¿GUERRA DE LENGUAS?

El "Manifiesto por una lengua común" que se hizo público en el Ateneo de Madrid hace unas semanas, parece no haber gustado gran cosa a la generalidad de los partidos que se sientan en las Cortes. Es una excelente noticia y significa, de entrada, que han acertado en algo esencial. Podría pensarse que lo “esencial” del acierto está en la defensa de la lengua castellana, la lengua común definida como tal en la constitución de 1978. Desde luego que es un acierto, pero hay algo más. Si sólo fuera eso, estaríamos ante otro episodio más de nuestras luchas políticas de todos los días entre los nacionalismos periféricos y sus exigencias –sobre todo en materia de presupuestos y educación—y los que creen que siendo buena de suyo la política basada en la práctica “federalización” del Estado, va siendo hora de poner un punto y final a la política del “todos queremos más y más y más y mucho más” que arrastramos desde hace demasiados años.

Pero el manifiesto contiene un implícito —por tanto, algo que no dice pero que muestra— y que ha sido captado correctamente por los dos partidos mayoritarios: el PSOE se ha irritado mucho y ha cargado con sal gruesa sus declaraciones contra los firmantes y contra el espíritu del texto. El PP decidió permanecer en silencio, haciéndose el distraído, pero viendo que no iba a ser flor de un día, sino que calaba en la opinión pública, terminó por hacer unas declaraciones que equivalen a subirse al carro en marcha. Me refiero al anuncio de llevar a cabo una campaña en “defensa de la lengua común”. Respecto de los nacionalistas, se han limitado a sentirse agredidos y a quejarse o a amenazar.

Ese implícito, bien captado por los profesionales de la política, consiste en que el manifiesto rechaza la regla maestra con la que se han jugado las partidas políticas desde la aprobación de la Constitución de 1978 hasta el día de hoy. Dicha regla reza: en caso de conflicto con los nacionalismos históricos, hay que interpretar las leyes del modo más conveniente para sus intereses, porque estos tienen un plus de legitimidad democrática.

Hasta ahora las políticas lingüísticas han desplegado sin resistencia alguna, incluso sin polémica, sus prácticas de inmersión y exclusividad lingüística en los territorios de su administración. ¿Por qué se pasaba de puntillas hasta hace poco cuando, por ejemplo, una familia de Tarragona se quejaba de no poder escolarizar a sus hijos, sirviéndose de la lengua castellana como lengua soporte del resto de los aprendizajes? La respuesta, a mi juicio, es simple: los nacionalismos disfrutan de un plus de legitimidad democrática que se originaría en la leyenda de que fueron más perseguidos por su condición “nacional” que por la de republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas e incluso liberales. ¡Vamos!, que sufrieron más la represión franquista que el resto de los españoles, por la causa mística de tener una lengua propia, cosa difícil de defender con datos. (Una amiga mía que ya no puede leer estas líneas, se enfurecía cuando oía a los políticos nacionalistas quejarse de lo que habían sufrido vascos y catalanes durante la guerra civil. Y sostenía que “si hubo una ciudad martirizada durante la guerra civil esa fue Madrid, no Bilbao o Barcelona”.)

Que la derecha, siempre con déficit de pedigrí democrático acepte el chantaje, pase. Pero siempre me produce extrañeza la buena vecindad que la izquierda de este país mantiene con los nacionalismos particularistas “burgueses”. Y en este respecto, es posible que el manifiesto contenga —ya se verá, cuando el tiempo permita juzgar sus efectos— el principio del fin de esa superstición política que propone que ser nacionalista es ser de izquierdas y “progre”. Y es que el acto político del lanzamiento del manifiesto del Ateneo propone de facto una nueva regla principal de juego político: no es menester conceder de entrada la razón a los partidos nacionalistas. Podemos examinar sin complejos las propuestas nacionalistas y rechazarlas, cuando sea el caso, de acuerdo con el ordenamiento jurídico que nos hemos otorgado, que no es franquista. La legitimidad política la otorgan las urnas, el imperio de la ley y el respeto a las libertades individuales. La poderosa herramienta política que constituye la debilidad del débil (aplíquese en este caso a la lengua) no tiene por qué prevalecer automáticamente como la razón decisiva. Ello no supone que, como reconoce el manifiesto, no se apoyen, y se enseñen y aprendan, y se fomente el bilingüismo. No hay ni debe haber guerra entre lenguas, sino lógicos enfrentamientos políticos en los que ambas partes, los defensores de que la lengua común conserve sus derechos y los que prefieren profundizar en las asimetrías proteccionistas, discutirán por lo que valgan sus argumentos. No es asunto baladí lo que está en juego cuando se trata de la educación de las generaciones futuras.
En fin, el manifiesto deja sobre la mesa de cara al curso que viene la gran cuestión a debatir: tenemos derecho a tomarnos en serio nuestra constitución de 1978 y a no aceptar que la sombra del franquismo escore nuestros debates políticos. Tengamos presente que las supersticiones son tan peligrosas en política como en religión.