La enmienda de la CUP, apoyada por JxCat y ERC, es "ilegal y contraria a la Constitución y el Estatut".
La Fiscalía actuará contra la Mesa del Parlament de Cataluña si mantiene la admisión a trámite de una enmienda de la CUP para reafirmar la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
En un comunicado, la Fiscalía afirma que la admisión de las enmiendas que abogan por ratificar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre son conductas "cuya ilegalidad manifiesta no puede ser desconocida por quienes la promueven o apoyan" y, por tanto, está estudiando las "posibles implicaciones penales" de esta iniciativa, que fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament presidida por Roger Torrent con los votos favorables de JxCat y ERC, a pesar de que Ciudadanos y PSC votaron en contra.
La posición de la Fiscalía se une así a la del Gobierno, cuyos servicios jurídicos están también estudiando las responsabilidades en que pudieran incurrir los miembros de la Mesa del Parlament si finalmente mantienen la admisión a trámite de las enmiendas, que tienen un carácter "ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut".
El texto fue admitido pese a que el letrado mayor y el secretario general del Parlament habían expresado previamente que una gran parte de las enmiendas de la CUP contravienen algunas sentencias y resoluciones que el Tribunal Constitucional había dictado durante la anterior legislatura.
Por primera vez, Torrent desoyó a sus servicios jurídicos y dio luz verde a la tramitación de las iniciativas del partido antisistema. Ciudadanos, PSC y PP solicitaron de inmediato al presidente de la Cámara que reconsiderase su decisión. El PSC recuerda en un escrito remitido a la Mesa del Parlament que las enmiendas de la CUP se refieren "de manera muy clara a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, suspendida y anulada por el TC" y buscan "dar continuidad a las leyes de desconexión, también anuladas por el TC".
Finalmente, la CUP, en una jornada de negociaciones con JxCat y ERC, aceptó suavizar su propuesta de reafirmar la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre para no incurrir en consecuencias penales.
No obstante, aún está por ver hasta qué límite los partidos independentistas quieren llevar el enfrentamiento con el Estado. La Fiscalía, por su parte, ya ha advertido de que "seguirá promoviendo cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional y para perseguir las conductas delictivas en que pudiera incurrirse".