Álvaro Uribe en el ecuador del segundo mandato. Popularidad y dilemas democráticos

El presidente colombiano gobierna desde el 2002 y ha mantenido históricamente índices de popularidad que han oscilado entre el 60% y el 85%. A los dos años de su primer periodo de gobierno, en el 2004, ostentaba una popularidad del 78% y, actualmente, con seis años de gobierno a cuestas, estas cifras están en un 80%. Por cosas de la providencia cuando la cifra inicia un declive, algún evento de sonora consecuencia impacta en la realidad colombiana y el ascenso en su popularidad a nivel doméstico e internacional es inmediato y meteórico.

En el 2004 sus principales logros se señalaban en el mejoramiento de la seguridad y la implementación de un severo programa de ajuste fiscal que había permitido sanear parte de las finanzas públicas, reactivar la economía y restablecer la confianza entre los inversores, logros que le permitieron, así como lo hicieran otros gobernantes latinoamericanos en la cumbre de su popularidad, encarar el ambicioso proyecto de reforma constitucional que incorpora la reelección presidencial inmediata, con éxito en sus resultados.

En la actualidad los logros de su gobierno están focalizados en los exitosos resultados de la consolidación de la Política de Seguridad Democrática, política que para cosechar resultados ha de ser de largo aliento, como lo estamos viendo (acorralamiento de las FARC, desmembración de carteles de la droga, disminución en índices de criminalidad) y, como segundo gran resultado, la confianza inversionista.

En efecto, los logros obtenidos han asegurado la buena imagen del Presidente que le ha servido para mantenerse impermeable al denominado escándalo de la parapolítica, la mayoría de los más de 60 legisladores involucrados en el escándalo, que se encuentran privados de la libertad, pertenecen a la coalición política que sostiene a Uribe, quien abandonó el Partido Liberal para presentarse como candidato independiente a las elecciones del 2002. Imagen que tampoco ha sido afectada por otro escándalo surgido en los últimos meses.

Una ex congresista le ha sacado a la luz pública el haber estado al tanto de las prebendas que miembros de su equipo de gobierno -dos ministros- le ofrecieron en el 2004 para votar a favor de la reforma constitucional, voto decisivo que le permitió este segundo periodo de gobierno.

A dos años de la finalización del segundo mandato de Uribe surge el rumor de la necesidad de un tercer mandato, rumor que es acogido con simpatía por los colombianos. Se inicia el debate, se trata de un tema de gran relevancia pública que se hace ver como un asunto importante en el ámbito de lo político a ser resuelto con prontitud, forzando a que los demás actores políticos expongan sus cartas. Mientras esto sucede el Presidente guarda un prudente y estratégico silencio, la única mención que en este sentido a hecho se refiere a la conveniencia de la permanencia en el tiempo de las acciones de la Política de Seguridad Democrática, cuyos exitosos resultados no legitiman por sí mismos, una nueva redefinición de las reglas del juego democrático -modificaciones de la Constitución- para un tercer mandato de Uribe, coartando la sana y necesaria alternancia en el poder.

Es así como surgen voces de aceptación y rechazo a una nueva reelección, voces que se dan dentro y fuera de la coalición de gobierno. Coalición política ya de por sí peligrosa para el sistema político colombiano por sus nexos con el paramilitarismo y, que se hace todavía más riesgosa al estar formada por movimientos políticos con intereses diversos que buscan sus propios espacios. No se trata en ningún caso de una coalición que pueda estar apuntando a ser considerada como un partido político con una comunión ideológica que busque agregación y representación de intereses y posiciones políticas contextualizadas en un programa político. Su único objetivo fue y ha seguido siendo la presencia de Uribe en el poder, es así como cada iniciativa legislativa está sometida al dictamen del clientelismo, como lo hemos estado viendo, con elevados costos para el ejercicio del gobierno.

Otro efecto negativo del experimento de gobierno de Uribe está en el debilitamiento de la división de poderes y la desinstitucionalización en la toma de decisiones. El presidente Uribe ha concentrado el poder y los ministros se han convertido en simples ejecutores de sus directrices. Todo esto enmarcado en un escenario de un frágil sistema de partidos, sin una oposición política sólida que ejerza como poder moderador y que permita la consolidación del régimen democrático.

Los defensores de la tercera reelección argumentan que al Presidente le va a quedar muy difícil desatender un pedido mayoritario para un tercer mandato. Con este fin sectores sociales y políticos iniciaron una campaña de recolección de firmas para pedir que se le permita a Uribe aspirar a una segunda reelección. Campaña que ha logrado reunir cuatro millones de firmas, reflejo de las acciones de este gobierno para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, en palabras del secretario del Partido de La U, uno de los miembros de la mencionada coalición política.

Los logros de Uribe en el bienestar de los colombianos -léase seguridad fundamentalmente- opacan y minimizan aspectos esenciales para la supervivencia, legitimidad y salud de un régimen democrático. Usted, amigo lector, ¿Firmaría la convocatoria al referendo para una nueva modificación Constitucional que permitiese la segunda reelección de Uribe?