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MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Brasil da carta blanca a los militares para invadir cualquier casa de Río de Janeiro
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Brasil da carta blanca a los militares para invadir cualquier casa de Río de Janeiro

miércoles 21 de febrero de 2018, 01:55h
El Parlamento ha aprobado la militarización de la batalla por la seguridad en la turística ciudad.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes el traspaso de la seguridad de Río de Janeiro a las manos del Ejército hasta finales de 2018. Lo ha hecho con 340 votos a favor, 72 contra y una abstención. Ese es el resultado del debate del decreto presentado por el Gobierno, que duró algo más de siete horas y se desarrolló en un ambiente muy caldeado. El Senado habrá de darle el apoyo definitivo para que entre en vigor.

Michel Temer, presidente del país, decretó el pasado viernes esta medida la militarización en los trabajos para mejorar la seguridad en el estado de Río, una región que ha sufrido un repunte en la ola de violencia que arrastra en los meses precedentes. Así, los militares tomarán el mando de las operaciones para tratar de frenar la tragedia que se cuantificó, en 2017, en 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños. Con las "balas perdidas" como problema capital.

La mayoría de los diputados refrendaron la defensa de la aprobación de la ley efectuada por el conservador y presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia. "Estamos llamados a superar diferencias ideológicas para mostrar unión contra un enemigo común a todos los hombres y mujeres de bien (...): el crimen organizado", apuntó antes de proclamar que "no se trata de intervención militar". "Si fuera una intervención militar, sería rechazada por esta casa (esta cámara legislativa), con toda razón y con todo mi apoyo y energía", zanjó.

"Desafortunadamente esta intervención se vuelve urgente y necesaria, porque el poder estatal agotó su capacidad para imponer autoridad", expuso Maia, quien recordó que esta es la primera vez que el Ejecutivo interviene en un estado desde la Constituyente de 1988.

Mientras tanto, Laura Carneiro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pidió que el Gobierno central transfiera recursos para que el proyecto alcance sus metas. "Es evidente que sin el aporte significativo de recursos federales la intervención federal no conseguirá alcanzar mínimamente sus objetivos", defendió la diputada, que elaboró un informe favorable a la intervención militar. Y reclamó, con uan manera vehemente, que se presente un proyecto de ley presupuestario o una medida del Ejecutivo que destine "recursos financieros suficientes y necesarios para la ejecución de la intervención".

Según los cálculos de Carneiro, el presupuesto de toda el área de seguridad pública en el estado de Río de Janeiro en 2018 es de 8.000 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares), de los cuales el 96 % corresponde a gastos de personal.

Horas después, militares de las Fuerzas Armadas y agentes de los cuerpos policiales ejecutaron una operación conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico en la favela Kelson's, en la zona norte de Río. Ahora los efectivos militares pueden entrar en las casas que consideren y no han tardado en demostrar la fuerza del nuevo viento que esperan imponer.

Tras tomar posiciones en el Arco Metropolitano, a la entrada de Nova Iguaçu, municipio colindante a Río, y en las autopistas que vienen de otros estados que llegan a la ciudad, el coronel Roberto Itamar declaró lo siguiente: "Se trata de la mayor operación ya realizada por las Fuerzas Armadas y por las fuerzas de seguridad integradas desde el inicio de las operaciones en julio del año pasado. En términos de ocupación de espacio, viene desde las fronteras del estado hasta el interior de la ciudad de Río con tres líneas de ocupación".

Y es que, aunque ha sido este martes cuando ha tomado forma tangible la ley que permite la actuación militar, ya había presencia de las Fuerzas Armadas en Río desde mediados del año pasado, cuando el Gobierno brasileño envió un contingente de 10.000 efectivos del Ejército para reforzar la seguridad en el estado, si bien sus acciones, que han sido limitadas, no se tradujeron en un descenso de la violencia.

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