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TRIBUNAL SUPREMO

Jordi Sànchez se esfuerza en negar cualquier atisbo de violencia

Jordi Sànchez se esfuerza en negar cualquier atisbo de violencia
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(Foto: EFE/Emilio Naranjo)
jueves 21 de febrero de 2019, 12:47h
El exlíder de la ANC dice que ningún juez impidió votar el 1-O

El expresidente de la ANC Jordi Sànchez se ha defendido en un duro cara a cara con el fiscal de la acusación de rebelión negando la mayor ante cualquier sospecha de violencia el 20S frente a la Conselleria de Economía. Ni alzamiento puntual ni intentos de asalto, solo una actitud legítima de protesta. Casi cinco horas ha durado el más duro de los interrogatorios que ha presenciado hasta ahora el Tribunal Supremo en el juicio del "procés". Lo ha protagonizado Sànchez, que se enfrenta a una petición fiscal de 17 años de cárcel por rebelión, frente al fiscal Javier Zaragoza, probablemente el más incisivo y severo de los cuatro.

Consciente de que el principal elemento de apoyo que sustenta la rebelión es la violencia, Sànchez -ahora líder de la CRIDA, plataforma impulsada por el entorno de Carles Puigdemont- se ha esforzado en negar cualquier atisbo de peligro de orden público ese 20 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía, donde miles de personas se concentraron mientras se producía un registro judicial del edificio.

Y lo ha hecho el mismo día en que Cataluña volvía a vivir una huelga general, en la que, pese al limitado seguimiento en el ámbito laboral, los CDR se han movilizado para cortar la autopista AP-7 y el transporte ferroviario, en una jornada que se ha saldado con tres detenidos y cargas policiales.

Considerado uno de los símbolos de la movilización independentista en los últimos años en Cataluña, Sànchez ha tachado de "falso" el "relato" de algunos informes y de algunos medios "de que hubo un intento permanente de asalto" aquel 20S, cuando se vivió una "movilización" que "sorprendió a todos", a él incluido.

Pero que fue pacífica, como han resaltado todos sus predecesores en el banquillo de los acusados, y que solo pretendía ejercer "de manera cívica" el "legítimo" derecho de protesta.

Ni hubo "lanzamiento de objetos" ni se impidió trabajar a la comisión judicial que registraba la Conselleria, y si la secretaria judicial tuvo que salir por un edificio adyacente -ha explicado- fue porque tenía la "percepción" de que el pasillo que la ANC habilitó no era seguro.

Lo que no quita para que Sànchez no haya condenado los daños que sufrieron varios vehículos de la Guardia Civil, al tiempo que ha negado que fuesen fruto de un "alzamiento puntual" y ha considerado poco razonable que "una acción concreta, criticable y denunciable" por parte de unos pocos, "sea la excusa para penalizar" la protesta.

Quien un día se postuló, ya en la cárcel, como candidato a presidir la Generalitat ha dejado claro que cuando llegó a la Conselleria ya había "una muralla humana", centenares de personas, medios de comunicación y representantes públicos concentrados y que fue después cuando la ANC decidió llamar a la movilización.

Considerado por la Fiscalía el responsable de facto junto a Jordi Cuixart del 20S, Sànchez ha negado "la mayor". Ha rechazado que asumiese "la seguridad de nada", sino que colaboró, a petición del mayor Josep Lluis Trapero (acusado de rebelión en la Audiencia Nacional) y del exconseller de Interior Joaquim Forn, en realizar un pasillo para que saliesen los detenidos, que ni siquiera se utilizó.

"Igual que asumí que un grupo de voluntarios se dispusiera alrededor de los vehículos cuando supieron que había armas", uno de los momentos que le generó "una tensión como pocas veces" ha vivido.

Tras más de un año en prisión, desde el 16 de octubre de 2017, Sànchez, que como hiciese Oriol Junqueras se ha presentado como un "preso político", ha confesado tener la "sensación" de que él y Cuixart están siendo castigados "por asumir esas responsabilidades en movimientos cívicos y haber ejercido el derecho de expresión".

Cívico como fue el 1-O, donde la gente ejerció una "resistencia no violenta" ante la actitud "desproporcionada" de la Policía, que no puede conllevar "ningún tipo de violencia por parte de la autoridad judicial".

"¿Dónde está el delito?", se ha preguntado Sànchez al recordar que ningún juez prohibió a la gente votar en un referéndum para el que la ANC repartió papeletas, pero no se encargó de las urnas, que ha negado saber dónde estaban. Es el décimo acusado que lo hace.

El largo interrogatorio de Sànchez no ha podido eclipsar las explicaciones que ha dado esta mañana el último conseller de Carles Puigdemont en declarar, quizá el más díscolo de todos, que dimitió un día antes de la DUI: el exconseller de Empresa Santi Vila.

Acusado de desobediencia y malversación, delitos por los que se enfrenta a 7 años de cárcel, Vila ha lamentado que se frustraran sus intentos de mediar con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para impedir la DUI y ha afeado a Puigdemont que no supiera "gestionar emocionalmente" la presión de las redes sociales, una vez había decidido convocar elecciones.

Tras suspender el TC la ley que lo regulaba, el 1-O "mutó claramente a una gran movilización política" que él ya nunca reconoció como referéndum, como tampoco le mereció valor la ley de transitoriedad política aprobada por el Parlament, un "disparate" que a su parecer no habría asumido "ni un alumno de primero de Derecho".

Vila se ha mostrado esperanzado en poder "regenerar a medio plazo" su relación "amical" con Puigdemont, al que ha atribuido la decisión de convocar el 1-O como "argucia" con la que hacer frente a la crisis de gobierno por las fricciones con la CUP y a la presión de ciudadanos y partidos hacia la "unilateralidad".

La intervención de Sànchez se puede sintetizar en diez frases:

- "La seguridad es competencia de Mossos y Guardia Civil. Niego la mayor: yo no asumo la seguridad de nada. Ni yo, ni los voluntarios, ni los manifestantes obstaculizamos a la comitiva judicial". "Cuando llego a Economía ya había una muralla humana".

- "Es falso el relato que desde algunos informes se ha querido explicar de que hubo un intento permanente de asalto (el 20S). "Fue una manifestación en gran parte improvisada...Es posible que unos pocos se aprovechen del anonimato para causar daños. Lamentablemente, fue la primera ocasión que ocurrió en un acto convocado por la ANC".

- "Seguro que hubo momentos de tensión, silbidos y gritos, pero no hubo violencia, ni agresiones ni cargas policiales". "No hubo ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de Mossos, sino ni tan solo la puerta (de la consellería).

- ¿Le parece normal que la secretaria judicial tuviese que salir por el edificio contiguo? "No me parece normal, pero la letrada declinó la salida (por el pasillo de voluntarios) porque tenía la percepción de que no era seguro. No hay ni un intento por parte de un agente de la Guardia Civil o miembro de la comitiva judicial de salir y tener que volver a entrar al edificio porque había alguien que se lo impedía".

- "Cuando el teniente de la Guardia Civil me dice por la tarde, 'Jordi, tenemos un problema', porque en sus coches ante Economía, sin vigilancia inmediata, había armas largas, me generó una tensión como pocas veces la he vivido. Avisé a Josep Lluis Trapero (mayor de los Mossos): 'Haré lo que buenamente esté en mis manos para evitar daños mayores, pero no es mi responsabilidad tener que proteger unas armas'".

- Sobre los daños en los vehículos de la Guardia Civil: "Hubo algunos daños. No voy a justificar la violencia...lo que no es ajustado ni proporcionado es creer que una acción concreta, criticable y denunciable, por parte de unos individuos, pocos, sea la excusa para criminalizar y penalizar a una movilización de 40, 50 o 60.000 personas que estaban presentes de manera cívica, responsable y ejerciendo su derecho de protesta". "Puedo ser independentista, pero no idiota. Pido que no se insinúe que yo digo que los daños a los vehículos los causó la Guardia Civil".

- ¿Por qué subió con Jordi Cuixart a los coches de la Guardia Civil el 20-S? "Porque hacía una hora que habíamos desconvocado la concentración desde el escenario central, mucha gente se había ido pero aún quedaban unos pocos centenares de personas frente a la puerta de Economía. No se iban, seguían ahí...la única solución que se encontró fue que, cuando llegó un megáfono, que no sé de dónde salió, se nos sugirió que subiésemos al único sitio donde teníamos visión y éramos vistos (los coches), para dar por finalizada la concentración".

- Sobre el 1-O: "Ni la ANC ni Òmnium ni mi persona jamás recibió ninguna notificación por parte de la Fiscalía ni de ningún juzgado diciendo que esas actividades no se podían llevar a cabo". "Organizar un referéndum ilegal no podía merecer un reproche penal. Que los ciudadanos pudiésemos participar en un acto, tuviera o no recorrido legal, para expresar nuestros deseos, no podía tener reproche penal".

- "Cataluña no está fracturada...es cierto que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de derechos ciudadanos que siempre las instituciones públicas están sujetas a revisarlas, como el derecho a la autodeterminación. Que no lo recoja la Constitución no quiere decir que sea inconstitucional".

- (Cuando el fiscal le muestra un correo electrónico que le enviaron y que alega que no leyó): "Perdone, no quiero ser impertinente. Hay whatsapps que se han enviado que han comprometido la dignidad y el buen nombre del presidente de esta Sala y es evidente, por lo que él ha dicho, que él no sabía nada de esos whatsapp. Con lo cual, estamos ahí".

Forcadell y Cuixart, el martes 26. Se retrasa Rajoy

Por otra parte, el presidente del tribunal del "procés", Manuel Marchena, ha interrumpido los interrogatorios hasta el martes 26 de febrero, cuando declararán la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lo que retrasará la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo.

El tribunal había citado a los primeros testigos para el próximo martes con la previsión de que hoy terminasen los interrogatorios a los acusados, pero ha tenido que alterar el plan previsto ante la duración de los mismos, alrededor de 5 horas en el caso del de Jordi Sànchez. Por eso, Marchena ha anunciado que las sesiones se retomarán el martes 26 de febrero a las 9.30 horas con los dos interrogatorios que restan y que la prueba testifical.

Ese día estaba previsto que testificasen, por este orden, el diputado de ERC Joan Tardà; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresident de la Generalitat Artur Mas; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech. También había citaciones para el miércoles y el jueves, con testigos como Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro o Íñigo Urkullu.

Marchena ha anunciado que, de forma excepcional, se podrá habilitar el viernes 1 de marzo para completar la prueba testifical prevista para la semana.

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