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DESAFÍO SECESIONISTA

El Supremo juzgará a 12 de los 18 procesados en la causa del procés

El Supremo juzgará a 12 de los 18 procesados en la causa del procés
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(Foto: Efe)
jueves 27 de diciembre de 2018, 16:37h
Los acusados sólo por desobediencia serán juzgados por el TSJC.

El Tribunal Supremo juzgará a 12 de los 18 procesados en la causa del procés tal y como ha confirmado este jueves.

Los procesados únicamente por desobediencia, los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament, y la exdirigente de la CUP Mireia Boya, serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma por unanimidad su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos.

En una resolución de la que ha sido ponente su presidente, Manuel Marchena, la sala entiende que "la previsible duración de la causa especial que nos ocupa, la continuada presencia de los procesados durante las prolongadas sesiones del juicio oral y, en fin, el obligado desplazamiento de quienes sólo van a responder del delito de desobediencia, sugieren a la Sala desgajar esa secuencia fáctica para su enjuiciamiento en Barcelona”.

Respecto a la vulneración de derechos fundamentales alegada por las defensas, la sala considera que será al inicio de las sesiones del juicio oral cuando se podrá invocar. No obstante, rechaza que la distancia respecto del domicilio familiar, así como la imposibilidad de utilizar su lengua materna, que fue planteada en la vista, pueda ser determinante de la competencia del órgano de enjuiciamiento.

Además de Junqueras, el Supremo enjuiciará a ocho exconsellers (Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila), a la expresidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell, al exlíder de ANC Jordi Sánchez y al presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

Tras este auto, que no es recurrible, la Sala da un plazo de diez días a las defensas para que presenten sus escritos. Después debe decidir si admite las pruebas solicitadas por las partes, momento en el que se señalará definitivamente la fecha de juicio.

El tribunal menciona la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, que dejó paso "a una desconexión procesal" de los hechos de cara a conseguir un "enjuiciamiento más ágil y sin dilaciones" al tener en cuenta "razones de operatividad ligadas a la previsible complejidad y duración del juicio".

Por otra parte, la Sala deja la puerta abierta a la petición de algunas defensas de contar en el juicio con un sistema de traducción simultánea del catalán al español. Sin embargo, critica esta sobrevenida petición, que "contrasta con la ausencia de cualquier queja de indefensión" durante todo el proceso.

Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales alegada por las defensas, el tribunal cree que será al inicio del juicio cuando se podrá invocar aunque rechaza que la distancia del domicilio familiar o la imposibilidad de utilizar su lengua materna pueda determinar la competencia del Supremo para juzgar el caso. Y zanja este asunto al decir: "Ningún sistema procesal contempla la cercanía domiciliaria como fuero determinante de la competencia en el proceso penal".

También rechaza las dudas de las defensas sobre la designación del ponente y de los últimos miembros que se incorporaron al tribunal. Esta cuestión, junto con "la afirmación (de las defensas) de un escenario de excepción o de un derecho penal del enemigo son tomadas por la Sala como legítimos desahogos defensivos" que carecen "del más mínimo respaldo argumental".

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