Puig declara que "con España no se puede negociar"

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha negado desde El Salvador que el Ejecutivo haya sido desleal con Cataluña o infiel con el Estatuto y ha insistido en que ha cumplido con sus compromisos en esta materia.

Tras mostrar que el Gobierno está abierto al diálogo, ha subrayado que el PSC es un partido responsable y ha mostrado su convencimiento de que va a seguir siéndolo, después de que el pasado sábado todos los partidos catalanes vincularan el nuevo modelo con la votación de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.

Ese día fue la fecha límite contemplada por el texto estatutario catalán para que el Gobierno y la Generalidad alcanzaran un acuerdo sobre el sistema de financiación de Cataluña. "Entendemos que todo el mundo tiene que adoptar una posición responsable para buscar los puntos de consenso y no los de disenso", ha reiterado la vicepresidenta.

Sin embargo, el consejero económico de la Generalidad, Antonio Castells, ha acusado al Ejecutivo de "tratar de intimidar" a la delegación catalana en la negociación de la nueva financiación para Cataluña sin haber aportado ninguna propuesta para continuar el proceso. "Es la especialidad de la casa", ha dicho Castells, que ha añadido que desde el primer momento la Generalidad está en una actitud "de propuesta y para avanzar" y que "si no hay un buen acuerdo no habrá acuerdo".

Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que informe sobre la reforma del modelo de financiación.

Asimismo, los populares han criticado que De la Vega se encuentre de gira por centroamérica cuando en su opinión debería estar trabajando en Madrid para solucionar este conflicto.

Las posturas de los partidos
CIU ya ha anunciado que apoyará la petición de comparecencia de Zapatero en la Cámara Baja a través de su líder, Artur Mas, que ha asegurado que la unidad de los partidos catalanes en cuanto al modelo de financiación "no es estética" sino para defender lo que dice el Estatuto.

El portavoz parlamentario de este partido, Josep Sánchez Llibre, ha advertido al Ejecutivo de que si no resuelve este asunto, "le pasará factura electoral".

Desde ERC, el ex diputado Joan Puig ha considerado que el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo antes del 9 de agosto "demuestra que con España no se puede negociar" y que "sólo hay que comunicarle el día y hora de la declaración unilateral y democrática de independencia".

También el presidente de Baleares, Francesc Antich, ha definido como "lógico" que el Gobierno catalán pida que se cumplan todos y cada uno de los requisitos aunque ha pedido que éstas islas sean las más beneficiadas por el nuevo sistema dado que, en su opinión, son las más perjudicadas por el actual.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha denunciado que el Ejecutivo negará a los madrileños 418 millones de euros del sistema de financiación autonómica prometidos por Zapatero en la Conferencia de Presidentes de 2005, un hecho que el Ministerio de Economía ha negado "rotundamente".