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TRIBUNA

De "salidas" y "cierres"

jueves 10 de enero de 2019, 20:34h

Los ojos de la opinión pública internacional (dando por supuesta la existencia de ésta) están fijos desde hace varias semanas en Londres y Washington en dos acontecimientos de gran importancia para el devenir de todo el planeta: los denominados periodísticamente Brexit y Shutdown. Al margen de las inevitables consideraciones político-partidistas que los mismos puedan suscitar, a los efectos que en estas líneas interesan, cabe destacar que ambos son claramente ilustrativos de las formas de gobierno adoptadas por los países en que se han suscitado.

El proceso seguido en Reino Unido respecto a su eventual salida de la Unión Europea ha estado presidido por el principio capital de la forma de gobierno parlamentaria imperante en las islas: la supremacía parlamentaria. Tras unos primeros instantes de incertidumbre, la decisión del Tribunal Supremo de enero de 2017 y la propia acción autoafirmativa seguida por Westminster han otorgado el control del procedimiento a la Cámara de los Comunes. Así, la misma activó el mecanismo establecido en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y está pendiente su inminente decisión en relación con el Tratado (proyecto) negociado por el ejecutivo británico y las autoridades comunitarias, siendo necesario, como es sabido, su voto favorable para la ratificación de aquél. El gabinete, en cuanto emanación de los Comunes, se encuentra también en este proceso sometido plenamente a lo que dictamine la Cámara que le otorgara en su día la confianza (con todo, la existencia de un cierto margen de autonomía y su mayor o menor amplitud ha sido y es una cuestión no pacífica en la doctrina científica).

Por lo que respecta al Shutdown o cierre de la Administración estadounidense, este se inserta en el célebre principio de separación de poderes que rige en la Federación norteamericana, aunque más bien, de acuerdo con lo señalado en su día por Loewenstein, nos hallaríamos ante un supuesto de interdependencia por coordinación, esto es, si bien los ejercientes del poder actúan con autonomía dentro de su esfera de actuación asignada constitucionalmente, están sin embargo obligados a cooperar en ciertos puntos de contacto establecidos de antemano. Se diferenciaría así la forma de gobierno presidencialista de la parlamentaria, en la que la interdependencia se produce por integración, con un Gobierno y un Parlamento indisolublemente unidos y fusionados. El shutdown no sería sino un ejemplo paradigmático del sistema de frenos y contrapesos tan característico del régimen político estadounidense. Atribuyendo la Constitución de Filadelfia al Congreso la competencia sobre la determinación y disposición de los fondos o recursos federales (“el poder del bolsillo”), sin embargo la concreción del mismo por ley requiere inevitablemente del concurso del Presidente, quien dispone al efecto del poder de veto. A ello se une en este caso el equilibrio entre mayoría y minoría, particularmente en el seno del Senado, que hizo que en un primer momento no se alcanzara el acuerdo necesario en dicha Cámara (por mor de la eficacia del filibusterismo que hace imprescindibles 60 votos en aquélla) y desde hace unos días los propios checks and balances que rigen entre las Cámaras, toda vez que desde el pasado 3 de enero la Cámara de Representantes y el Senado cuentan con mayorías políticas diferenciadas.

Ante la situación actual, cabría preguntarse si los dos procesos descritos constituyen una manifestación patológica de sus respectivos sistemas políticos. En el caso del Brexit, se asiste a un auténtico psicothriller por entregas. Todo arrancó con la introducción de un elemento en principio extraño a la tradición británica, el referéndum, en el que se preguntó al pueblo sobre una decisión trascendental que habría de tener incidencia en varias generaciones, especialmente si el resultado, como de hecho sucedió contra todo pronóstico, se inclinaba por el “leave”. Con posterioridad, fue la iniciativa de un peluquero y de una abogada de derechos civiles los que llevaron al gobierno ante el Tribunal Supremo quien obligó a Downing Street a contar con el Parlamento. Elecciones generales por medio, con reválida de los tories si bien con una mayoría más exigua (que hace depender la gobernabilidad del voto de los nacionalistas del Ulster), se ha dado paso a una situación en la que Westminster reclama el papel protagonista. A ello se añade la posición de debilidad interna de la premier May en su propio partido, activándose hace pocas semanas el Comité 1922, un tercio de cuyos miembros (en su mayor parte partidarios de un Brexit duro) manifestaron su desconfianza política hacia su líder. Nos aguardan sesiones de intensos debates a culminar el día 15 con el momento de la verdad en el que el Parlamento tendrá la palabra y, sobre todo, la decisión, estando las opciones muy abiertas (y no necesariamente excluyentes entre sí): ratificación, no deal (denegación y abandono sin más), petición de ampliación del plazo para abandonar la UE (de acuerdo con la opción prevista en el art. 50 TUE), impulso de un segundo referéndum, votación de confianza, elecciones… Las consecuencias son de la máxima importancia, afectando a la economía nacional (y mundial) y a los derechos de miles de ciudadanos británicos y no británicos.

En el caso del cierre norteamericano la solución requiere del acuerdo de tres actores: Cámara de Representantes, Senado y Presidente. Este último manifestó su negativa a ratificar el proyecto presentado ante la ausencia de consignación para financiar la construcción del muro fronterizo con Méjico. Por su parte, los demócratas bloquearon en el Senado cualquier intento de introducir una dotación al respecto, a lo que se suma ahora su control de la Cámara Baja. La discrepancia entre el Presidente y los demócratas se hizo evidente hace unos días en la reunión que tuvo lugar en el despacho oval entre Trump y los líderes Pelosi y Schumer. La asignación de fondos para las agencias federales que había de aprobarse a mediados de diciembre no ha tenido lugar. Miles de empleados públicos han sido despedidos temporalmente y han vuelto a sus casas (sirva como dato ilustrativo que en la mayoría de casos tienen prohibido acceder al correo profesional) y muchos servicios se encuentran paralizados (con excepción de aquellos que atañen a la seguridad o a la salud).

Si, como se ha señalado, las vicisitudes relatadas se derivan en buena parte de la esencia de las respectivas formas de gobierno adoptadas, una primera respuesta a la pregunta planteada acerca de si las mismas responden a los desafíos de los nuevos tiempos habría de ser necesariamente negativa. Frente a una realidad como la actual en la que todo es urgente y con graves implicaciones, los sistemas descritos parecerían anclados en una coyuntura, la del XIX y, todo lo más, la de XX, mostrándose incapaces de estar a la altura de los retos contemporáneos. Así, en los dos casos referidos (y, en general, en la política de nuestros días) la dinámica política estaría presidida por intereses partidistas, cuando no personales, principalmente, la propia supervivencia política. De este modo, la actuación de los diferentes actores estaría dirigida casi monopolísticamente por cálculos electorales, que oscurecen en su consideración el análisis de la concreta situación frente a la que se ha de responder. En este sentido, perpetuar una dinámica como la descrita, al mantener la arquitectura constitucional mencionada, estaría lejos de ser la solución al problema.

Sin embargo, un análisis más detenido y, sobre todo, sosegado, de los dos supuestos aquí analizados podría conducir a una respuesta distinta o, al menos, más matizada. Y ello dependerá del lugar en el que quiera ponerse el acento. Así, contemplando el vaso medio lleno, puede afirmarse que ambos ejemplos son ilustrativos de los acertados sistemas de limitación del poder que tanto Reino Unido como Estados Unidos han articulado, cada uno desde su propia experiencia histórica y con contextos diferenciados. Con todos sus defectos, los mismos, en coyunturas como la actual, muestran una misma virtud: su capacidad (su inteligencia, cabría decir) para forzar compromisos, tal y como han demostrado históricamente.

En Gran Bretaña, será necesario llegar a un término de entendimiento (aunque no equilibrio, pues el pueblo, y así parecen considerarlo los dos partidos mayoritarios, ya se manifestó al respecto) entre leavers y remainers, o entre partidarios de una salida dura o de una ligazón más intensa con la familia comunitaria y, todo ello, con el problema irlandés de fondo. Por su parte, en Estados Unidos tarde o temprano será inevitable aprobar la disposición de los fondos necesarios para que la Administración federal desempeñe sus funciones y, nos guste o no, con la consignación (mayor o menor) necesaria para que el Presidente desarrolle su agenda política (otra cuestión es si determinados aspectos de la política migratoria de Trump pudieran ser declarados contrarios a la Constitución por el Tribunal Supremo).

Por lo demás, así viene ya intentándose en las últimas fechas. En Gran Bretaña se anuncia (y en algún caso se adivina) la presentación de enmiendas que de cara a la votación del día 15 puedan ofrecer una salida ante el panorama que se abra, sea con el fin de impedir el Brexit duro sin acuerdo (de hecho, se acaba de aprobar una enmienda en tal sentido), sea con el fin de solucionar el backstop irlandés estableciendo la competencia de los Comunes para poner fin en su día a la integración aduanera “irlandesa”. Al otro lado del Atlántico, se intenta por ambas Cámaras (con el impulso demócrata) adoptar una financiación provisional (mediante la aprobación de Resoluciones ad hoc para concretos Departamentos) e incluso, ante la negativa presidencial a soluciones transitorias (a lo que ha de añadirse la “amenaza” de la declaración de emergencia nacional que permitiría al Presidente autorizar directamente los fondos para el muro fronterizo), se escucha ya que podría transigirse con una financiación mínima que no llegara a los umbrales solicitados por la Casa Blanca. A este respecto, cabe recordar que el shutdown es una patología no ciertamente inédita en el sistema norteamericano: desde su “previsión” en 1976 se han producido más de 22 gaps de financiación, 10 de los cuales dieron lugar a cierres totales o parciales. Se configura, por tanto, como un instrumento de presión de una y otra parte para que sus posiciones no sean ignoradas, y así, en todos los casos señalados se llegó finalmente a una situación que de una manera u otra satisfizo a las mismas, todo ello bajo el entendimiento de que la política no es la guerra total, de la existencia de líneas rojas que la lucha partidista no puede sobrepasar y de que en determinados casos el compromiso con el adversario es ineludible.

Compromisos, bien es verdad, no fáciles de conseguir en los tiempos que corren, en un escenario de creciente polarización de la política, pero también de la opinión pública, y, por qué no decirlo, de los medios de comunicación. En cualquier caso, tanto el sistema británico como el estadounidense, frente a lo que podría creerse (particularmente, respecto a este último), se encuentran mejor preparados que los de otras latitudes para ello y, pese a los elementos adversos, continúan dando muestras de su madurez, de su capacidad para forjar compromisos conciliándolos con la voluntad popular mayoritaria. Por diferentes caminos (en un caso ha sido el tiempo, en el otro el acto genial de encarnación de un logos constitucional de limitación del poder) dichos sistemas se han erigido desde tiempo ha como referentes democráticos para muchos seres humanos. Que así siga.

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