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AL PASO

Problemas constitucionales para Boris Johnson

martes 24 de diciembre de 2019, 20:11h

Había muy pocas dudas para todo tipo de observadores de que en los últimos decenios el constitucionalismo inglés estaba sufriendo una serie de importantes transformaciones causadas por la entrada del Reino Unido en Europa, el reconocimiento de la Convención de Derechos Humanos y el proceso de devolución territorial. Así se asistía a fenómenos tan novedosos como leyes suspendidas, actuaciones de los poderes públicos anuladas, introducción del referéndum, establecimiento de un Tribunal Supremo que funge como Tribunal Constitucional, etc. En este orden de cosas Lord Hoffman, ya en 2000, observaba que aunque los jueces reconocen la soberanía del Parlamento, no obstante aplican principios de constitucionalidad que se diferencian poco de los que existen en países donde el poder se limita expresamente en un documento constitucional. Y la actual presidenta del Tribunal Supremo, lady Hale, para entender la constitución territorial británica se ha atrevido a proponer el patrón federal.

Es frente a este escenario, desde donde se desafía claramente el dogma de la soberanía parlamentaria, en el que hay que calibrar el impacto de la llegada de Boris Johnson al poder, que se propone verificar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, dando cumplimiento a la decisión del electorado adoptada en el referéndum sobre el Brexit. Es evidente el propósito rectificador de Johnson. Se trata de recuperar el control, o ejercer la soberanía nacional, para liberarse de los límites europeos, que se impusieron tras la sentencia Factortame 2 de 1991, o del reconocimiento de derechos constitucionales derivados de una Declaración, y después la Carta, extranjeras y no de los derechos tradicionales reconocidos por los propios jueces nacionales, de acuerdo con la tradición del common law. Pero obsérvese que la rectificación que Johnson ha prometido no equivale a una simple restauración, pues su verificación se acomete tras un referéndum, que no deja de ser un instrumento de dudosa ortodoxia constitucional, pues cuestiona el dogma básico de la tradición británica, que es el de la soberanía parlamentaria. Lo cierto es que la consolidación del referéndum tras el Brexit obedece a una verdadera convención que ha prevalecido a pesar de que las denuncias del referéndum no han cesado, se piense en sus carencias, en general, como instrumento de participación o , en particular, en la ocasión concreta en que las manipulaciones o mentiras fueron patentes. En efecto, cuando se trata de una transferencia de Poder legislativo hacia Europa o hacia la regiones no basta con la legitimidad suministrada por la representación parlamentaria, sino que es necesaria una base de apoyo mayor que es la que aporta el referéndum. Además, como ha apuntado Bogdanor, cabe justificar el referéndum como una garantía constitucional, de modo que se contenga el poder del gobierno y del Parlamento cuando están en juego principios del sistema como sería el de no permitir el traspaso de poderes legislativos ni a Europa ni a las regiones. O en otros casos de trascendencia constitucional como ocurre con el sistema electoral.

La sensatez constitucional del conservadurismo británico puede llevarle a contemplar la aprobación de una ley británica de derechos humanos, pues hay quien cree que una carta verdaderamente británica de los derechos fundamentales daría a los mismos un arraigo y unas ventajas que no se ven cuando los derechos dependen al final de una declaración que no es propiamente nacional. Además el respeto a los derechos fundamentales podría formar parte del principio del rule of law o estado de derecho, admitiéndose en caso extremo incluso la anulación de una ley.

Donde pueden presentársele problemas importantes a Johnson es en la cuestión territorial, pensando especialmente, aunque no sólo, en el caso de Escocia, donde se denuncian cada vez con más intensidad las insuficiencias del modelo de la devolution. Ciertamente tras el referéndum de 2014 Escocia experimentó un incremento competencial en materias fiscales (IRPF, IVA),con atribuciones nuevas sobre recursos mineros, etc. Además la Scotland Act de 2016, o Estatuto de Autonomía modificado, para entendernos, incluía dos determinaciones importantes. Establecía la garantía de la permanencia institucional, solo alterable mediando referendum. E incluía la cláusula Sewel, fijando la necesidad del consentimiento del Parlamento escocés para que quepa la legislación del Parlamento británico sobre materias devueltas. Con todo, en realidad, la protección conferida a la autonomía no deja de ser insegura pues ella no dispone de verdadera garantía jurisdiccional , ya que puede ser suspendida y hasta suprimida ; y la cláusula Sewel (como se ha comprobado en el caso Miller(2018), no acaba con la soberanía del Parlamento sobre las materias devueltas. Esta situación ha sido agravada por la Withdrawal Act de 2018 que atrae, tras el Brexit, las materias devueltas que estaban en Europa, hacia el centro, alegando riesgos para el mercado británico. Naturalmente Escocia, basándose en la Sewel, ha levantado su protesta ya que entiende que si se trata de materias devueltas en poder de Europa, lo lógico es que, luego del abandono de la Unión, tras el Brexit, las mismas vuelvan a las regiones . Pero el Tribunal Supremo en el caso Miller (2018) no avala este planteamiento.

Estas tensiones, creen algunos autores como el ya citado Bogdanor, deben resolverse con el acuerdo y no con la imposición del principio de soberanía parlamentaria, que no es el criterio más adecuado para que un Estado multinacional funcione, y que hace inseguro el arreglo de la devolución, y por ello altamente cuestionable. Tal telón de fondo contribuye, sin duda, a explicar el malestar escocés y el retorno de la reivindicación del referéndum de autodeterminación de su parte, que estimula el ahora crecido nacionalismo conservador inglés, representado por el nuevo premier Boris Johnson.

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