Siempre es triste tener que amenazar para conseguir cosas cuando la causa es justa. Pero es que, además, nuestros queridos partidos políticos han tenido muy poca vista y muy poca inteligencia con los jubilados y sus pensiones. Ya sabemos cómo funcionan y ahora todos se apuntan el tanto de que siempre han velado por las necesidades de nuestros mayores. Ellos saben que es mentira… y, como se suele decir, gorda.
Para los partidos con obligaciones de gobierno y para los que, de momento, sólo tienen ambiciones de lo mismo las personas mayores son siempre sinónimo de problemas y de gasto. Todos piensan exclusivamente en lo que pesan en los presupuestos y en el dinero que se “pierde” en sanidad, en pensiones y en dependencia.
Es verdad, todo eso cuesta muchos miles de millones de euros y mantener el tan cacareado Estado de Bienestar es caro. Pero los que mandan no se dan cuenta injustamente de algo importante: se lo han ganado, se lo merecen, que si estamos aquí y tenemos lo que tenemos es gracias a ellos, que se lo debemos prácticamente todo y los que no estamos cumpliendo somos las generaciones actuales no devolviendo lo que en justicia les pertenece.
El otro día, esperando en una fila, un jubilado cabreado comentaba: “Y encima sale ‘el Rajoy’ diciendo que los pensionistas no hemos perdido poder adquisitivo. ¡Me cag… pero si me dan 2 euros más al mes y solo el IBI me ha subido más de 15… y eso sin contar la luz y el gas!”. No le faltaba razón al hombre, que siguió enumerando otras muchas partidas en las que había subido el precio para concluir con un desesperado: “¡Así cómo voy a regalarle nada a mis nietos!”.
La escena fue solo un adelanto de la indignación que mostraría en la calle pocos días después un colectivo que, atención, va camino de los 10 millones de personas. Solo por eso, solo por el interés que supone llevarse bien con tal cantidad de votos, nuestros responsables políticos deberían tener más atención y más propuestas de mejora. Ya que el interés común de los que gobiernan casi nunca está de parte de los mayores y dependientes, por lo menos que reaccionen ante la amenaza de movilizaciones en la calle y el pobre rédito político que eso puede suponer.
Pero, ¡ay, con la política hemos topado! El debate de las pensiones está sobre la mesa desde hace muchos años. El envejecimiento de la población –la segunda tasa más alta del mundo solo por detrás de Japón– como consecuencia de la baja natalidad y la mayor esperanza de vida nos lleva a tener la relación más baja entre cotizantes y pensionistas que ha existido nunca en España y nuestros políticos son incapaces de sentarse todos juntos para hablar de ello.
Más de un año lleva esperando la mesa del Pacto de Toledo que sus miembros se sienten ante ella para buscar soluciones a que el Gobierno –y da igual el signo– tenga que sacar cada vez con más frecuencia fondos de una hucha de las pensiones que llegó a tener 70.000 millones de euros.
Hoy quedan unos 8.000 millones en el saco y, es importante no olvidar, cada mes hay que conseguir 9.500 millones de euros para pagar las pensiones contributivas. Si con 19 millones de afiliados a la Seguridad Social tenemos estos problemas, ¿se imaginan que pasará dentro de 5 años y de 10?
El PSOE congeló las pensiones y el PP las incrementa en la ridícula cantidad de 2 euros al mes, pero es que como sigamos viendo los trenes pasar, antes de lo que nos pensamos los nuevos jubilados no tendrán pensiones y los viejos verán cómo se les reducen.
Ahora, como decíamos, todo son prisas y demostrar que sí se está al lado de los jubilados. El Gobierno incluirá deducciones para personas mayores en la rebaja del impuesto para la renta de las personas físicas para rentas vulnerables que irán en los presupuestos de 2018. El ministro Montoro dice que se trataría de una deducción de la cuota del IRPF por edad: “Porque las personas al llegar a una edad muy avanzada” tienen unos “costes inherentes de discapacidad mayores”.
El PSOE ha presentado una proposición de ley que pide revalorizar las pensiones el 1,6 por ciento en 2018 y suspender el actual índice de revalorización vinculado al 0,25 por ciento. Ciudadanos urge asegurar su cobro en el futuro más allá de debatir si las revalorizaciones puntuales deben ir o no ligadas al IPC. Unidos Podemos y Compromís han pedido la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno y la ministra de Empleo y Seguridad Social para que informen sobre sus planes para garantizar las pensiones. Y UGT ha anunciado que recurre el Real Decreto que aprobó la subida del 0,25 % de las pensiones por que es una “vulneración” de la ley que no se adecúa a derecho. Hasta el PDeCAT se ha olvidado de la independencia y pide también suspender el mecanismo de revalorización de las pensiones de 2018.
El problema es urgente y el drama, inminente. Esperemos que todo este repentino interés se sustancie en algo tangible y que perdure en el tiempo… por el bien de todos.