La ministra atribuye la polémica sobre su gestión a "la falta de claridad".
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado que "desde el primer momento" actuó para defender la soberanía jurisdiccional de España y al juez del procés Pablo Llarena en Bélgica y ha estimado que un "exceso de transparencia" pudo contribuir a la polémica que ha rodeado su gestión.
En su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, Delgado ha detallado todos los pasos dados por su Ministerio y el de Exteriores tras conocerse la demanda civil presentada en Bruselas contra Llarena por el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros fugados y ha criticado la denuncia por "cuestionar la soberanía jurisdiccional de España".
En su intervención, como el Gobierno de Pedro Sánchez acostumbra, la ministra ha cambiado también de postura y ha aseverado esta vez que su Ministerio actúa para defender "los intereses del Estado". "Lo que hemos pretendido en todo momento era defender la soberanía jurisdiccional de España y así lo hemos hecho en la manera que hemos crecido mejor desde el punto de vista jurídico", ha recalcado Delgado.
El 30 de agosto el Ministerio de Justicia anunció que había encomendando al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick la representación del Estado español y de Llarena en Bruselas, una adjudicación con un valor superior al medio millón de euros. Tanto el PP como la mayoría de las asociaciones de jueces y de fiscales se felicitaron por lo que consideraron una "rectificación" del Ministerio, que en un primer momento había señalado que no se personaría en el caso porque consideraba que la demanda contra Larena era de "carácter privado". Un error que la ministra ha atribuido hoy a "la falta de claridad" en la nota de prensa emitida por este asunto el pasado 23 de agosto.
El Gobierno sostiene que ha atendido desde un primer momento las requerimientos del Consejo General del Poder Judicial
Para Delgado no hay ningún bandazo en la actuación de su departamento, ya que el objetivo del Gobierno es "defender hasta las últimas consecuencias la jurisdicción española", lo que pasa también por defender la actuación jurisdiccional del magistrado del Tribunal Supremo.