Los grandes bancos reclaman al Estado los 1.350 millones de Castor

El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, "más los daños causados".

Las tres entidades han formulado hoy ante el Gobierno una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que solicitan la devolución del dinero aportado, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas, al entender que no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.

Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Si no fuese así, argumentan, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.

Crédito a 30 años

Las entidades recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.

El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor y el Gobierno con José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, "hibernó" la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria. De ese modo se podía indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones con cargo al sistema gasista, es decir, a través de la factura del gas, lo que el Constitucional anuló parcialmente a finales de 2017.

Tras esta decisión judicial se dejaron de abonar los pagos a Enagás por mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. Por eso ahora Santander, CaixaBank y Bankia reclaman su dinero y ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas. Las tres entidades han ofrecido que el Estado devuelva el dinero de modo gradual en los mismos términos y condiciones previstas de tipo de interés y plazo, y no de forma inminente.

Tras la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del real decreto-ley de 2014 que permitió a Escal UGS cobrar la indemnización por la paralización del almacén de gas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia. Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación "ciertamente anómala", advierten los bancos.

La deuda que el Estado tenía con la concesionaria se pagó por los bancos con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación únicamente porque el Gobierno usó indebidamente la figura del real decreto-ley. Sin embargo, a pesar de estos dos hechos, el Ejecutivo entiende que la deuda que tenía el Estado con la concesionaria está pagada y cree que no debe adoptar ninguna medida para compensar, de uno u otro modo, a Santander, CaixaBank y Bankia.

Un fracaso de 4.730 millones

El proyecto Castor se basó en la construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo. El depósito habría sido el quinto y más grande de los existentes o planificados en España, creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Estaba previsto que almacenase un máximo de 1900 millones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para suministrar el equivalente a 50 días de consumo en España.​

El proyecto Castor fue aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Industria Miguel Sebastián, por el Real Decreto de 16 de mayo de 2008. Comenzó sus operaciones en mayo de 2012, dando inicio el 10 de abril de 2012 la primera inyección de gas.

El proyecto era propiedad de la empresa Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS).​ Sin embargo, fue paralizado en 2014, dado que se estimó que el proyecto estaba provocando sismos de pequeña magnitud que habían provocado alarma social, en las provincias de Castellón y Tarragona.

Finalmente el proyecto cesó sus actividades en septiembre de 2013 y fue liquidado a finales de 2014. Cuando el Gobierno puso fin a la concesión revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa con 1350 millones de euros.​ Sin embargo, la OCU cifró en 4.730 millones el monto que los consumidores habrían pagado por el proyecto fracasado.