www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

TUMBA DE ESTE MODO EL LLAMADO 'CHEQUE WERT'

El Tribunal Constitucional anula los artículos de la Lomce que obligaban a garantizar la educación en castellano

El Tribunal Constitucional anula los artículos de la Lomce que obligaban a garantizar la educación en castellano
Ampliar
EL IMPARCIAL
martes 20 de febrero de 2018, 13:59h
Admite de esta manera el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalidad de Cataluña.

El Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado de forma parcial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cataluña contra la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y ha anulado algunos de los preceptos impugnados por considerar que invaden competencias autonómicas en materia de educación. Entre otros aspectos, la sentencia considera que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Se refiere, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Los recurrentes centran su discrepancia en el ejercicio de la función de vigilancia por la Alta Inspección de Educación, pues entienden que se invaden competencias de la CC.AA.

Según la doctrina constitucional, la alta inspección “constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado”. Tampoco es admisible que, a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las CC.AA. Además, conforme a la doctrina más general del Tribunal, el Estado puede fijar mecanismos de coordinación o control administrativo, una intervención que se entenderá constitucionalmente aceptable siempre que las medidas aprobadas por el Estado “hallen cobertura en alguna competencia estatal de coordinación y resulten debidas, necesarias y proporcionadas, en el sentido de que sean la alternativa menos restrictiva para salvaguardar bienes legítimos y produzcan más beneficios en éstos que perjuicios en la autonomía de las Comunidades Autónomas”. La configuración de los mecanismos de “coordinación o control” debe cumplir siempre dos requisitos: debe estar “suficientemente objetivada o determinada en normas de rango legal” (predeterminación normativa) y debe venir precedida de un requerimiento previo que permita a la administración autonómica corregir por sí misma su actuación.

Según el Tribunal, el procedimiento que diseña la LOMCE excede de los límites marcados por la doctrina en relación con la alta inspección estatal, e incumple también los dos requisitos relativos al “control” administrativo. Sobre la intervención de la alta inspección, la sentencia afirma que se produce de forma “directa”, de modo que el Estado ejecuta “por sustitución” una competencia que corresponde a las Comunidades Autónomas.

A juicio del Tribunal, la LOMCE tampoco cumple el requisito de “predeterminación normativa” cuando utiliza criterios vagos como “razonable” o “adecuado” para fijar en qué momento puede el Estado escolarizar alumnos en centros privados, con la consiguiente retención económica a la Comunidad Autónoma, y cuándo puede declarar extinguida esa obligación. “No se puede construir una verificación administrativa de cumplimiento o incumplimiento de la Comunidad Autónoma, con los efectos previstos en la regulación impugnada, sobre la base de lo que la Alta Inspección de Educación considere el margen de ‘razonabilidad’ y ‘adecuación’”.

Además, advierte la sentencia, la norma prevé la intervención estatal sin opción a que se produzca un previo intercambio de información tendente a la siempre deseable solución de diferencias por vía de cooperación, y sin previo requerimiento; sólo se da audiencia a la Comunidad Autónoma “en el seno de un procedimiento ya iniciado”. Por tanto, concluye, “no se proporciona a la Comunidad Autónoma cauce alguno para manifestar su punto de vista como Administración responsable de la programación educativa”, ni “se le da ocasión para remediar” el incumplimiento mediante el ejercicio de sus propias competencias.

Por todo ello, se declaran inconstitucionales y nulos los párrafos 3, 4 y 5 de la disposición adicional 38ª4c) de la Ley de Educación (LOE), tal y como quedan redactados en el art. Único 99 LOMCE, y el mecanismo para su financiación introducido en la LOFCA.

El Gobierno la considerará en sus planes

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha reconocido que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la obligación de que la Generalidad costee la enseñanza en castellano de los alumnos en Cataluña tendrá que ser considerada en los planes del Gobierno "para garantizar el castellano".

Así lo ha manifestado en los pasillos del Senado, donde ha asegurado que el gobierno "no esperaba hoy la sentencia", que "acata y respeta". Al igual que su antecesor en el cargo, el exministro José Ignacio Wert, Méndez de Vigo ha destacado que la sentencia "sólo" sostiene que no es constitucional y suponen una invasión de competencias varios apartados de la disposición final 38 referidas a la acción subsidaria del Estado en el caso de que la administración educativa no diera satisfacción al demandante.

Ha resaltado que la sentencia en "sus 57 páginas avala muchos de los puntos de la legislación básica de la Lomce". En este sentido se ha referido a puntos que habían sido recurridos por la Generalitat y que "la sentencia mantiene que son constitucionales" referentes a "los currículos, las evaluaciones, el acceso y formación profesional o la publicación de resultados.

Por su parte, el exministro de Educación José Ignacio Wert se ha pronunciado esta tarde, manifestando que lo que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional es "un procedimiento" y no el fundamento jurídico y la constitucionalidad del derecho a tener una oferta razonable en castellano con fondos públicos.

Así lo ha manifestado el exresponsable de Educación en declaraciones a Efe después de conocer que TC ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno catalán contra la ley de mejora educativa, Lomce (también conocida como ley Wert), y ha anulado la obligación de escolarizar, cuando lo diga el Estado y en centros privados pagados por la Generalitat, a los alumnos sin enseñanza pública en castellano.

"Es importante porque la tacha de inconstitucionalidad es sólo procesal", ha asegurado el exministro, que también ha destacado que la sentencia dictamina que a todos aquellos que se haya aplicado "pueden mantener el sistema hasta que acaben la etapa de educación obligatoria".

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(2)

+
1 comentarios