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COMUNICADO

Incompetencia y desidia en defender los intereses de Venezuela en el Esequibo

Incompetencia y desidia en defender los intereses de Venezuela en el Esequibo
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(Foto: Efe)
EL IMPARCIAL
viernes 22 de junio de 2018, 22:10h
Reproducimos a continuación un comunicado del grupo Ávila.

El anterior Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, alegando sus atribuciones previstas en el Acuerdo de Ginebra (que regula la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana desde 1966), manifestó el 15 de diciembre de 2016 que había “llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como el próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”. El actual Secretario General, Antonio Guterres, ha confirmado la decisión de su antecesor y referido el caso a la CIJ, agregando que las partes podrían seguir beneficiándose de los buenos oficios de la ONU para “buscar superar sus diferencias con respecto a la controversia”.

El Artículo 1 del Acuerdo de Ginebra estipula que hay que “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. El Acuerdo dispone igualmente que si las partes no llegan a ningún arreglo, el Secretario General podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse.

La decisión adoptada por los Secretarios Generales es la opción que Guyana, desde hace más de medio siglo, siempre ha preferido. El gobierno de Maduro reiteró en un comunicado que la decisión de Ban Ki-moon “excedía las competencias otorgadas a su investidura”. Por su parte, la Cancillería venezolana, si consideraba que la Corte era incompetente para dirimir la controversia, debería haberlo manifestado inmediatamente después de la decisión de Ban Ki-moon.

Este es sólo uno de la cadena de gravísimos errores del gobierno en estos últimos 14 años, desde que el Presidente Chávez declarara en 2004 que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana en este asunto y entregó unilateralmente, y a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación.

En febrero de 2007, el Presidente Chávez afirmó que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del Gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar al gobierno autónomo de izquierda del Primer Ministro Cheddi Jagan, de la entonces Guayana Británica, todavía no independiente, afirmación poco seria, para no decir irresponsable, ya que con ello se deslegitimaba la justa reclamación venezolana. Cuando Guyana manifestó en 2014 que el proceso de los Buenos Oficios, a través de un Representante del Secretario General, no había dado ningún resultado en 25 años de vigencia y proponía al Secretario General optar por la CIJ, el gobierno de Maduro insistió negligente y tercamente en continuar con ellos, en lugar de proponer otro medio de solución, como la Mediación, por ejemplo. Guyana tiene ya tiempo preparándose para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ha contratado al experto jurista internacional canadiense-iraní, el Dr. Payam Akhavan, y al muy respetado ex Canciller de Guyana y ex Secretario General del Commonwealth, Sir Sridath Ramphall. Recordemos también que en la Secretaría General de Ban Ki-moon trabajaron en estos años dos altas funcionarias guyanesas: Valerie Moss, Sub Secretaria General para Asuntos Humanitarios y Catherine Pollard, Secretaria General Asistente para la Asamblea General. Mientras tanto ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo, apoyado por un equipo de funcionarios.

Por otro lado, y en cuanto a la asesoría, se ha informado extraoficialmente que los asesores internos venezolanos son unos profesores de Derecho Penal y más recientemente se ha dicho que han contratado a un jurista español que ha estado involucrado en la defensa de la posición nicaragüense en los casos de la delimitación marítima frente a Colombia y de Bolivia con Chile, ante la CIJ. Al respecto, el gobierno debió haber informado al país.

El gobierno ha decidido no comparecer ante la CIJ alegando la falta de competencia de la Corte.

Lo que al final ocurra en este caso de justo reclamo territorial de nuestro país, será consecuencia directa de una conducta errática e irresponsable por parte del gobierno nacional.

La ignorancia, la negligencia, la improvisación y la desidia en la defensa de los intereses de la República, se pagan caras en política internacional.

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