"Gabinete de crisis" del Gobierno con la inflación en máximos

La reunión de esta tarde resulta inusual. No es común que el presidente del Gobierno interrumpa sus vacaciones para convocar un Consejo de Ministros extraordinario sin que haya un evento concreto nuevo y grave que lo justifique. De hecho, jamás se ha producido un consejo como este a mediados de agosto. No es usual que la Comisión de Asuntos Económicos sea presidida por el propio presidente, que relega al ministro de Economía, Pedro Solbes.

Por lo demás, Zapatero hará esta tarde algo que parece haberse convertido en una costumbre: la presentación de un paquete de medidas económicas para paliar la crisis. Lo ha hecho en varias ocasiones antes, habitualmente para mencionar las mismas medidas que había defendido antes. Esta tarde habrá alguna sorpresa en las propuestas del Gobierno para atajar la situación económica.

Con ello, el Ejecutivo lanza el mensaje de que la gravedad de la crisis le ha pillado desprevenido, sin que el Gobierno hubiera podido prever la profundidad del parón de nuestra economía, pese a que coincide exactamente con lo que se le ha advertido desde los más diversos ámbitos: analistas y economistas, instituciones privadas, instituciones internacionales, medios de comunicación… La respuesta del Gobierno fue siempre acusar a las voces que alertaban de la situación de ser “alarmistas” o incluso “antipatriotas”.

El segundo mensaje que quiere transmitir es que una vez ha tomado nota de la situación (el Gobierno siempre ha evitado hablar de “crisis”), está dispuesto a tomar las medidas necesarias para hacerle frente.

Una de ellas la eliminación del Impuesto del Patrimonio, algo que ya había sido adelantado por el propio Zapatero. La competencia fiscal entre las comunidades autónomas, a quienes está transferido este impuesto, la había eliminado virtualmente, especialmente por la política más liberal de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre.

Pero hay más. Rodríguez Zapatero ha adelantado que el Gobierno está dispuesto a tirar de la deuda pública, que en la actualidad está por debajo del 40 por ciento y, por tanto, en niveles históricamente bajos. Uno de los usos de ese incremento del gasto público irá destinado a gasto social, pero otra parte se dedicará, según anunciará previsiblemente esta tarde Zapatero, a aumentar la obra pública. Esto daría un respiro a las constructoras, afectadas por el parón inmobiliario.

También estudiará la transposición de la directiva europea de servicios, que llevaría a una liberalización del sector, muy necesaria para introducir una mayor competencia. No obstante, podría no aprobarse esta tarde, sino que quedaría como cuestión pendiente para septiembre.

Lo que sí se podría presentar esta tarde es la eliminación de ciertas barreras administrativas a las empresas pequeñas y medianas. También agilizará la aprobación de declaraciones de impacto medioambiental, de nuevo con el sentido de apoyar al sector de la construcción.