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DESAFÍO SECESIONISTA

Turull, Rull y Sánchez pretenden apelar al caso de La Manada para salir

Turull, Rull y Sánchez pretenden apelar al caso de La Manada para salir
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martes 15 de mayo de 2018, 19:51h
Nueva argumentación de sus abogados para conseguir su liberación.

La investidura de Quim Torra y la llamada del president electo e impuesto por Puigdemont a la posibilidad de restituir a los exconsejeros del Govern que quiso hacer efectivo el desafío al Estado han desembocado en el intento de Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sánchez de salir de prisión y aterrizar en el Parlament. Los abogados de los tres han ideado una estrategia con la que recurren al Tribunal Supremo su procesamiento.

En el texto se aduce que a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que el ministro tuvo que salir escoltado. La defensa de los acusados por los delitos de rebelión y malversación ha emitido un auto en el que se recurre al Supremo el auto del juez Pablo Llarena argumentando que las concentraciones del 1-O o del 20 de septiembre pasado -ante la consejería de Economía- son "actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales".

Así, el recurso expone que no se tiene noticia de que ningún miembro de las plataformas antidesahucios haya sido procesado por sedición por las concentraciones para evitar lanzamientos, pese a que "en algunos casos se han producido enfrentamientos con la policía y en ocasiones se ha impedido incluso con éxito la actuación de la comisión judicial". Esa es la segunda pata de la estratagema comparativa que anhelan de resultado en este momento crucial para ellos.

El abogado Jordi Pina llega a subrayar que "tampoco consta que se haya procesado a nadie por sedición en los recientes hechos de protesta ciudadana por la sentencia del caso de la denominada Manada". Pero, sintetiza el texto, esas protestas por la sentencia de la Audiencia de Navarra "han tenido lugar ante tribunales o en presencia incluso del ministro de Justicia, a quien se dificultó la salida de la sede de un colegio de abogados", que tuvo que abandonar "escoltado, mientras era increpado por centenares de manifestantes".

"Estamos, por tanto, ante una calificación absolutamente desmesurada que solo parece poder explicarse por el contexto político que subyace a tales hechos", añade un letrado que pone de relieve que si la intención de los concentrados el 20 de septiembre ante la consejería de Economía hubiera sido "alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada". En su redacción, Pina niega que el 1-O constituyera un alzamiento violento e insiste en que "las únicas personas que llevaron la iniciativa en el empleo de la fuerza física en aquella jornada fueron los agentes policiales por orden de sus responsables, en algunos casos excediendo de modo claro los límites del cumplimiento de sus deberes".

La defensa de Turull, Rull y Sànchez recrimina al juez que obvie en sus autos la "violencia empleada por los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado frente a pacíficos ciudadanos que por mayor arma blandían una papeleta electoral". En esta dirección afirma que único que pretendían los ciudadanos que participaron en el 1-O era "poder emitir un voto, sin que, una vez culminada la jornada electoral, se persistiera en dichas actuaciones supuestamente violentas. Curiosa rebelión la que se ejerce sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada".

Por último, la defensa de los mencionados acusados de rebelión y malversación emplaza al Supremo a pronunciarse sobre si mantiene la imputación de rebelión a los líderes del "procés", toda vez que de ello depende que puedan ser inhabilitados de forma cautelar, de acuerdo a "determinadas interpretaciones no exentas de controversia" del Código Penal. La tesitura tras la investidura de Torra ha acelerado la intención por regresar al Govern independentista.

Y sobre la imputación del exconsejero Josep Rull, el recurso advierte que las áreas de Territorio y Sostenibilidad que dirigía "no estaban directamente implicadas en la organización del referéndum" ni en las iniciativas parlamentarias de la hoja de ruta independentista. Si Rull impidió atracar en el puerto de Palamós (Girona) a uno de los barcos que alojaban los policías destinados a Cataluña para impedir el 1-O fue "por razones operativas", puesto que los muelles no tenían disponibilidad, "en plena temporada de cruceros", y habían sido previamente reservados por otras compañías, justifica.

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