CATALUÑA, ENTRE LOS ARTÍCULOS 116 Y 155 DE LA CONSTITUCIÓN

Santiago Abascal considera imprescindible para devolver a cauces de normalidad la situación catalana, la aplicación del artículo 116 de la Constitución, que dice: “Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”. El estado de excepción que apoya Abascal “será declarado -conforme al texto constitucional- por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados”.

El artículo 155 de la Carta Magna española, que Albert Rivera considera mejor fórmula para reconducir la situación en Cataluña, dice: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El Gobierno que salga de las elecciones del domingo próximo deberá poner en marcha, si la situación de desorden público y vulneración de la ley se prolonga en Cataluña, el artículo 116 o el artículo 155, según el convencimiento del líder al que corresponda la decisión. Lo que no se puede es dar continuidad a una situación insostenible. Si el Gobierno de la Comunidad Autónoma no actúa con eficacia, el Gobierno de la nación tiene la obligación constitucional de tomar las riendas de la situación y dominar la rebelión de un sector de la población catalana.

Son los propios catalanes, es decir, una mayoría de ellos, los que claman por el restablecimiento del orden público y de la normalidad. Y habrá que atender adecuadamente la solución de un problema que se ha enquistado de forma lamentable.