Sánchez presiona a la Justicia para contentar a los golpistas

No hay que escandalizarse por la bronca entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Ocurre en todos los Parlamentos del mundo e incluso anima el cotarro político. Es inquietante, en cambio, el trasfondo de la polémica. El líder del PP le acusó de “ser partícipe y responsable del golpe de Estado perpetrado en España” al verse obligado a “pedir alojamiento prestado en La Moncloa” a los separatistas y a Podemos. Y no le falta razón al jefe de la oposición, pues la moción de censura prosperó por esos apoyos y el presidente del Gobierno quiere mantenerlos a cualquier precio con tal de prolongar hasta el límite la legislatura.

Y para mantener esos apoyos, Pedro Sánchez intenta desesperadamente seducir a los golpistas catalanes, además de asumir todas las exigencias comunistas de Podemos, como en los presupuestos. Pero al margen de la bronca parlamentaria, y pese a que apenas trascendió, lo más grave del debate del Congreso de los Diputados se produjo cuando el presidente del Gobierno sugirió que era desproporcionado aplicar el delito de rebelión a los políticos presos, pues un golpe de Estado solo lo pueden “dar militares o civiles armados a las órdenes de militares”. Así, como de soslayo y para contentar a sus socios de Gobierno, Pedro Sánchez critica al Tribunal Supremo y, de paso, presiona a la Fiscalía del Estado pisoteando la división de poderes y la independencia de la Justicia. Hay que recordar que en su día, ERC exigió a La Moncloa que instara a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión si quería su apoyo en los presupuestos. Así lo ha hecho dócilmente el presidente.

Y siguiendo instrucciones de su jefe y preparando el terreno para lograr el siniestro objetivo, Carmen Calvo, ha insistido en la idea de que el delito de rebelión, tal cual está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, “no es aplicable a líderes políticos que no utilicen las armas para intentar subvertir el orden constitucional”. En una entrevista en Onda Cero, la número dos del Ejecutivo ha abogado por “adecuar el delito de rebelión a las situaciones actuales” Y ha insistido:” El golpe de Estado requiere fuerza, instrumentos coercitivos y está asociado a las armas”.

Pero como los separatistas son insaciables, el portavoz de ERC, Joan Tardá, se ha crecido esta mañana y ha pedido que el Estado no solo libere a los políticos separatistas encarcelados sino que, además, les pida perdón. Por su parte, el PDECat ha advertido que estas declaraciones del Gobierno son bienvenidas pero no suficientes para lograr el apoyo del independentismo catalán a los nuevos Presupuestos del Estado. O lo que es lo mismo, los independentistas pretenden que el Gobierno libere a los políticos catalanes si quiere lograr su apoyo. Y visto lo visto, no hay que descartarlo. Pues ya nadie duda de que en el caso de que fueran condenados por el Supremo, el Gobierno tiene previsto concederles el indulto. Pero ocurre que indultar a condenados por el gravísimo delito de rebelión supondría un escándalo sin precedentes.

Resulta más que evidente la inmoral presión del Gobierno a la Justicia. Pero ante esta gravísima situación y ante la acusación de Pablo Casado a Pedro Sánchez de “ser partícipe y responsable del golpe de Estado perpetrado en España”, el presidente ha contestado de una manera tan infantil como cobarde diciendo “que ya no iba a hablar más con él”. Luego, La Moncloa emitió un comunicado anunciando la ruptura de relaciones del Ejecutivo con el PP. Más le valdría a Sánchez seguir los consejos de Casado y romper relaciones con quienes quieren destruir España y quemar la Constitución. Pero una vez más, el jefe del Ejecutivo parece estar dispuesto a todo con tal de seguir unos meses más en La Moncloa.