La ley de plazos para abortar choca con la doctrina del Constitucional

El aborto divide a la sociedad española. Desde que el pasado año se destaparan los escándalos en clínicas que llevaron a cabo esta práctica de forma fraudulenta, se intensificaron las voces sociales contra el aborto. Casos como el de la clínica madrileña “Isadora”, donde se encontraron restos de fetos de gran tamaño en contenedores de basura cercanos al centro sanitario, o el caso “Morín”, en el que la clínica catalana E.M.E.C.E. realizaba abortos ilegales a embarazadas procedentes de toda Europa de hasta más de siete meses de gestación, hicieron saltar las alarmas.

Ahora el Gobierno de Zapatero quiere realizar una reforma "vanguardista" de la ley del aborto, según la ha calificado la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. La secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, anunció este 25 de marzo, que su partido reformará la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para aprobar una ley de plazos que permita abortar libremente entre las 12 ó 14 semanas. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría o la Republica Checa ya admiten esta práctica libremente hasta las 12 semanas de gestación.

Una ley "con o sin consenso"
Además, la secretaria del área de Política Internacional y Cooperación de la Ejecutiva del PSOE, Elena Valenciano, ha asegurado que la nueva la ley del aborto "se hará con o sin el consenso del Partido Popular". Sin embargo, esta propuesta no figuraba en el programa electoral de los socialistas (éste sólo señalaba que se abordaría el debate) ni tampoco terminaba de arrancar como una iniciativa clara en el Congreso de los Diputados. Pero la enmienda socialista presentada en el XXXVII Congreso del PSOE se ha convertido ahora en una de las cuestiones prioritarias del Gobierno.

Además, a través de un Real Decreto, que podría entrar en vigor antes de finales de año, los socialistas quieren garantizar el derecho a la intimidad y la protección de datos de aquellas mujeres que deciden interrumpir el embarazo bajo los tres supuestos contemplados en la ley. Este decreto será una norma retroactiva que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto.

Según ha declarado a EL IMPARCIAL Luis Peral, senador del PP por la Comunidad de Madrid y miembro de la Asociación “Familia y Dignidad Humana”, “el Gobierno ahora pretende continuar con ese proceso de ingeniería social, para ver quién es más progresista, siendo éste un falso progresismo, ya que lo más progresista es ayudar a los más débiles. ¿Quién más indefenso que un niño que está en el seno de su madre?”. Además, así, el Ejecutivo "quiere distraer a la gente de unos problemas muy graves de tipo económico que están padeciendo muchísimas familias, por una crisis que tiene bastante que ver con la mala gestión del Gobierno".

A pesar de que el artículo 15 de la Constitución española, primero de los que regulan los derechos fundamentales, señala que “todos tienen derecho a la vida”, el número de abortos en España crece año tras año. En 2006 se llevaron a cabo en España 101.592, interrupciones voluntarias de embarazo según datos revelados por el Ministerio de Sanidad (un 10 por ciento más que el año anterior, en 2005 se practicaron 91.664).



Incluso la prensa internacional se ha hecho eco del paraíso para abortar que es España. El periódico italiano Il Mattino, por ejemplo, publicó un artículo titulado: “Viajes de oro a España para mujeres en el sexto mes de embarazo”, en el que se denunciaba que algunas mujeres italianas estaban viniendo a nuestro país para practicar abortos clandestinos en avanzado estado de gestación. Es lo que se conoce como “turismo de aborto”.

El aborto en España es delito
Sin embargo, y tal y como subrayó la sentencia de 11 de abril de 1985 emitida por el Tribunal Constitucional, “el aborto sigue siendo en nuestro país un ilícito penal, no punible sólo en tres supuestos muy concretos”, por lo que el Estado debe garantizar que ni una sola práctica de este tipo se realice fuera de estos límites. Estos tres supuestos fueron dictados por el Tribunal al considerar éste que estos tres casos se producía un conflicto de derechos fundamentales.

Ahora, con la ley de plazos que quiere aprobar el Gobierno socialista, "se dice que antes de los 3 meses no hay nada que respetar, cuando el Constitucional dijo que siempre que se engendre una vida hay algo que proteger y sólo cuando hay conflicto de derechos fundamentales se puede llevar a cabo el aborto", explica a EL IMPARCIAL Javier Pérez, abogado de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), cuyo cometido es ayudar a mujeres que han sufrido un interrupciones provocadas del embarazo (www.vozvictimas.org).

Asimismo, según ha denunciado el Instituto de Política familiar, la ley de plazos convertirá a España en el 2015 en el país de la Unión Europea con mayor número de abortos ya que se superarán los 230.000 abortos anuales. Esto supondrá que más de 637 niños dejarán de nacer al día por abortos.

Sin embargo, en España el aborto es delito salvo en caso de violación denunciada, de "graves taras físicas o psíquicas del feto", previo dictamen de dos especialistas, o de "grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre", con el informe de un médico. Además, los facultativos que emiten los dictámenes deben ser distintos al que practique dicho aborto.

El tercer supuesto para abortar carece de plazos
Si bien en la violación y la malformación fetal hay plazos (12 semanas para el primer supuesto y 22 para el segundo), el principal problema radica en que el tercer supuesto no tiene plazo legal para llevarse a cabo. Esto lo convierte, según destacan varias asociaciones pro-vida, en un “fraude” legal. Un numeroso grupo de mujeres, unas 500, del mundo de la cultura, la educación, la empresa y la medicina, entre las que se encuentran la profesora de la universidad pública de País Vasco, Gotzone Mora, la periodista Isabel San Sebastián, la directora general del Banco Santander, Magda Salarich o la ex Miss Mundo, Mariasela Álvarez, ya han alzado sus voces contra el aborto.

Estas mujeres han firmado el “Manifiesto ante el aborto” (para adherirte basta con mandar sus datos personales a [email protected]) en el que denuncian que el 97% de las prácticas de aborto en España se llevan a cabo “en fraude de ley, vulnerando los límites previstos por el legislador y alegando grave peligro para la salud psíquica de la madre”.

Por su parte, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) defiende la viabilidad del feto después de 22 semanas de gestación, y señalan también que la jurisprudencia se ha quedado obsoleta y que existen "muy pocos supuestos razonables" para interrumpir el embarazo después de 24 semanas. En una declaración, la SEGO define el aborto como "la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso”.

Abortar puede provocar daños irreversibles
En España la sanidad pública realiza menos del 3% de interrupciones del embarazo. Por lo que son las clínicas de la sanidad privada las que deben informar de los daños irreversibles, en muchos casos, que causa abortar en las mujeres. Esto atentaría gravemente a los intereses económicos dentro de un negocio muy rentable y en plena expansión en este país.

Este es el caso de N.B.V, una catalana de 45 años que ha abortado dos veces en su vida. La primera, cuando tenía 17 años, tras ser violada y sin que nadie lo supiese, y la segunda con el doctor Morín, con 33 años, cuando tenía “grandes problemas de acoso moral” en su matrimonio.

La víctima afirma que en ambos casos nadie le advirtió de los daños psíquicos y físicos que padecería a posteriori. De su experiencia quiere resaltar "lo fácil" que es abortar en nuestro país. "Te llevan, te lo hacen… ni reflexionas sobre lo que estás haciendo. Si hubiera habido una sola persona que me hubiera dicho, piénsatelo, ¿estás convencida? a mí me hubiera ayudado a desconectar de mi situación personal y conectar con mi conciencia. No lo habría hecho”, destaca la mujer.

“Cuando fui a abortar fue todo muy mecánico, practicaban los abortos como churros. En ninguno de los casos recibí ni una sola advertencia médica de los daños que podría sufrir”, señala la entrevistada.

Por otro lado, la víctima declara haber sufrido muchos daños psicológicos "que me han afectado a mi salud. Me sentía indigna de estar junto a mis personas queridas y me quedé en soledad. A partir de entonces empecé a sufrir enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, nerviosismo, apatía, problemas de tiroides provocados por los cambios tan bruscos de mis estados de ánimo... A veces pienso que me viene bien por asesina”.

Hay otras opciones
Además, esta catalana cree que lo peor está por venir. "Este asunto empeorará porque se está dando mucho bombo a los efectos, pero no a las causas. No se cuenta todo, sino sólo lo que interesa. No se escuchan cosas como que hace falta más generosidad cuando te planteas ir a abortar o lo importante que es saber apreciar el derecho a la vida. Hay otras opciones antes que el aborto como la adopción”.


Para evitar experiencias tan traumáticas como ésta, las asociaciones pro-vida subrayan que lo que debe hacer el Gobierno es obligar a los centros sanitarios a que informen a las embarazadas de todos los riesgos que conlleva abortar, así como promocionar medidas que ayuden a aquellas mujeres que tienen menos medios para llevar a cabo el embarazo y el posterior nacimiento del niño.

En este sentido, la Comunidad de Madrid es pionera en desarrollar un programa de ayudas a mujeres embarazadas. Se trata de la iniciativa Red de Madres, a través del cual el Gobierno autonómico financia proyectos realizados por entidades sin ánimo de lucro dirigidos a atender las necesidades de las jóvenes embarazadas y padres sin recursos.

Por otra parte, la asociación Foro de la Familia está promoviendo iniciativas legislativas autonómicas, a través de la recogidas de firmas, para que las Administraciones públicas ofrezcan información, apoyo y ayudas a las mujeres embarazadas con problemas, a través de la RedmaDre. Este programa, con el que se puede participar a través de www.redmadre.es o del teléfono 902 188 988, es una red de apoyo a la mujer embarazada, que busca alternativas al aborto, para quienes sufren falta de recursos, de trabajo o viven una situación de desamparo social y familiar le impide sacar a su hijo adelante.