La intención de “poner límites a la libertad de expresión” es, sin duda, la mayor de las muchas patochadas de Carmen Calvo desde que es vicepresidenta. Primero, porque supone un atentado a la misma esencia de la democracia y, además, porque el Gobierno controla sin rubor la mayoría de los medios de comunicación. Con el asalto a RTVE, son pocas las cadenas de televisión que no simpatizan con el Ejecutivo socialista. Maquillan el plagio de la tesis de Pedro Sánchez, mientras siguen escandalizándose con el máster de Pablo Casado, incluso después de archivarlo el Tribunal Supremo. Camuflan la gravedad de las conversaciones de la ministra de Justicia con las cloacas de Villarejo y Garzón, pero siguen hablando del caso Gürtel. O elogian las humillantes cesiones del Gobierno ante los independentistas y despotrican de la apatía del anterior Ejecutivo al no “dialogar” con los golpistas.
Están en su derecho gracias a la libertad de expresión. Pero con ese mismo derecho, hay que denunciar la repugnante manipulación de los hechos por parte de esas cadenas de televisión. Además del sectarismo, tienen ciertos trucos que no fallan. Ante cualquier noticia, entrevistan, venga o no a cuanto, a los cientos de portavoces de Podemos o, en su defecto, a los separatistas y socialistas más lenguaraces. Los dirigentes del PP aparecen poco y cuando lo hacen se ven obligados a defenderse de los feroces ataques del entrevistador de turno. Entre sus tertulianos, también son mayoría los periodistas más combativos de la izquierda, mientras que los que representan a los liberales o conservadores suelen ser discretos, cuando no torpes. Por lo general, siempre pierden la batalla. Algún programa, incluso, elige de los tertulianos de la órbita del PP a los más extremistas, gritones y antipáticos para que su discurso sea rechazado por la audiencia. Los largos tentáculos de Podemos no solo controlan la televisión pública, también otras muchas.
Hay que reconocer que la operación mediática es de manual. Sin ella, no se habría producido la moción de censura. Sin ella, este Gobierno habría tenido que dimitir al mes de tomar el poder. No deja de ser extraño que estos grupos audiovisuales, en manos de empresarios cuyo objetivo no es otro que ganar dinero, prefieran a un Gobierno que hasta el más tonto sabe que terminará deteriorando la economía, lo que, sin duda, repercutirá en sus cuentas. ¿O no?
No se puede quejar Carmen Calvo de la libertad de expresión. Gracias a ella, es vicepresidenta del Gobierno. Pero como los totalitarios no tienen límites, se revuelven contra los medios que publican los interminables escándalos y errores del Gobierno con el propósito de amordazarlos. Debería recordar la vicepresidenta, que muchas de las informaciones que perjudican al Ejecutivo surgen de esas cloacas que ellos alimentaron. El comisario Villarejo fue el mejor espía de los Gobiernos del PSOE, aunque también trabajó para el PP. Y Garzón, ahora ministro de Justicia en la sombra, fue el filtrador de los audios y dossiers de la trama Gürtel, la que llevó en volandas a Pedro Sánchez a La Moncloa.