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DESAFÍO SECESIONISTA

La Generalidad gastó 17 millones para crear la Hacienda catalana

Quim Torra y Carles Puigdemont.
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Quim Torra y Carles Puigdemont. (Foto: EFE)
EL IMPARCIAL/Agencias
viernes 01 de marzo de 2019, 13:54h
Según un informe de la Guardia Civil.

Un informe de la Guardia Civil cuantifica que la Generalidad gastó al menos 17 millones de euros para desplegar la Administración Tributaria de lo que pretendían que fuera la futura República catalana.

Según la documentación incautada al exsecretario de Hacienda Josep Lluis Salvadó, uno de los hombres de Oriol Junqueras, también se habría realizado un cálculo de 500 millones para el despliegue completo y una estrategia para gestionar las pensiones y prestaciones sociales que ahora hace la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según el citado documento, los investigadores consideran que esos 17 millones se distribuyen de la siguiente forma: 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario; 7,8 millones en el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal; 4,5 millones para el despliegue territorial de la administración tributaria y 4,92 millones en la implementación del sistema e-Spriu, al menos en las seis fases iniciales, han adelantado los diarios El Mundo y El Confidencial.

La Guardia Civil admite que, aunque algunas de las medidas se "integran en la vía autonómica", suponen un "paso intermedio" para ir implementando muchas otras con el objetivo último de "crear el Estado catalán y garantizar la viabilidad económica".

Hasta la aparición de este pendrive, recuerda El Confidencial, la Guardia Civil atribuía a los organizadores del 1-O un desvío de fondos públicos por importe de 4,7 millones de euros, entre los que se incluyen casi un millón destinado al envío postal de las tarjetas de la mesas electorales de la consulta; más de 600.000 euros por el desarrollo de la plataforma para el registro de catalanes en el exterior; 1,3 millones para la construcción de un call center para el referéndum; en torno a 500.000 euros en publicidad de promoción de la convocatoria, y unos 300.000 euros en la contratación de casi medio centenar de falsos observadores neutrales de la votación, entre otras partidas.

La conclusión de los investigadores es que el Departamento de vicepresidencia y dentro de éste, la secretaría de Hacienda, han estado trabajando en la "desconexión", tal y como se reconoce abiertamente en el documento analizado. En concreto, recalcan, lo han estado haciendo hasta "agotar" lo que se denomina vía autonómica para lo que han valorado los activos inmobiliarios de España en Cataluña, con la finalidad de incorporarlos al patrimonio de la Generalidad.

Entre los 4,7 millones se incluyen un millón destinado al envío postal de las tarjetas de la mesas electorales de la consulta y más de 600.000 euros por el desarrollo de la plataforma para el registro de catalanes en el exterior.

El informe ya está incorporado al sumario sobre el procés que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona, pero ya no puede ser tenido en cuenta en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentista, ocho de los cuales se enfrentan precisamente a acusaciones que incluyen el delito de malversación.

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