Moncloa quiere acabar también con el aforamiento de jueces y fiscales

El Gobierno no sólo se plantea suprimir el aforamiento de ministros, diputados y senadores por actividades que no tengan que ver con el ejercicio estricto de su cargo, sino que también tiene intención de "precisar" el alcance del aforamiento de jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas.

La propuesta de reforma constitucional ha sido anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto organizado en Madrid con motivo de los primeros cien días de su Ejecutivo.

Tal y como ha avanzado en su intervención, el aforamiento se suprimirá para miembros del Gobierno, diputados y senadores cuando se trate de asuntos que no tengan relación alguna con el ejercicio de su cargo. Para eliminar ese aforamiento deberán modificarse los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.

Fuentes del Gobierno han avanzado que el Ejecutivo tiene también intención de "precisar" el aforamiento de otras personas que actualmente gozan del mismo privilegio como los jueces, fiscales e integrantes del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas.

En este caso, según las mismas fuentes, será necesario cambiar otras leyes como, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de Ley para la reforma de la Constitución tras recabar los informes correspondientes al Consejo de Estado y al Consejo General el Poder Judicial.

El anteproyecto será debatido en el Congreso y Senado buscando, se asegura desde el Gobierno, el mayor consenso del arco parlamentario. Una vez que el anteproyecto empiece su tramitación parlamentaria, si existe el suficiente acuerdo, en pocas semanas se puede culminar la reforma, y el propio presidente ha explicado que podría hacerse en el plazo de dos meses.

La reforma se hará por el procedimiento ordinario, lo que requiere la aprobación de tres quintos del Congreso y del Senado. Esta modificación de la Constitución no afectaría en principio a los cargos públicos de las comunidades autónomas, pero el Gobierno entiende que, una vez limitados los aforamientos en el texto constitucional, no tiene sentido que se mantengan en las autonomías

"Cortina de humo"

En este sentido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha calificado la propuesta de eliminar los aforamientos de "cortina de humo" para desviar la atención de otras cuestiones y facilitar que los "golpistas" catalanes "escapen" del Tribunal Supremo. Ha reclamado a Sánchez que aclare cuál es su propuesta porque cree que "no quiere" que el Tribunal Supremo siga juzgando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos independentistas, sino que los juzgue uno ordinario en cumplimiento de su "pacto oculto" con los nacionalistas para llegar a la Moncloa.

El PP considera importante, aparte de otras cuestiones, que sea una "reforma global" que implique los aforamientos de los políticos autonómicos, y no solo con una reforma de la Constitución, por lo que debe incluir los estatutos para que afecte a personas como la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. García Egea ha calificado el anuncio de Sánchez como una "desautorización" y "duro golpe" contra Díaz, que no ha apoyado la eliminación de aforamientos en el Parlamento andaluz.

Además, el PP ha puesto como línea roja para esta reforma el mantenimiento del aforamiento del rey y que se produzca la limitación de la acusaciones particulares para evitar denuncias infundadas por parte de otro partido que pretenda "hacer las listas al contrario".

Así, aunque el PP está "de acuerdo" en abordar la supresión de los aforamientos, García Egea ha puesto sobre la mesa varios aspectos que su partido no está dispuesto a negociar, como eliminarlos para los magistrados del Tribunal Supremo porque supondría "facilitar el ataque de los independentistas" a jueces como Llarena. "Si Sánchez quiere que hablemos de este tema que nos mande su propuesta negro sobre blanco, que no pueda luego rectificar, con tinta imborrable y, a partir de ahí, podremos hablar", ha concluido el secretario general de los 'populares' sobre la propuesta del presidente del Gobierno.

Ha recordado que su partido ya lleva la limitación de aforamientos en su programa electoral y, de hecho, lo ha propuesto en la Asamblea de Madrid y apoyado en otros parlamentos regionales, pero no ha aclarado que votará mañana en el debate en el Congreso de una iniciativa de Ciudadanos para eliminar esta figura.

Sobre si detrás de este anuncio de Sánchez puede haber un intento de afectar a la situación de su presidente, Pablo Casado, cuyo caso por las supuestas irregularidades de su máster está en manos del Tribunal Supremo, García Egea no se ha pronunciado, aunque fuentes del partido creen que este es uno de los objetivos de la reforma propuesta.

Podemos forzará el referéndum

Los principales socios de Gobierno de Sánchez, se han ratificado en su posición de forzar la convocatoria de un referéndum para cualquier reforma constitucional, incluida la que hoy ha propuesto el presidente del Gobierno.

Fuentes de la formación morada confirman a EFE que su postura no ha cambiado y que sigue defendiendo que si se reforma la Constitución la decisión tiene que estar en manos de la ciudadanía, y Podemos cuenta con 67 diputados, más de los 35 necesarios para forzar ese referéndum, según el artículo 167.3 de la Carta Magna.

Ahora bien, Podemos ya avisa que, si se van a eliminar los aforamientos, por qué no aprovechar para prohibir las puertas giratorias, una de las históricas reivindicaciones de la formación morada. De hecho, el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha sido muy claro en Twitter.

"Para cambiar la Constitución hay que hacer un referéndum. Ni una coma modificada sin que lo vote la gente. Y ya que nos ponemos a preguntar sobre privilegios... ¡hagamos todo de una vez!", ha escrito Del Olmo en esa red social junto a una fotografía de la Familia Real.

En la misma línea, esta mañana en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva de Podemos la coportavoz del partido, Noelia Vera, ha avanzado su apoyo a retirar los aforamientos, pero ha puesto el acento en que, si se aborda una reforma constitucional, debería ser mucho más ambiciosa e incluir asuntos como el blindaje de los derechos sociales o el debate territorial.