María Teresa Fernández de la Vega ha expuesto en el Congreso que el Gobierno quiere convocar a los grupos políticos a un diálogo parlamentario para abordar la reforma electoral. La vicepresidenta ha defendido esta postura del ejecutivo ante la importancia de estas reformas en lugar de presentar un proyecto de ley. Según de la Vega, las cuestiones y reflexiones así como las decisiones sobre la reforma electoral es muy importante que se produzcan dentro de un marco de diálogo con el resto de grupos políticos.
Dando por buena la ley electoral actual –“un sistema que ha garantizado la pluralidad con un método proporcional y que permite la formación de mayorías-, De la Vega ha aclarado que, lejos de querer cambiarla, lo que se pretende es ampliar la participación ciudadana en la democracia y hacer valer el principio de que todo el sistema no es perfecto y debe ser “sometido a análisis” desde el “acuerdo” y el “consenso”. De este modo, ha dicho la vicepresidenta, se sabrá si basta con modificar la ley o si es necesario un cambio en la Constitución.
La reforma pasa por permitir a los inmigrantes el voto en los comicios municipales siempre y cuando nuestros ciudadanos puedan hacer lo mismo en los lugares de origen de estas personas, basándose en el criterio de reciprocidad al que hace referencia el artículo 13.2 de la Constitución. “Si viven con nosotros y trabajan con nosotros es de justicia que puedan decidir como nosotros”, ha defendido De la Vega señalando que debe producirse dentro del marco constitucional. Para ello, la vicepresidenta ha propuesto el nombramiento de un embajador que negocie acuerdos en este sentido con los principales lugares de nacimiento de los inmigrantes que viven en España.
De la Vega ha explicado que, por el momento, los tratados de cooperación y amistad firmados con Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela prevén la reciprocidad que exige la Constitución española, aunque se necesitan acuerdos complementarios. El Gobierno tiene intención de negociar con esos países y también de explorar la posibilidad de firmar tratados similares en países cuya Constitución permite extender el derecho a voto a los extranjeros, como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia. En otros países ni hay elecciones locales o es necesario el cambio de su Constitución o de su ley electoral, grupo en el que se encuentran China, Guinea Ecuatorial, India, Argelia, Pakistán, Brasil, Ecuador, Guatemala o República Dominicana.
Además, la modificación de la ley pretende contemplar una nueva circunscripción específica para los españoles que residen en otros países. De la Vega ha propuesto puedan participar en las elecciones a través de Internet, el denominado voto electrónico, dadas las dificultades técnicas del voto en urna en las oficinas consulares.
No obstante, ha avanzado ya que la propuesta tendrá un impacto limitado, ya que la Constitución o la legislación de los principales países de origen de los inmigrantes impide en la actualidad reconocer el derecho de sufragio en sus elecciones a los españoles (la reciprocidad).
Tras recordar que cualquier reforma de la ley electoral exigirá contar con 176 votos en el Parlamento, ha abogado por el máximo consenso y ha recordado que son los diputados quienes deben constituir en la Comisión Constitucional una subcomisión -ya solicitada- para analizar las diversas propuestas. Para ayudar en esos trabajos, el Gobierno ya ha solicitado al Consejo de Estado un informe sobre las posibles reformas.
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