El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha dicho este lunes que el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es "incompatible con la presencia en los edificios y espacios públicos de símbolos de una ideología". Así lo ha señalado en una declaración institucional, ante los recientes acontecimientos en Cataluña, y en la que ha mostrado "su preocupación por el deterioro de la convivencia en los espacios públicos catalanes".
Además, ha reclamado a los poderes públicos de Cataluña que respeten "el principio de neutralidad ideológica que debe regir cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante".
Ha condenado las agresiones sufridas por una ciudadana que retiraba lazos amarillos en Barcelona y por un trabajador de Telemadrid en el transcurso de una manifestación y ha deseado que la próxima Junta de Seguridad Estado-Generalitat (este jueves) aborde la situación derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos.
Un Estado de Derecho está sometido a reglas de diverso contenido para garantizar que sea "un espacio compartido", según Fernández Marugán, que ha argumentado: "los derechos de reunión y manifestación o el de uso de los espacios públicos no son ilimitados precisamente para preservar la seguridad y la convivencia".
La institución ya ha comenzado a recibir y tramitar quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos
El 30 de agosto el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta solicitó la intervención del Defensor para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones Públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos". Girauta hacía referencia -continúa el Defensor- a la ocupación de las sedes físicas oficiales o dependencias de la Administración de la Generalidad o del Govern, así como de los Ayuntamientos, con símbolos (lazos amarillos, cruces, pancartas, esteladas) representativos o vinculados a unas determinadas ideas políticas.
El Defensor ha asegurado que, además de tramitar las quejas que reciba sobre estos asuntos, amparará, en su caso, a los ciudadanos y entidades afectados.
El Síndic de Greuges discrepa y defiende la libertad de expresión
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha opinado también sobre la polémica de los lazos amarillos y los símbolos independentistas en lugares públicos y ha defendido, al contrario que el Defensor del Pueblo, que la libertad de expresión no puede quedar limitada por las normativas municipales de ordenación de la vía pública y el paisaje urbano.
En un comunicado, Ribó critica que Fernández Marugán haya obviado la Ley orgánica 36/1985 que establece "un deber de coordinación" entre el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges "que debería manifestarse con el intercambio de información entre ambas instituciones, lo que en este caso no se ha producido".
El defensor catalán considera que "la Administración local puede regular el uso del espacio público y el paisaje urbano, pero no el ejercicio del derecho de libertad de expresión ni del derecho de reunión y manifestación" que, recuerda, son "derechos fundamentales" y que "cualquier limitación debe interpretarse de manera restrictiva a favor del ejercicio del derecho".
Para Ribó, el personal al servicio de la Administración "tiene derecho a la libertad de expresión con el límite de no poner en juego la neutralidad e imparcialidad de la Administración"
"No hay un derecho general de este personal a utilizar las dependencias de los edificios públicos para expresar sus ideas o ideologías y, por tanto, la Administración podrá regular el uso, en su caso, y limitarlo a ciertos espacios, como tablones informativos", aclara.
Ribó defiende que la Administración puede usar las fachadas, balcones u otros elementos exteriores de sus edificios "como altavoces para exponer diferentes símbolos que se identifican con el apoyo o el compromiso para la defensa de los derechos fundamentales o de los derechos de minorías vulnerables".
"También -añade- para difundir mensajes con carga ideológica ampliamente aceptados por las mayorías políticas, aunque no siempre de forma unánime, siempre que esto se lleve a cabo en un momento y un contexto determinados y siempre en el marco de la garantía de los derechos de las personas".
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