www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

DESAFÍO SECESIONISTA

La Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión para los síndicos electorales del 1-O

La Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión para los síndicos electorales del 1-O
Ampliar
jueves 25 de octubre de 2018, 23:01h
Se trata de los cinco miembros de la sindicatura que nombró el Parlament de Puigdemont.

La cascada de consecuencias judiciales sigue cayendo sobre los responsables y ejecutores del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017. Este jueves se ha sabido que la Fiscalía ha determinado solicitar penas de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para llevar a cabo la consulta del 1-O. Todos ellos son acusados de los delitos de desobediencia y de usurpación de funciones.

Según el escrito, el ministerio público entiende que los miembros de la mencionada Sindicatura cumplieron las órdenes del Govern de dictar varias resoluciones relativas al referéndum, a pesar de la prohibición emitida por un Tribunal Constitucional que ya les había notificado que la consulta quedaba suspendida y les advertía de su obligación de impedirla.

Por ello, la Fiscalía pide esa sanción para los cinco encausados. Se trata de Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Vergé y Josep Pagès, quienes según el relato expuesto, actuaron con desobediencia grave y usurpación de funciones. Asimismo, la solicitud comprende que a la condena relacionada con el delito de desobediencia se sume una multa de 5.400 euros y la inhabilitación para ejercer cualquier función "que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración pública".

Los cinco miembros de dicha sinclatura, que están encausados por la querella que presentó la propia Fiscalía, recibieron el encargo del Parlament el 7 de septiembre del año pasado y cesaron de sus cargos el 26 de septiembre. De esta manera salieron sin haber podido llenar de efecto a los acuerdos que adoptaron, ya que el Tribunal Constitucional actuaría y les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno por aquel entonces.

La narración presentada por el ministerio público esclarece que los encausados celebraron el 7 de septiembre de 2017 la "sesión constitutiva de la Sindicatura Electoral". En ese evento saldría designado como presidente a Jordi Matas. Los nombramientos serían publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), pero en ese mismo día 7 el Tribunal Constitucional ya se había comunicado con ellos, dejando clara la ilegalidad de sus actos.

El tribunal les notificó, tas suspender el referéndum de independencia, su deber de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir su orden y la orden de que "se abstuvieran de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de la demarcación". Asimismo, el TC les llamaba a no crear ningún "registro o fichero" que sería necesario si se pretendía establecer una votación. Tampoco podían "dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución" del referéndum.

Pues bien, para la Fiscalía es claro y notorio la desobediencia. Porque, relata, la página web referendum.cat publicó el anuncio de la Sindicatura por el que se designaba a los vocales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona a pesar de la "difusión y conocimiento público de las mencionadas resoluciones del TC, a las que no eran ajenos los encausados". Y elabora que los miembros de la Sinclatura también publicaron acuerdos sobre la acreditación de las organizaciones interesadas en participar en el referéndum y al modelo oficial de papeletas electorales.

Los síndicos efectuaron ese dictado de las resoluciones "actuando con conocimiento y conciencia de su arbitrariedad y la falta de legitimidad para actuar". Y en el texto fiscal se expone que el TC suspendió también posteriormente la ley de transitoriedad jurídica, que configuraba a la Sindicatura como "un órgano independiente, imparcial y permanente adscrito al Parlament", responsable de garantizar "la transparencia y objetividad de los procesos electorales, referendos, consultas populares y procesos de participación ciudadana". En septiembre de aquel año, se defiende en el escrito, los síndicos prosiguieron con su rol de supervisar la campaña institucional del Govern.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.