El Gobierno da 15 días a la familia para buscar sitio para enterrar los restos.
El Gobierno ha aprobado este viernes la incoación del expediente administrativo, que se contempla en el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco, por el que se da 15 días a la familia para presentar alegaciones y comunicar el destino para enterrar los restos. En el caso de que no comunique este lugar, será el Gobierno el que decida dónde se hará la nueva inhumación.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha asegurado hoy que las "amenazas" de la familia Franco no impedirán que se realice la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, porque ya se ha tardado "bastante" y la postura expresada por los familiares "no cambia nada".
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celáa se ha referido de esta manera al escrito remitido por la familia de Francisco Franco en la que advierte al Ejecutivo de que podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de "profanación de sepultura". "Las amenazas no van a cambiar nada la determinación del Gobierno", ha afirmado Celáa sobre la exhumación de los restos de Franco, porque "no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador" y ha añadido: "Ya hemos tardado bastante. Vamos a ello, no cambia nada".
Según ha manifestado Celáa, el Gobierno está "regenerando la democracia en todos los frentes" y, dentro de este objetivo, "arreglar el pasado también ayuda a un proyecto de futuro feliz y justo para todo el mundo".
Respecto a la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, ha precisado que esa es la intención del Gobierno, lo que "puede ser contrastado" con el resto de fuerzas parlamentarias, ya que el decreto, una vez convalidado en el Parlamento, "va a ser tramitado como proyecto de ley" y se podrán interponer enmiendas.
La notificación se enviará a todos los interesados, y la ministra ha supuesto que, entre ellos, también estará la comunidad benedictina de la basílica. A partir de esa notificación, se abre el período de 15 días para las alegaciones a la exhumación y desde el Gobierno se mantiene que para finales de año, "para Navidades", puede estar terminado el procedimiento.
Expertos contra la exhumación
Por otra parte, más de doscientos políticos, historiadores y otros expertos, como el socialista Joaquín Leguina o el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón, han firmado un manifiesto de la Fundación Nacional Francisco Franco contra la reforma de la ley de Memoria Histórica del PSOE y de la exhumación de Franco. El texto, "Manifiesto por la historia y la libertad", apunta que "no se puede imponer por una ley un único relato de la historia", ya que ninguna normativa "debe o puede varias los hechos históricos".
El historiador Stanley Payne, los políticos Jaime Mayor Oreja, Joaquín Leguina, María San Gil, Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio Camuñas, Alejo Vidal Cuadras o Santiago Abascal, el bisnieto del dictador Luis Alfonso de Borbón o el militar Santiago Milans de Bosch lo han suscrito. A su juicio, el anuncio de una Comisión de la Verdad "amenaza con penas de cárcel, inhabilitación para la docencia y elevadas multas a quienes mantengan opiniones divergentes a la verdad única, la destrucción y quema de las obras o estudios declarados no gratos, y la expropiación, destrucción o transformación de una parte del patrimonio histórico-artístico de la etapa más reciente de España".
El texto advierte de que la propuesta del Gobierno ataca "directamente los fundamentos de la Constitución" y los "valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra", por lo que si se aprobara , "chocaría frontalmente con la Constitución en su redacción y espíritu", denuncian. "No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los hechos en las circunstancias del tiempo y lugar en que estos se produjeron", apunta el escrito.
Asimismo, considera que los hechos ocurridos "no puede ceder a ninguna manipulación política partidista". "Legislar sobre la historia o contra la historia es, simplemente, un signo de totalitarismo. Y es antidemocrático y liberticida", critican desde la Fundación Francisco Franco. Para los firmantes, en España viene "perpetrándose un inadmisible y flagrante historicidio desde la aprobación de la mal llamada Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007".
No obstante, aseguran que el PSOE pretende ahora "una vuelta de tuerca más" con la "intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos". "El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada de la historia, como demuestra el mero hecho de que esa única versión quiera imponerse por la fuerza del Estado, al ser incapaz de sostenerse en un debate de investigación, serio, libre e independiente", esgrime el texto.
Califican el cambio de la normativa como "una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido". "Resultaría dramático para la convivencia de los españoles que ochenta años después del final de la Guerra Civil y de haber transcurrido más de cuarenta tras la extinción del franquismo, se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles", apostillan, a la vez que advierten de que se puede "reinstalar en la sociedad los mismos odios que condujeron a aquellos calamitosos acontecimientos".
Por todo ello, consideran que la ley "debe ser rechazada con firmeza por toda la sociedad, pues España no puede permitirse una involución hacia regímenes del tipo implícito en la misma". "La experiencia histórica no debe pasar en balde, y de ella debemos aprender", apuntan. "Ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, criminalizaría la Historia, estableciendo una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado", concluyen.
Otros firmante son el catedrático Francisco Sosa Wagner, el sociólogo Amando de Miguel, el exbanquero Mario Conde, el exembajador en el Vaticano Francisco Vázquez, los eurodiputados Javier Nart y Enrique Calvet o el miembro de la Real Academia de la Historia Serafín Fanjul.
Además en change.org hay más de 4.000 firmantes que avalan un "manifiesto católico contra la profanación de la tumba de Franco".
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