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LOS COLECTIVOS REIVINDICAN QUE SE APLIQUE EL 155

Rajoy confirma que Educación estudia poder escoger las clases en castellano

Rajoy confirma que Educación estudia poder escoger las clases en castellano
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(Foto: Efe)
EL IMPARCIAL/Efe
viernes 16 de febrero de 2018, 09:29h
El PSOE, al igual que los independentistas, se opone, alegando que intervenir en el modelo lingüístico en Cataluña le corresponde al futuro Govern.

El Gobierno garantizará "la libertad de los padres" para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros escolares catalanes: "El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando" pero "sin duda lo haremos". Así lo ha confirmado el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que ha explicado también que durante estos años el Ejecutivo "no ha estado de acuerdo" en cómo se llevaba a cabo la garantía de poder estudiar en castellano como lengua vehicular en Cataluña.

Lo ha declarado después de que este jueves se conociera que el Ejecutivo estudia la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos. Era una petición del sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Todo ello en aplicación del artículo 155 por el que el Ministerio tiene las competencias de la Consejería de Educación catalana. No obstante, el ministro no ha querido hablar de "casillas" y ha insistido en decir que se está estudiando la fórmula para garantizar la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos los padres.

"No me he pronunciado por ningún modelo concreto porque estamos estudiándolo", ha reconocido el ministro aunque sabe que "algunos han dicho esto o lo otro". "Se trata de una cuestión técnica" y lo vamos a hacer "de la mejor manera que sepamos", combinando el derecho de los padres y el correcto funcionamiento del sistema educativo catalán.

"No es un globosonda", ha contestado Méndez de Vigo a preguntas de los periodistas, sino "aprobar una resolución que toca tomarla" porque en febrero y marzo es cuando se hacen las preinscripciones para el curso próximo. "No es un cambio de modelo educativo que solo se puede hacer por cambio ley y eso solo lo puede hacer el parlamento de Cataluña", ha añadido.

Pero ha comentado que ahora se trata de "adecuar" la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este última en cuanto a que se debía dar un mínimo del 25 % de las clases en castellano.

Esta medida ya era obligatoria desde 2013, cuando el PP aprobó la Lomce, aunque nunca se hizo real. Entonces, se permitía por primera vez a las familias elegir en qué lengua reciben la educación sus hijos: catalán o castellano.

En declaraciones a los medios, el presidente de SCC, José Rosiñol, ha comentado que esta casilla es una "obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155", por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, "es la norma". De hecho, la Lomce incluye la disposición adicional 38 que fija: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha relacionado los posibles cambios en materia educativa con la ausencia de un Govern constituido. En este sentido, desde las filas soberanistas, esta hipótesis ha reactivado los temores a que el bloqueo de la investidura en Cataluña deje en manos del Gobierno la matriculación del próximo curso escolar.

Al respecto, el republicano Joan Tardà ha dicho en Twitter: "Si el Gobierno aprovecha el 155 para dinamitar la inmersión lingüística se hará evidente su voluntad de continuar haciendo daño a Cataluña, así como nuestra irresponsabilidad de no haber formado todavía un gobierno". Más tarde, se ha manifestado Carles Puigdemont desde Bélgica: "Mientras el Estado sobrealimenta con la mano derecha el nacionalismo español e intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua, con la mano izquierda esconde como 'secreto de estado' todas las informaciones sobre el imán de Ripoll". "Pero el catalán resistirá. Y la verdad se impondrá", concluye en su mensaje.

Por su parte, la comunidad educativa de Cataluña, instituciones culturales, diferentes partidos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han expresado su rechazo frontal a la pretensión del Gobierno de incluir una casilla en la matriculación para que los padres puedan escoger la escolarización en castellano. El portavoz de USTEC, Ramon Font, el sindicato mayoritario entre los docentes de Cataluña, ha señalado que "han traspasado una línea roja". Mientras que Òmnium Cultural ha acusado al Gobierno de "querer dividir a la sociedad con un ataque directo a la escuela catalana".

El PSOE, igual que los independentistas

Por su parte, el PSOE sostiene que intervenir en el modelo lingüístico de Cataluña corresponde al Parlamento catalán y al futuro Govern y ha recordado al Gobierno de Rajoy que la aplicación del artículo 155 es para "garantizar las circunstancias cotidianas de la vida y la gobernabilidad" en Cataluña.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la portavoz de Igualdad y coordinadora de los diez "acuerdos de país" del PSOE, Carmen Calvo, que fue quien negoció el 155 con el Gobierno en nombre de su partido. A su juicio, ese futuro gobierno catalán sería quien debería "entrar, en el uso de su autonomía política, en los debates que corresponda" sobre el modelo linguístico: "Si ese es el espacio, el 155 ahí no está. Si el espacio es el cumplimiento o no cumplimiento de una norma, se están cumpliendo todas en Cataluña, porque la Constitución garantiza que se cumplan justamente para que la viabilidad cotidiana sea una realidad".

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