El debate internacional abierto tras la elección de Pekín como sede olímpica de los Juegos de 2008 parece haberse acallado. Las críticas vertidas por los dirigentes de numerosos países occidentales han quedado atrás y ahora, siete años después, los mismos líderes que anunciaron el boicot a la ceremonia inaugural se preparan para asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos.
La pésima imagen que China proyecta (o que Occidente transmite de China) hizo necesaria para los políticos la condena de cuanto allí ocurre. La opinión pública, alimentada por la prensa, se volcó en contra de que los Juegos Olímpicos fueran celebrados allí, sobre todo después de que el pueblo tibetano sufriera la represión china por pedir algo más de libertad. Sin embargo, cuando la situación parece haberse sofocado, sólo unas pocas organizaciones internacionales continúan luchando por los derechos humanos en China.
El carrusel de declaraciones de los altos mandatarios mundiales en contra del trato de China al pueblo tibetano y a favor del boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín comenzó con Nicolas Sarkozy. El dirigente francés explicó que "todas las opciones están abiertas pero apelo al sentido de responsabilidad de las autoridades chinas" al principio al ser preguntado si iba a boicotear la ceremonia inicial de las olimpiadas. Además, expuso que su "respuesta definitiva será acorde con la evolución de las circunstancias que se están viviendo en el Tibet". A pesar de estas declaraciones, Sarkozy estará en la gala inaugural.
George Bush ha recibido presiones por parte de Barack Obama y de Hillary Clinton para que no acuda. "Si los chinos no toman medidas para detener el genocidio en Darfur y respetar la dignidad, la seguridad y los derechos humanos del pueblo tibetano, entonces el presidente debería boicotear la ceremonia de inauguración", espetó Obama. Clinton, por su parte explicó que "ante los últimos acontecimientos, creo que el presidente Bush no debería tener planes para asistir a la ceremonia de apertura en Pekín, a no ser que haya grandes cambios por parte del Gobierno chino". A pesar de esta presión política, Bush ha jugado con el tiempo para tomar la decisión de acudir a Pekín, alegando que es "un evento deportivo".
Gordon Brown, máximo dirigente británico, y Condoleeza, secretaria de Estado de EEUU, acudirán a la ceremonia de clausura, pero no a la de apertura.
China, con sus 1.300 millones de habitantes, constituye el principal mercado emergente a escala mundial. El progreso de los últimos años basado en la liberalización de su economía lo convierte en uno de los países más atractivos para las empresas extranjeras. La mano de obra barata y, en definitiva, los bajos costes de producción están absorbiendo cada vez más inversiones multimillonarias.
Los dirigentes de las principales potencias se han visto obligados a encontrar el equilibrio entre frenar, en la medida de lo posible, el crecimiento económico chino y aprovechar la oportunidad que supone dicho crecimiento. Es probable que, por ello, la agresiva retórica inicial -cuando China fue acusada de ser responsable del cambio climático y le fue impuesto una sanción económica por sus niveles de contaminación- se dulcificara con el tiempo.
China y los derechos humanos
Desde que Pekín fuera elegida sede olímpica, miles de personas en todo el mundo se han manifestado en contra de que un país como China albergue los Juegos Olímpicos. Son muchos los que consideran que la mayor preocupación del régimen comunista chino parece el control social de los más de 1.300 millones de chinos que viven en el país y la seguridad, incluso si ello compromete en alguna medida la libertad de los ciudadanos.
Aunque la evolución de los derechos humanos en China ha sido favorable en los últimos años, queda aún mucho camino por recorrer. Es cierto que, a diferencia de otros lugares del mundo y en la propia China años atrás, los ciudadanos chinos pueden decidir donde viven y trabajan, crear empresas y controlar el capital acumulado, viajar dentro y fuera del país, decidir donde educan a sus hijos, así como disponer de teléfono móvil e internet. Pero también es cierto que la situación de los derechos humanos en el país más poblado del mundo es manifiestamente mejorable, sobre todo si la comparamos con la del resto de países desarrollados del mundo.
La libertad de los chinos, así como la de los informantes extranjeros en el país, está coaccionada y la represión acalla las voces más críticas con el régimen. La información encuentra insalvables obstáculos para salir a la luz y los menos beneficiados por esta Olimpiada, los habitantes de China, difícilmente pueden expresar su opinión al respecto. China es, además, el país en que más ejecuciones tienen lugar al año: hasta 63 delitos son castigados con la pena máxima.
En 2001, año en que Pekín fue elegida sede olímpica para los Juegos de 2008, el régimen comunista chino se vio obligado a realizar una serie de promesas de cara a mejorar la imagen del país. Así, China se comprometió a respetar lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos para evitar que el espíritu olímpico y el estado de la libertad en el país chocarán tan drásticamente.
Sin embargo, y a pesar de las continuas denuncias por parte de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, la situación, ocho años después, se mantiene intacta. Los mecanismos de censura del Gobierno chino funcionan ahora a pleno rendimiento y lo hacen con gran eficacia.
Por el momento, el sistema comunista chino no ha admitido ningún movimiento de contestación social, ha permitido el encarcelamiento de 30 periodistas y la detención de 50 internautas disidentes por “difamación”, “desvelar secretos de Estado” o por ser considerados “elementos subversivos” de la sociedad. Miles de sitios de la Red han sido bloqueados mediante filtros y decenas de programas de radio han sido interferidos. En este contexto ha comenzado la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos más caros y, probablemente, más polémicos de la Historia.
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