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EDITORIAL

Inhabilitar a Quim Torra

jueves 03 de octubre de 2019, 11:56h

Quim Torra ha vuelto a recibir un ultimátum de la Junta Electoral Central (JEC) que ha ordenado la retirada de esteladas y lazos amarillos de cualquier edificio público dependiente de la Generalidad. Le apercibe, además, con las sanciones administrativas o penales en caso de no hacerlo. Le recuerda que ya se han pronunciado sobre esta cuestión en varias ocasiones en las generales del 28 de abril por lo que rechaza las alegaciones presentadas por el presidente catalán. Pero, como en otros casos, Torra se mofa de la Justicia e incumple reiteradamente la ley.

La Junta Electoral Central le amenaza con sanciones que nunca termina de aplicar. El incumplimiento reiterado de “la neutralidad” que debe asumir la Generalidad en época electoral es motivo suficiente para inhabilitar al presidente catalán en sus funciones. Pero el tiempo pasa y la JUC parece incapaz de condenarle como ya ocurrió el 28-A.

El historial de incumplimientos de Quim Torra con las resoluciones de la Junta Electoral es tan abrumador como escandaloso. El de 11 de marzo la JEC le da un plazo de 48 horas para retirar toda la simbología de edificios públicos. Torra desoye la orden y el ultimátum llega una semana más tarde, el día 18. Entonces, Torra, siguiendo el consejo del Síndic de Greuges, sustituye el 21 de marzo la pancarta a favor de los políticos presos del Palau por otra con el lema "Libertad de expresión" y otro lazo, esta vez de color blanco. La Junta Electoral termina llevando el caso a la Fiscalía y ordena a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.

No es hasta el 2 de abril cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acuerda investigar a Torra. Ya en el juicio, celebrado el 15 de mayo, el president alega que desobedeció la orden "ilegal" de un órgano "incompetente" porque se debe a un "mandato superior" de la ciudadanía. A partir de aquí, Torra inicia una oleada de recusaciones para alargar el procesamiento denunciando la "absoluta falta de imparcialidad" del magistrado.

El 9 de julio la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra, así como una multa de 30.000 euros por desobediencia. Su reacción no tarda en llegar y pocas horas después anuncia: "Lo volveremos a hacer".

El 11 de julio el magistrado del TSJC rechaza su petición de apartarle del caso y un día después acuerda enviar a juicio a Torra. Es el 2 de septiembre cuando se da a conocer la fecha en la que se ha de celebrar: el 25 y 26 de septiembre, los mismos días en que ya están convocados los plenos del Parlament y que el president se niega a mover. Entre tanto, Torra medita si acudir o no al juicio y envía una nueva recusación al juez, esta vez alegando que está "estrechamente vinculado" al PSC.

Antes de que tenga lugar el juicio, el TSJC decide aplazarlo hasta el 18 de noviembre porque, dice, todavía no ha sido "procesalmente posible" concluir la instrucción del incidente.

El 26 de septiembre se repite el mismo escenario. El TSJC recuerda a Torra que una vez convocadas los comicios tiene que retirar de la Generalidad la pancarta de apoyo a los presos por la normativa electoral. Un día después, en el balcón del Palau luce una distinta a favor de la libertad de expresión y opinión y sin lazos amarillos.

Nuevamente, la JEC da un plazo de 48 horas para que ésta sea retirada antes de las 15:00 horas del viernes, 4 de octubre.

En casos como éste, es inadmisible que la tradicional lentitud de la Justicia permita al presidente de la Generalidad que llegue el 10 de noviembre y los edificios públicos mantengan en sus fachadas lemas o pancartas sobre los presos o la independencia. La Junta Electoral Central, en caso de que este viernes Torra siga eludiendo cumplir con las resoluciones judiciales debería inhabilitarle fulminantemente como presidente de la Generalidad. Ya no basta con amenazarle.

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