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TRIBUNA

Transparencia social en los costes de las universidades

sábado 27 de julio de 2019, 19:33h

Recientemente ha surgido el nuevo e importante concepto de Universidad europea, como una alianza estratégica y operativa entre universidades de distintos países de la U.E. Acaban de aprobarse a tal efecto por el Consejo Europeo las primeras diecisiete Alianzas universitarias europeas, dentro de las cuales se han seleccionado once universidades españolas. Es fundamental que a partir de ahora puedan integrarse y crearse titulaciones realmente supranacionales, y pueda haber así una facilidad para que los estudiantes y los profesores puedan cursar y/o moverse sin dificultades por centros universitarios de esos diversos países.

Ante este nuevo escenario universitario de integración europea, adquiere especial relevancia el conocimiento detallado de lo que se gasta, quién lo gasta y cómo se gastan los recursos públicos en las universidades españolas, con el fin de poder realizar comparaciones económicas sobre unos y otros tipos de costes, no sólo entre las universidades españolas -lo cual por sí mismo es ya fundamental-, sino también entre universidades europeas dentro de este nuevo marco de integración supranacional.

Haciendo así una primera referencia a las universidades y al sector público de nuestro país, cabe recordar las cada vez mayores exigencias sociales de una creciente racionalización y eficiencia del Sector público, y de las entidades que pertenecen a los distintos ámbitos y niveles de las administraciones públicas. Dentro de este contexto de racionalización se viene apreciando un importante impulso en la medición e incremento del nivel de eficiencia de dichas entidades públicas, entre las cuales podemos situar a las Universidades, o más concretamente a la gran mayoría de las que existen actualmente en España, que son públicas.

Las universidades detentan un nivel de utilidad e incidencia social que las convierte en un significativo referente de los servicios públicos, que en estos centros se traducen fundamentalmente en unos outputs relacionados con la formación y la investigación, y para los cuales utilizan una serie de inputs o recursos públicos que están obligadas a utilizar lo más eficiente, racional y óptimamente posible.

Los centros universitarios constituyen realmente centros de producción de servicios sociales e intangibles y vienen a ser fuentes de riqueza económica en sí mismos. En todo caso, conviene tener muy presente que además de este efecto económico directo la formación de capital humano que desempeñan a través de su actividad docente tiene una consecuencia muy importante a medio o largo plazo sobre la capacidad productiva y la competitividad económica de la sociedad.

De cara a los citados objetivos de eficiencia, parece incuestionable la importancia de que las universidades utilicen un modelo adecuado de Contabilidad analítica, que les permita calcular efectivamente sus costes y conseguir la eficiencia y la asignación óptima de sus distintos recursos, los cuales son públicos y financiados por los contribuyentes en su mayor parte. En este sentido, una adecuada contabilidad analítica ha de contemplar, en primer lugar, un sistema de medición de los costes de los distintos outputs o servicios que presta la universidad. La importancia de conocer el coste no solamente de los servicios finales, sino de todos los centros, áreas, departamentos, titulaciones, etc., resulta fundamental para conocer el grado de eficiencia, no sólo económica sino social, de los recursos utilizados por las universidades.

Cabe recordar a este respecto que los recursos financieros o ingresos de las universidades públicas proceden fundamentalmente de dos vías: a) Las transferencias de recursos públicos procedentes de las Comunidades Autónomas, b) Los ingresos por las tasas o precios públicos de aquellos servicios prestados por los centros universitarios, fundamentalmente la docencia en las correspondientes titulaciones que imparten las universidades

A este respecto, y desde el punto de vista de la actual normativa legal, cabe señalar que la legislación universitaria establece explícitamente que las tasas o precios de aquellos estudios o titulaciones de carácter oficial y con validez en el territorio nacional, los fijará la Comunidad Autónoma, y que, además, estarán relacionados con los costes de prestación del servicio. Esta normativa legal otorga así indudable importancia a un cálculo adecuado de los costes de todas aquellas titulaciones que imparten las universidades.

Un primer objetivo fundamental de un modelo de costes para la universidad ha de ser la elaboración de una radiografía de la propia universidad en clave económica, esto es, el conocimiento de los costes de la organización a muy distintos niveles de apreciación. En este sentido, el modelo puede ser útil para distintos objetivos específicos: Por una parte, para generar un mínimo nivel de transparencia en las propias universidades, en las que se gastan significativas sumas de dinero que son sufragadas por los ciudadanos.

Por otra parte, el modelo de costes ha de ser útil de cara a los requisitos para obtener financiación que establece la Unión Europea, ya que, a la hora de solicitar fondos europeos para proyectos, se necesita justificar los costes de dichos proyectos. Además, el conocer los distintos costes de la universidad puede ser importante en tanto en cuanto las subvenciones que otorga cada Comunidad Autónoma se basan en buena medida en los correspondientes costes y recursos necesarios para los distintos estudios y titulaciones universitarias. Además, un modelo de costes resulta fundamental como sistema de información que permitirá a los responsables de la universidad la correspondiente y más adecuada toma de decisiones.

Por otra parte, hay que tener presente que además de calcular los costes de los centros, servicios, titulaciones, etc. es necesaria la medición de la eficiencia con la que se desarrollan los diferentes servicios y actividades. Existen numerosas formas, conceptos, atributos y niveles para medir la eficiencia en un centro universitario.

Sin tratar de ser exhaustivos en estas breves líneas, y con el fin de hacer simplemente referencia a algunos de los indicadores que se pueden utilizar para medir la eficiencia en los centros universitarios, podemos señalar la posible diferenciación de tres tipos de indicadores: a) Indicadores de Enseñanza, b) Indicadores de Investigación, c) Indicadores de Administración y servicios universitarios.

En el ámbito de la Enseñanza se pueden seleccionar indicadores relativos, por ejemplo, a la situación general de la universidad (número de estudiantes, de profesores, de centros de enseñanza y departamentos, gastos e inversiones por alumno, etc.); también se pueden utilizar indicadores relativos a cada una de las titulaciones que oferta una universidad (número de alumnos, evolución de la demanda, presupuestos relativizados para la docencia, evolución de la nota media, de la nota mínima de acceso, etc.). Se puede hacer referencia asimismo a la infraestructura que posee un centro universitario y cómo se utiliza la misma en cuanto al número de aulas, superficie construida, capacidad media de las aulas, número de alumnos por ordenador, por laboratorio, etc.; o también a las características del alumnado (su estructura social, procedencia geográfica, alumnos admitidos en relación con las solicitudes, alumnos becarios, etc.), o a las características del profesorado (nivel de cualificación, carga docente de los profesores, estructura académica, etc.); en cuanto a los resultados de la enseñanza, se pueden citar indicadores relativos a la tasa de éxito, de retraso o de abandono de los alumnos, nota media de los graduados, tiempo medio para obtener la graduación, etc.

De forma similar a la señalada en relación con la actividad de Enseñanza, se pueden utilizar asimismo indicadores para evaluar la eficiencia y otras diversas características de la Investigación que se desarrolla en una universidad, por ejemplo, respecto a los recursos adscritos a la misma, el número y tipos de contratos de investigación, el número de tesis doctorales leídas, el número de patentes concedidas, el número medio de sexenios de investigación obtenidos por el profesorado, el número de artículos publicados en revistas de prestigio internacional, etc.

También es conveniente medir la eficiencia y evaluar la prestación de los servicios en el área de Administración y Servicios de una universidad, y la consiguiente utilización de diversos indicadores tanto relativos a los aspectos generales de los distintos servicios, como a los recursos humanos o Personal de Administración y servicios (PAS), o en relación con el nivel de aprovechamiento y situación de las infraestructuras destinadas a este tipo de servicios, o con los distintos procesos y prestaciones a los usuarios, y todo ello a nivel bien de los distintos tipos de servicios generales de carácter administrativo, o bien de cada uno de los servicios más específicos que se ofrecen a los alumnos, profesores, o al resto del personal (bibliotecas, instalaciones deportivas, guarderías, comedores, etc.).

En resumen, todos estos aspectos e indicadores, adecuadamente integrados en un sistema de Contabilidad analítica (o en su versión más avanzada de Contabilidad de gestión), pueden permitir junto al mencionado sistema de cálculo de costes, llegar a disponer de una imagen bastante adecuada, detallada y fiable de la situación y desempeño en las distintas actuaciones y servicios que se desarrollan en cada universidad, lo cual puede significar una aportación fundamental para la mejora de estos centros y del sistema universitario general, y por ende, del progreso y enriquecimiento intelectual y tecnológico de nuestra sociedad.

Jesús Lizcano

Catedrático de la UAM y cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España

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