Lo que no está nada claro es de dónde saldrán los fondos necesarios.
El pasado domingo, fuentes gubernamentales aseguraron que el Ejecutivo estaba analizando la posibilidad de implantar un fondo de capitalización al modo de la "mochila austríaca". Ese monto iría más orientado a la jubilación que al despido y estaría dirigido, sobre todo, a los sectores con mayor capacidad económica, como la banca. Entonces, se afirmaba que el cambio de modelo necesitaría un debate largoy se admitía que su implantación no sería sencilla.
Y es que requiere de aportaciones empresariales, más allá de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social. Por este punto, nada claro, el Gobierno susurró que había enfocado la implantación del modelo en la banca, ya que en ese área los empleados suelen contar con planes de pensiones de empresa, cuyas aportaciones podrían ir destinadas a la "mochila" y permitirían al trabajador tomar decisiones como la de jubilarse anticipadamente. Todo ello figura en la 'Agenda del Cambio' que está estudiando el Ministerio de Economía.
El sistema austríaco, que bien puede constituir un abaratamiento del despido y el fin del seguro por desempleo actual, supone que el Estado contempla un fondo de capitalización individual para cada trabajador para evitar las indemnizaciones por despido -que no estaban vigentes en el país europeo cuando pensaron este modelo, en 2003- y contribuir a que cada empresa aporte una cantidad del salario bruto de sus contratados a sus respectivos fondos. El monto de la 'mochila' sería invertida por una entidad financiera en búsqueda de un rendimiento, con la garantía del Estado. Las compañías despedirían a coste cero, en trabajador usaría el capital acumulado y el país usaría esa argucia para complementar a la pensión pública de jubilación.
Esta idea ya rondó a la leislación española en 2010, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero anunció la puesta en marcha de un modelo que suponía la creación -sin aumentar las cotizaciones empresariales- de un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido, de movilidad geográfica, para formación o para la jubilación. No lo implementaron porque un informe de una comisión de expertos concluyó que aplicarlo podría costar el equivalente al 1 % del PIB de aquel entonces (unos 10.000 millones de euros).
Pues bien, este viernes la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha confirmado en sala de prensa que siguen perfilando esa maniobra estructural. Lo ha dicho al finalizar un Consejo de Ministros del que ha salido proclamando que el objetivo primordial de la 'Agenda del Cambio' es que en 2025 el 90 % de los jóvenes tenga al menos una titulación de educación secundaria, contemplando alcanzar "la España que queremos para el futuro", más ecológica, más igualitaria, más desarrollada en términos de bienestar y con una tasa de paro alineada con la media europea.
El texto incluye 60 medidas a corto y medio plazo -algunas ya aprobadas- que buscan alcanzar que al menos el 70 % del sistema eléctrico sea renovable, que se logre un 2,5 % de inversión en I+D+i en los Presupuestos, el avance en la transformación digital y la reducción de la brecha de género, la erradicación de la pobreza extrema en la niñez, poner el freno a la despoblación rural y el aumento del 8 % del parque de vivienda social. Esas son las premisas capitales sobre las que trabajan.
Calviño ha señalado que la agenda es la "hoja de ruta" que "vertebrará la acción en el resto de la legislatura", ya que "no hay tiempo que perder" para sentar las bases de un crecimiento sostenible a nivel económico, social y medioambiental. Y ha apuntado que ese es uno de los tres ejes del programa económico socialista, que se completa con la cohesión social y la sostenibilidad fiscal. La ministra ha rubricado que este es un buen momento para emprender este tipo de reformas, pues goza de un crecimiento económico sólido. Se fue sin esclarecer quién pagaría los fondos de la famosa 'mochila austríaca'.
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