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MEMORIA HISTÓRICA

Sánchez critica la "amenaza" de los Franco y continuará con la exhumación

Vista de la capilla propiedad de la familia de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo.
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Vista de la capilla propiedad de la familia de Francisco Franco en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo. (Foto: EFE)
Efe
jueves 30 de agosto de 2018, 22:34h
La fundación advierte de que el Gobierno podría incurrir en prevaricación.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha considerado que la Fundación Francisco Franco está planteando una "amenaza" a la presidencia del Gobierno en caso de que prosiga con su intención de exhumar los restos del dictador y, frente a ella, ha garantizado que va a seguir adelante con sus planes.

Sánchez ha expresado esa determinación en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque.

Al preguntarle por el hecho de que la Fundación Francisco Franco advierta de que con esa exhumación, el Gobierno puede incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura", Sánchez lo ha interpretado como una "suerte de amenaza". Una amenaza que cree dirigida a la presidencia del Gobierno, que ha dicho que representa a millones de españoles.

"La determinación es firme, y mañana, en el Consejo de Ministros, se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que le rinda tributo"

El presidente del Gobierno ha subrayado que la política española ha iniciado una nueva época con su llegada a la jefatura del Ejecutivo y, en ese contexto, cree que "es fundamental mejorar la democracia y reorientar el pasado".

El Congreso debatirá mañana también el futuro del Valle de los Caídos, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya reconocido que no podrá ser un centro de reconciliación sino que será un cementerio civil y haya anunciado la creación de una Comisión de la Verdad sobre los años de la Guerra Civil y del franquismo.

La familia ya advirtió a Sánchez de que, si sigue adelante con la exhumación, podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura". Lo hizo en un burofax remitido por la Fundación Nacional Francisco Franco a la Presidencia del Gobierno el pasado 23 de agosto, en vísperas del último Consejo de Ministros que inició el procedimiento legal para la exhumación.

"Ponemos en su conocimiento por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta del presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad y podría ser constitutivo, entre otros, de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979", reza la notificación oficial.

Es Patrimonio Nacional quien gestiona el Valle de los Caídos "de forma temporal" desde 1982 y fuentes de este organismo público han avanzado a EFE que el próximo lunes darán a conocer la cifra actualizada de visitantes, ya que se hace pública a mes vencido.

Aumenta casi un 50% el número de visitas al Valle de los Caídos en julio con respecto al mismo mes del año anterior: de 25.532 a 38.269 en 2018

Respecto a la posibilidad de que el Valle de los Caídos se convierta en un cementerio civil, Chicharro ha asegurado que Sánchez "lo viene diciendo desde hace mucho tiempo" y le "da la impresión" de que lo que quiere es "quitar la cruz y el culto" y que se retire la comunidad benedictina de la basílica. "Es una añagaza -ha continuado- y lo que viene buscando en realidad es su desacralización, que es lo que persigue la extrema izquierda".

En cuanto a la Comisión de la Verdad, ha subrayado que "la verdad es única y no se puede establecer por ley", lo que únicamente pasa en países como Corea del Norte o la antigua Unión Soviética y ha recomendado que se deje "en manos de los historiadores".

A partir del decreto que se aprueba mañana y a lo largo de 15 días, la familia podrá comunicar el destino para enterrar los restos y, si no lo hiciera, será el Gobierno el que decida el lugar para una nueva inhumación, "asegurando una digna sepultura". Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento donde vayan a ser enterrados, solicitar informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.

Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante "Acuerdo motivado" resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.

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