendó que el Frente Polisario, «representante del pueblo del Sáhara Occidental, participe plenamente en toda búsqueda de una solución política justa, duradera y definitiva de la cuestión del Sáhara Occidental»”. Así, concluye el Tribunal, “debe considerarse que el pueblo del Sáhara Occidental es un «tercero», en el sentido del principio de efecto relativo de los tratados, como señaló el Abogado General en esencia en el punto 105 de sus conclusiones. Como tal, este tercero puede verse afectado por la aplicación del acuerdo de Asociación en caso de que se incluya el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación de éste, sin que sea necesario determinar si tal aplicación le perjudicaría o, por el contrario, le beneficiaría. En efecto, basta con señalar que, tanto en un caso como en otro, esta aplicación debe ser consentida por el tercero. Ahora bien, en el caso de autos, la sentencia recurrida no muestra que el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento”. De esta forma, “considerar que el territorio del Sáhara Occidental está incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación es contrario al principio de Derecho internacional de efecto relativo de los tratados, aplicable en las relaciones entre la Unión y el Reino de Marruecos”.

Con estos precedentes, la resolución favorable del contencioso sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos pende de un hilo. Una declaración de nulidad del tratado puede tener consecuencias gravísimas sobre la inmigración desde el norte de África. La posibilidad de que el acuerdo excluya al territorio del Sáhara ya ha sido rechazada por el propio Gobierno marroquí. El propio Rey Mohamed VI está impulsando desde la Unión Africana una reformulación de la política en materia de migraciones que subraya la corresponsabilidad de todos los Estados involucrados y aspira a refutar algunos de los que considera “mitos” asociados a la migración como el empobrecimiento de los países de acogida.

Ricardo Ruiz de la Serna

Analista político

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