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TRIBUNA

La Constitución en el sistema educativo español

lunes 24 de septiembre de 2018, 20:23h

La Constitución de España es la norma fundamental del Estado y, por tanto, lo lógico sería que todos los españoles conozcan y respeten su contenido, desde los derechos y libertades públicas que se proclaman en su texto, como parte dogmática, hasta el conocimiento de las instituciones que conforman el Estado, como parte orgánica del mismo. Para ello lo más conveniente sería que su contenido se enseñara en los sistemas de educación previstos en España, a partir de cierta edad en que los estudiantes tienen ya un uso de razón que les permita comprender los conceptos expuestos en la ley fundamental que rige nuestra convivencia.

Una vez aprobada la vigente Constitución de 1978, tras un complejo y difícil proceso hasta llegar a un acuerdo entre los diferentes grupos políticos que llevaron a España a una transición de concordia, que fue ejemplo en todo el mundo, tras cuarenta años de dictadura después de la guerra civil, se aprobó también la ley 19/1979, de 3 de octubre, que reguló el conocimiento y enseñanza del Ordenamiento constitucional en el Bachillerato y Formación Profesional, que disponía que el contenido de esas enseñanzas se orientaría a proporcionar a los alumnos una información suficiente de la Constitución Española. Con posterioridad, el gobierno de

Felipe González, mediante la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, rebajó aquel texto legal de 1979, que obligaba a la enseñanza de la Constitución en el sistema educativo español, a un simple reglamento administrativo, desnaturalizando así la obligación legal originaria como primer paso para su derogación inmediata posterior. A partir de entonces, la enseñanza de la Constitución en el sistema educativo español quedó en agua de borrajas. Ello condujo a que, una vez transferidas las competencias en materia de educación a las Comunidades Autónomas, no se daría ya una prevalencia a la enseñanza de la Constitución de España, sobre todo en ciertas Autonomías o regiones donde se considera al Estado español como el enemigo a batir, como se ha llegado a exponer públicamente por ciertos dirigentes políticos actuales autonómicos que hablan de atacar a España y de no acatar ni cumplir las sentencias de los tribunales. Frente a ello, el Presidente Sánchez está empecinado en ofrecer diálogo y ley, o sea, como lo del burro, zanahoria y palo, sin darse cuenta que esa técnica no funciona entre tozudos.

¿Qué puede esperarse de una supuesta enseñanza de la Constitución de España, como norma fundamental en todo el territorio nacional, en los programas de educación dirigidos por la política educativa de ciertas Comunidades Autónomas, cuyos dirigentes consideran que no forman parte de España y cuya única obsesión es conseguir, como sea, la independencia y autodeterminación? ¿Son o no son primordiales estas cuestiones que precisan ya de una intervención seria y urgente del Estado, bien a través de su Alta Inspección o directamente del Ministerio de Educación en la revisión de los programas de educación que se enseñan en las Autonomías? ¿Debe abrirse una moción sobre este tema en el Congreso de los Diputados y el Senado, para discutir de ciertas políticas autonómicas amparadas por dirigentes políticos concretos que, a cara descubierta, se enfrentan al Estado y van contra la propia Constitución de España en lugar de cumplir con las obligaciones legales de su cargo?

El próximo mes de diciembre se celebrará el 40 aniversario de la aprobación por referéndum mayoritario de la Constitución de España. Si bien es cierto que se han programado algunos actos conmemorativos para tal celebración, mejor hubiera sido que el gobierno de España se hubiera interesado durante esos años del contenido de los programas de enseñanza en todas las Autonomías y de que los españoles conocieran, desde su formación durante la edad escolar, las normas de nuestra Constitución, a fin de que sea respetada por todos, y se desarrolle un plan de educación para fomentar la paz y los valores democráticos a escala local y nacional, tal como viene determinado en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz, cuyas disposiciones parecen haber quedado olvidadas por los responsables políticos, convirtiendo en letra muerta decisiones de políticas altisonantes pero vacías de contenido.

Tan sólo he encontrado unas pocas Comunidades Autónomas que hayan tenido en cuenta la celebración del cuarenta aniversario de la Constitución de España, como excepción a la desidia nacional al respecto; tales como la Comunidad de Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha. Esta última, por cierto, ha convocado un concurso dirigido a todos los centros educativos con el título de “recrearte con la Constitución” para estimular y promover en el alumnado la reflexión sobre el concepto de Constitución y sobre los valores y principios de la Constitución Española. Bienvenida sea dicha iniciativa en el ámbito escolar. Esperemos que no sea la excepción que confirme la regla en este caso.

No creo, sin embargo, que el próximo día 6 de diciembre, en que se ha programado por las Cortes un acto de forma extraordinaria para conmemorar tal evento, sea ciertamente celebrado por todos los dirigentes políticos. Apostaría a que faltarán al referido acto los de siempre, o sea, aquellos dirigentes de ciertas Autonomías que persiguen su segregación de España, quienes se proclaman erróneamente “soberanistas”, pues la soberanía reside en todo el pueblo español (art. 1.2 de la Constitución) y no en un grupo de secesionistas que intentan dividir y hundir España.

Esperemos que se imponga la cordura y que todos podamos celebrar en paz el cuarenta aniversario de nuestra Constitución y, como se dijo en el acto de presentación de dicho evento, poder conmemorar dicho acto histórico celebrando nuestra reconciliación, nuestra libertad y nuestra convivencia por encima de intereses políticos e ideológicos.

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