Sospecha en la Judicatura

¿Cómo puede alguien no tener sospechas de la Judicatura si hasta Pablo Iglesias, otrora adalid de la transparencia y la separación de poderes, ha dado el visto bueno al bochornoso mercadeo de nombres y cargos que se ha puesto sobre la mesa para renovar el Consejo General del Poder Judicial?

Para empezar, la ley dice que los vocales del CGPJ son los que tienen que designar a su presidente y, sin embargo, se ha conocido primero por boca de los políticos quién lo presidirá. Para continuar, sigue chirriando que todos los medios de comunicación hablen de pacto entre los dos grandes partidos (PP y PSOE) para nombrar al nuevo presidente de los jueces porque, entre otras cosas, sus respectivos portavoces alardean de haber conseguido lo que querían.

Y digo yo: ¿Quién ha negociado mejor su cuota de poder e influencia, el que coloca “uno de los suyos” en la presidencia del CGPJ o el que aumenta el número de vocales que son de su bancada hasta obtener mayoría? ¿A quién tenemos que votar los ciudadanos, al que tiene más jueces conservadores o al que tiene más progresistas?

El esperpento llega al punto de que el PSOE no solo pacta con el PP qué cromos de unos y de otros van a salir en la foto final, también ha negociado con Iglesias (claro, necesita su permiso) la entrada de José Ricardo de Prada, Victoria Rosell y José María Fernández Seijo, que son del agrado de Podemos por su etiqueta “progresista” como magistrado del caso Gürtel, por ser exdiputada y por llevar a Europa la ley hipotecaria, respectivamente.

El exministro de Justicia, Rafael Catalá, discutía con un periodista en la radio que es injusto calificar a un juez de “ser del PP o del PSOE”. Sin embargo, se conformaba con decir que estaban “nombrados a propuesta de PP o del PSOE”. Flaco favor a una profesión sacrificada y difícil, que, por su parte, tampoco ha hecho mucho por romper con ese estereotipo de una justicia intervenida por la política.

Jueces y Juezas para la Democracia (antes solo Jueces) responden al calificativo de progresistas, a la Asociación Francisco de Vitoria se la define como semi conservadora y a la Asociación Profesional de la Magistratura como conservadora. Tampoco ayuda que entre ellos mismos se digan que apostaban por un presidente con otro tipo de perfil.

Que cada uno haga y diga lo que quiera, pero ¿alguien cree que la ciudadanía no va a pensar que dependiendo el qué se vaya a juzgar, el resultado puede variar en función de la asociación a la que pertenezca un determinado juez? ¿Hablamos de hacer Justicia?

El caso es que el juez Manuel Marchena será el que presida un Consejo en el que, tras el cambio de cromos entre PSOE y PP, de los 20 vocales que lo componen, 11 son de los considerados progresistas y otros 9 fueron propuestos por el PP.

El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia cree que “transmite una mala imagen de la justicia” que los partidos sigan eligiendo al nuevo presidente y el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria subraya que es “un procedimiento ilegal porque está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial” que al presidente lo designen los vocales. La Asociación Profesional de la Magistratura pide que “la designación tanto de los vocales como de su presidente sea impulsada por la carrera judicial”.

Seguimos tragando y seguiremos quejándonos, pero ¿alguien hace algo?

Y digo yo otra vez: Si Marchena, el propuesto del PP, se va al CGPJ y deja vacante la presidencia del tribunal que juzga el 1-O que, por cierto, pasará por antigüedad previsiblemente a Andrés Martínez Arrieta, considerado más progresista y que formó parte del comité fundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria, ¿cabe pensar que el resultado de lo que se decida con los que organizaron un referéndum ilegal puede ser distinto? ¿Es posible que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que tanto necesita el PSOE (tanto como el apoyo de los independentistas para aprobarlos) pueda tener alguna influencia?

Una vez más, Pedro Sánchez cambia de opinión de forma radical. Propuso en 2016 una “auténtica revolución en el nombramiento de cargos de designación parlamentaria”. Prometía entonces elegir a los candidatos del CGPJ a través de una “convocatoria pública, evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional”.

Pero como diría la vicepresidenta Carmen Calvo: “Entonces no era presidente y ahora sí lo es”. Aclarado.