El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, han sido los únicos barones del PSOE que han criticado de alguna manera el pacto al que han llegado los separatistas de ERC con su líder, candidato a la investidura al defender la Constitución y la unidad de España.
García-Page, en su tradicional mensaje de Año Nuevo, ha defendido la Constitución española como "nuestro seguro de país", que "resume a todos, incluso a aquellos que le dan patadas", y ha reclamado la defensa de la unidad de España "como un compromiso moral que nos incumbe, sobre todo a los que defendemos la igualdad".
Además, ha dicho que la Constitución "está por encima de todos y cada uno, de todos los partidos y de cada institución por separado". García-Page ha considerado, consciente de la pluralidad del país, que la diferencia "no puede confundirse con la desigualdad" y que "avanzamos más si vamos todos juntos", sin que "nadie se quede atrás".
Unidad y Constitución, también en Aragón
Por su parte, Lambán, también en su discurso de fin de año, ha afirmado que no admitirá que para apaciguar las tensiones que puedan generar otras regiones, "se les otorguen privilegios o tratos de favor, de manera que, si eso ocurre, apelaremos a toda la fuerza de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para evitarlo".
Confía en que el éxito de su comunidad esté "indisolublemente ligado al de España como nación y como Estado" y subraya que "el interés general de todos los españoles es el nuestro y no escatimaremos esfuerzos para defenderlo en todos los órdenes, en el político, en el social y en el económico".
Alude Lambán al momento de incertidumbre y desconcierto que se vive en el país, por lo que defiende que los poderes públicos procuren estabilidad y gobiernos "desde la razón y el sentido común" para eludir "sobresaltos innecesarios", de la misma manera que condena los continuos ataques que amenazan la continuidad de la Constitución, “la única de nuestra historia que ha dotado de estabilidad política y social a España, la de 1978”.
En aras de la convivencia y de la buena gobernanza del país argumenta que "ahora mismo es un imperativo democrático defenderla, la unidad de la nación española como garantía de igualdad de derechos de todos los españoles, vivan en la región que vivan; y defender el entramado institucional que la sustenta, empezando por la Jefatura del Estado".
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