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DESAFÍO SECESIONISTA

El Gobierno recurrirá ante el TC la reprobación del Rey en el Parlament

 La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo.
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La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo. (Foto: EFE)
EL IMPARCIAL
martes 16 de octubre de 2018, 18:23h
Una iniciativa de los comunes que se aprobó la semana pasada con 69 votos.

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la iniciativa de los comunes que fue aprobada la semana pasada en el Parlamet y que reprobaba al Rey y reclamaba el fin de la monarquía. Así lo ha anunciado esta mañana la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en los pasillos del Congreso.

La propuesta de la formación de Ada Colau salió adelante con 69 votos y la abstención de la CUP. Entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó en su cuenta personal de Twitter de que tomaría "medidas legales" contra esta resolución que consideró "inadmisible".

Será finalmente en el Consejo de Ministros de este viernes cuando el Ejecutivo de Sánchez aprobará presentar este recurso de inconstitucionalidad. Según ha señalado Calvo, "no se puede intentar trazar la forma de Estado de este país" desde un parlamento autonómico. Así, la número dos del Gobierno ha explicado que, aunque la resolución que aprobó el Parlament, "no tiene ningún sentido jurídico, sí que tiene que tener una respuesta política".

En esa línea, ha apuntado que el Gobierno va con este asunto al TC igual que fue hace dos meses "cuando se intentó sin ningún efecto recomponer las leyes que rompían la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía y la unidad territorial de España". En aquella ocasión, el Ejecutivo recurrió ante el Constitucional -que poco después la suspendió cautelarmente- la moción aprobada el pasado 5 de julio en el Parlament que reafirma "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015 para avanzar hacia la independencia de Cataluña.

El Gobierno, de todas formas, sostiene que sus relaciones con Cataluña deben seguir las líneas del diálogo. Dicen que, aunque tienen que ser "firmes" y "responsables" ante las actuaciones que considera "inaceptables", también tienen que apostar por la "naturalización" en sus relaciones con las instituciones catalanas.

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