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TIERRA QUEMADA

Los dineros del alcalde

Ernesto Colsa Sotelo
miércoles 17 de julio de 2019, 20:06h

La constitución de las nuevas corporaciones locales tras las elecciones del 26 de mayo ha reavivado el sempiterno debate sobre el incremento de las retribuciones de alcaldes y concejales, un fenómeno generalizado al haber quedado aparentemente atrás los fantasmas de una crisis cuyo aliento, no obstante, sigue sintiendo en el cogote gran parte de la población.

Como digo, la cuestión de los sueldos públicos se plantea periódicamente al inicio de cada mandato, pero a mi juicio el debate debería alejarse de lo contingente y suscitar una reflexión más profunda acerca de si las retribuciones de los políticos resultan acordes a la dignidad de sus investiduras o a los cometidos inherentes a su ejercicio. Pues bien, con todos los matices que admite tan ambiciosa pregunta, la conclusión ha de ser forzosamente negativa, sin que tal aserto contenga intención alguna por mi parte de provocar al personal.

Pensemos, así, en las servidumbres a que ha de verse sometido cualesquiera de nuestros munícipes en su vida cotidiana, desde las interminables jornadas laborables atendiendo cuitas y peticiones, cuando no soportando impertinencias, de administrados, empresarios o entidades civiles de todo pelaje, cada cual esgrimiendo sus intereses sectoriales, con frecuencia contrapuestos, mientras el político se ve arrastrado contra su voluntad al vórtice de un conglomerado de disputas cuyo sentido último se le escapa si no se la trae al fresco, y así un día tras otro, incluso durante los fines de semana, cuando más abundan los tediosos actos institucionales, competitivos o protocolarios, desde oficiar bodas hasta entregar premios absurdos, asistir a los funerales de sus funcionarios o de próceres locales, hacerle de palmero al obispo y otros actos en los cuales su presencia se reputa inexcusable. En el ámbito rural tales servidumbres del oficio se incrementan de modo exponencial, pues la proximidad al ciudadano, con quien le unirán al concejal vínculos familiares o afectivos, aumentará el grado de implicación en un eventual conflicto hasta niveles difícilmente soportables. Por si ello no resultara suficiente, el desenvolvimiento de sus relaciones privadas se verá cercenado sin remisión; se acabaron ya, so pena de escarnio, esas visitas al club de alterne o las escapadas con el cubano zumbón para procurarse un alivio después de tanto estrés institucional, cuánto más los excesos con la bebida o los devaneos con la farlopa; no, ni siquiera se sustraerá de este riesgo de delación en su círculo más íntimo, pues no faltarán familiares incapaces de dejar escapar la oportunidad de conseguir notoriedad defenestrando al regidor a cuenta de alguna ofensa nunca cicatrizada o por la simple banalidad del mal. Sin duda, no hay sueldo suficiente que compense tantas contraprestaciones, y menos en los pueblos, donde el ejercicio de lo público rara vez se retribuye y no sirve de mérito para ascender en el escalafón del partido, alejado el munícipe de las intrigas de la corte de la cabecera provincial, y tampoco confiere el prestigio que se le presume a los alcaldones de capitales mesetarias con tradiciones inmarcesibles, o de villas receptoras del nuevo parné eslavo suministrado por ese contingente de neoturistas de cadenonas doradas, profusión de tatuajes y modales patibularios.

¿Y qué ocurre en el ámbito nacional? Pues otro tanto de lo mismo, porque según la última Ley de Presupuestos del Estado el salario anual del Presidente del Gobierno no llega a los ochenta mil moniatos, una cantidad a priori más que digna, pero es que estamos hablando del jefe del ejecutivo nacional, de la persona con más poder en el país, y aun suponiendo que le salga todo de gorra, incluido el chabolo donde vive, cualquier empresario de medio pelo a quien le vaya bien el negocio ganará ese dinero sin inmutarse, el cual palidece ante los estipendios de cualquier banquero, influencer o deportista de relumbrón, cuyos destinos se supone ha de administrar.

Los políticos, pues, no perciben un salario excesivo, como se ha tratado de argumentar. El problema estriba en que la demencial organización territorial española propicia la necesidad de gobernar 8133 Ayuntamientos, y eso implica una hipertrofia de políticos difícilmente asumible por el sistema, aun cuando el desempeño de la mayor parte de las respectivas alcaldías no tenga asignado salario alguno, lo cual tampoco resulta extraño dados sus exiguos presupuestos. Así, este fardo de entidades locales, la gran mayoría de chichinabo, se antoja excesivo para las necesidades burocráticas de los cincuenta millones de semovientes que correteamos sobre la superficie del país. Si no me creen, consulten el nomenclátor de municipios en la página del Instituto Nacional de Estadística, los cuales podrán clasificar por población, superficie y otras magnitudes, y descubrirán, así, que hay un Ayuntamiento llamado Illán de Vacas concebido para proporcionar servicios a un censo de cinco vecinos, quizá mal avenidos. No obstante, los nobles Illaneses, si así se denominaren los oriundos del lugar, constituyen el paradigma de un fenómeno de dimensiones disparatadas, pues son incontables los municipios, dispersos por doquier, de menos de cien ciudadanos pero ningún partido político se ha comprometido a abordar una revisión de la normativa de régimen local que se hace ya imprescindible para terminar con este sindiós y como paso previo a esa ambiciosa reorganización territorial del Estado que se viene barruntando desde hace algunos años y, parece ser, pretende acometerse a partir de la azotea.

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