El alto tribunal sigue viendo riesgo de reiteración delictiva.
El Tribunal Supremo ha desestimado este jueves la petición de libertad provisional para el ex presidente de la ANC y ex número 2 de JxCat, Jordi Sánchez, así como para el exconsejero de la Generalidad, Joaquim Forn, porque ve "riesgo de reiteración delictiva". Los dos procesados acudieron al Supremo a una vista donde se revisaba su recurso al auto de prisión del pasado mes de febrero.
Jordi Sánchez incluso anunció que dejaría su acta de diputado y renunciaba a ser candidato a la Presidencia de la Generalidad y que dejaría la política para conseguir la libertad. Sobre Sánchez, el TS afirma que "resulta evidente que la magnitud de los indicios y la apariencia de buen derecho, junto con una motivación precisa permiten concluir que la decisión adoptada fue respetuosa con sus derechos". Además, la Sala niega que se hayan vulnerado los derechos a la libertad ideológica y a la participación en asuntos públicos del recurrente: "No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición".
Tanto por "su posición de influencia en las movilizaciones multitudinarias", como por su compromiso de integrarse en una candidatura orientada a la independencia, la sala mantiene el criterio de Llarena, respecto a los delitos cometidos por el líder independentista y al riesgo de reiteración delictiva, que permanece "nítido", según el Tribunal.
En cuanto a Forn, el propio fiscal general del Estado Sánchez Melgar pidió este martes al Supremo libertad con fianza de 100.000 euros para el exconsejero de Interior acogiéndose a una normativa interna del Estatuto Fiscal, porque Forn supuestamente habría contraído un principio de tuberculosis. No obstante, en este caso, el tribunal se ha acogido a la petición de la acción popular ejercida por Vox, desde donde se solicitó que el exconsejero siguiera en la cárcel, pese a todo.
En su escrito el tribunal argumenta que Forn "mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos que se le imputan, cuya organización y ejecución se prolongó durante un periodo cercano a los dos años”. De acuerdo al criterio de los magistrados, entre estos hechos se encuentran "aquellos que se orientaban a incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal como paso previo a la independencia a pesar de la oposición evidente del Estado, y a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales que trataban de asegurar el cumplimiento de la ley”.
Respecto a la salud del exconsejero, el alto tribunal asegura que la existencia de la enfermedad de Forn "no consta a esta Sala y no fue alegada ni documentada por la defensa”. Po ello concluye que "no se aprecian razones para rectificar el criterio del instructor", aunque deja la puerta abierta a una futura revisión de su decisión, en caso de que la defensa presente pruebas de tal enfermedad.
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