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¿Regresa el PSOE a su tradición progresista?

José Varela Ortega
miércoles 30 de julio de 2008, 21:36h
El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional impugnando el plan Ibarreche merece nuestra atención. Naturalmente, no me refiero a la noticia en sí que tiene meses, en la medida que fue anunciada y reiterada antes de producirse. Tampoco se trata de la oposición del Gobierno al referéndum unilateral convocado por el Lehendakari. Ni siquiera el interés se encuentra, a mi modo de ver, en la disposición legal que regula la convocatoria de referenda como competencia exclusiva del Gobierno de la Nación. Los juristas que asesoran a Ibarreche -para buscar un ejemplo de argumento en contra- arguyen que no se trata de un referéndum sino de una mera consulta de opinión no vinculante y que, por tanto, no incurre en causa de inconstitucionalidad. Personalmente, carezco de competencia para pronunciarme al respecto. Pero -a efectos del argumento que aquí se propone- supongamos que el Gobierno carece de razón en derecho. Pues bien, aunque así fuera, lo que me parece destacable del recurso del Gobierno -con razón o sin ella- es el fundamento filosófico-político de su alegato: el hecho de que venga apoyado en base al sujeto de soberanía. Es precisamente esta invocación a la nación en el recurso presentado por el abogado del Estado lo que despierta nuestra curiosidad e interés.

Ya en los debates de las Cortes de Cádiz, que pronto cumplirán dos siglos, los viejos liberales nos convocaron a recordar -como reclamaba Muñoz Torrero desde la izquierda de la Cámara- que formamos una sola nación, y no un agregado de varias naciones. En consecuencia, en el artículo 3º de nuestra primera Constitución, se establece que la Soberanía reside esencialmente en la Nación, entendiendo por tal -se lee en el artículo 1º- la reunión de todos los españoles. Definiciones que hicieron suyos todos nuestros textos constitucionales de inspiración progresista, desde 1812 a 1978 -pasando por las cartas de 1837, 1869 y1931. La soberanía nacional -traducida como la voluntad de una nación de ciudadanos, libres e iguales- fue principio y bandera de la izquierda. Toda esa monserga de territorios, condados y principados, en lugar de ciudadanos, fue siempre una opereta histórica de carlistas -que decía Clarín- trompeteada desde púlpitos ultramontanos. Los llamados “derechos históricos”, se interpretaban como los derechos de los muertos, frente a los derechos de los ciudadanos expresados por sufragio universal y representados en las Cortes. Como mucho, se debatía -para rechazarla- la teoría de algunos liberales doctrinarios que defendían la idea de que la soberanía residía en “las Cortes con la Corona”, entendiendo que ésta resumía y reunía el ser “histórico de la nación”. Pero conviene recordar que toda referencia histórica impostada en el sujeto de soberanía ha tenido siempre una connotación derechista, cuando no directamente reaccionaria.

En su origen clásico, la democracia se entendió por la sustitución de las divisiones y líneas gentilicio-territoriales por el principio demótico. Se decía que la democracia era mistós, mestiza porque los cargos se elegían -o sorteaban, que, para el caso, tanto da- ex-hapántôn, de entre la multitud. Y, casi en nuestro mundo, la democracia consistió, de manera precisa y puntual, en la abolición de los derechos históricos (desde 1789, en Francia, y desde 1778, en América). Desde entonces, la democracia es un presente con vocación de futuro -que no una colección de reliquias históricas apolilladas- donde no hay más derechos que los de un conjunto de ciudadanos libres e iguales ni más programa que lo que estos deciden por sufragio universal. En España, ese pleito entre doctrinarios “historicistas” y demócratas, que había dividido a las familias liberales durante décadas, se saldó a favor de la izquierda, cuando Sagasta introdujo el sufragio universal, en Junio de 1890 y Cánovas, al frente de un gobierno conservador pocos meses después, lo respetó en las elecciones de 1891. Y, desde entonces, así ha sido aceptado por todos los demócratas hasta que, en el 2004, con el nuevo Estatuto de Cataluña -el texto más reaccionario que ha visto la luz en política española desde el Fuero de los Españoles- reaparece el fantasma de la territorialidad, a modo de pretérito embalsamado, y ese producto de arqueología intelectual que han dado llamar “derechos históricos”. Una referencia esta última a determinadas entidades territoriales, a las cuales los nacionalistas les otorgan cualidades de naturaleza inmanente y meta-histórica. En esa misma línea de pensamiento, a uno le cabría preguntarse si pronto veremos una propuesta restableciendo los señoríos -los cuales, por cierto, no son menos “históricos” que los viejos reinos medievales.

Sin embargo -y puestos a ser optimistas- esta deriva histórico-nacionalista, tan aberrante desde un punto de vista de izquierdas, pareciera interrumpirse y revisarse con el recurso del Gobierno contra el referido referéndum Ibarreche. Lo destacable políticamente en el escrito presentado por el abogado del Estado -tenga o no razón jurídica- es fundamentar su argumentación en base a la soberanía nacional. En la medida que “las dos preguntas plantean cuestiones de especial trascendencia política para todo el pueblo español, no sólo para la Comunidad Autónoma del País Vasco”, competen al conjunto de los ciudadanos españoles como sujeto de la soberanía. Desde el punto de vista del sistema, sería una gran cosa, para un funcionamiento armonioso de nuestro mecanismo político, que nuestros dos grandes partidos volvieran a este acuerdo constitucional básico que la derecha liberal aceptó al fin en 1890, todos los partidos suscribieron con la Constitución de 1978 y los dos principales lo practicaron hasta el 2004.

José Varela Ortega

Editor de EL IMPARCIAL

José Varela Ortega es editor de EL IMPARCIAL e historiador

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