La sentencia del Tribunal Supremo puede considerarse salomónica. Los condenados reivindicaban la absolución y muchos analistas, la rebelión. Pero Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa presionó a la Abogacía del Estado para que cambiara su petición de pena de rebelión a sedición, en contra del criterio de la Fiscalía.
La sentencia, no obstante, es dura. Junqueras tendría que pasar 13 años encarcelado, Romeva, Bassa y Turull, 12 años; Forcadell, 11 años y medio; Forn y Rull , más de 10 años y los “Jordis”, 9.
El problema, si no se remedia a tiempo, reside en la aplicación del tercer grado; esto es, que los condenados puedan salir libremente de la prisión 5 días a la semana teniendo que volver a dormir a la cárcel y los fines de semana ni eso. La Fiscalía pidió que ese tercer grado no pudiera aplicarse hasta que los condenados cumplieran la mitad de sus penas, pero el Alto Tribunal lo ha rechazado.
De este modo, la potestad de conceder ese privilegio está en manos de la Generalidad que controla las instituciones penitenciarias catalanas. Ya se produjo un escándalo en la opinión pública cuando a Oriol Pujol se le concedió el tercer grado a los tres meses de ingresar en prisión, pese a que su condena ascendía a los dos años y medio.
El Tribunal Supremo ha demostrado a lo largo del juicio su imparcialidad e independencia y el proceso se ha desarrollado con absoluta transparencia y todas las garantías. El Estado de Derecho se ha fortalecido. Pero supondría un escándalo que en unas semanas los condenados por sedición y malversación salieran a la calle. La Fiscalía podría recurrirlo, como hizo con Oriol Pujol, pero la Generalidad haría caso omiso. Si nadie lo remedia, los condenados por el 1-O podrán pasar la Navidad con sus familias. Pedro Sánchez ni siquiera tiene que arriesgarse a conceder el indulto. De eso se ocupa Quim Torra.
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