CHÁVEZ INHABILITA LA OPOSICIÓN

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, asesta otro golpe a la oposición consiguiendo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establezca que las inhabilitaciones dictadas por el Contralor de la República no violan la Constitución. De esa manera, el máximo tribunal prohíbe la participación a las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 23 noviembre a las personas que han incurrido en presuntas irregularidades administrativas.

La decisión del TSJ, confirmando la inhabilitación política aplicada por la Contraloría General, impedirá la participación electoral a “personas que han incurrido en presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de cargos públicos”. Sin embargo, según los afectados se trataría de una clásica maniobra “chapista” para imposibilitar a los candidatos que parecen tener la opción de derrotar a los abanderados del Gobierno. Debido a esta decisión, 271 personas quedaron fuera de la competición electoral, pertenecientes a fuerzas de oposición o personas partidarias de Chávez cuando fueron elegidos, cambiando en seguida de bando.

No cabe duda que las inhabilitaciones resultan funcionales al proyecto de Chávez permitiéndole, en apariencia de forma “legal”, excluir a los opositores. De esta manera, democrática en teoría y antidemocrática en la practica, Chávez utiliza una medida político-jurídica en beneficio de su diseño político. Además, el Presidente de Venezuela consigue evitar “sorpresas” como el fiasco de la ansiada reforma de la Constitución, tan anhelada pero que se convirtió en una clamorosa derrota política, poniendo de manifiesto los límites de la revolución bolivariana. Por eso, para prevenir posibles e indeseados sustos, Chávez ha decidido pasar por alto la vigente carta magna y utilizar, una vez más, a la Justicia venezolana a su “gusto y medida”. La decisión del TSJ aumenta la ya natural desconfianza alrededor de los procesos electorales en el país: quitando la oposición, se “simplifica” el sistema y se garantiza el resultado. Además, los inhabilitados han sido excluidos sin la posibilidad de recurrir a todas las garantías democráticas: los derechos de los ciudadanos son reducidos al mismo tiempo que una atenta investigación sobre los presuntos actos de corrupción, un juicio y una sentencia son eludidos completamente. Una prueba de la falta de democracia del país venezolano y de la previa manipulación de las elecciones. De esta manera las prácticas democráticas siguen vigentes en Venezuela de forma falaz, convirtiéndose en farsas de dudoso valor político.