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TRIBUNA

Manojo de evidencias

jueves 09 de enero de 2020, 20:39h

Iremos viendo los pasos que el gobierno de coalición vaya dando. Veremos si la mesura y el consenso vencen a las posiciones más extremas y arriscadas. El radio de acción se ha estrechado radicalmente y si el bloque de la derecha nada tiene que hacer, el bloque la izquierda no puede ir mucho más allá, sin forzar el herraje de la ley: llámeselo constitución o marco jurídico. Llámese como se quiera la política ha de tener por fundamento un conocimiento lo más ajustado posible de la realidad porque no es el arte de cumplir los sueños, sino de maniobrar en las condiciones históricas dadas para ofrecernos en el presente cauce abierto hacia el futuro. La constitución y el régimen del 78, sin duda, han caducado. Hoy es fácil ridiculizar y acusar desde el otro lado del burladero y es fácil porque desde el presente cabe reconocer sus carencias y deudas arriesgadas en múltiples direcciones. No debiéramos olvidar que sus promotores no hicieron avanzar ese estado de cosas desde nuestro presente, que era su futuro, sino desde nuestro pasado, que fue su presente. Hemos de evitar un derrotismo melancólico, como debemos evitar lágrimas de alegría porque no ha habido victoria alguna. El país se encuentra hoy en una encrucijada nuevamente determinante. Hay momentos más o menos cruciales, pero en todo presente se arriesga el futuro, de modo que la novedad radica en un punto mayor o menor de emergencia.

Si hay que contar con los millones de votantes de orientación independentista, no menos hay que contar con los millones de votantes de orientación unitarista. La circunstancia histórica en el campo internacional no facilitará – como nunca lo ha hecho – la permanencia de España como magnitud real capaz de moverse como una sola entidad frente a terceras entidades políticas, interesadas en el logro de sus propios objetivos. El mundo está lejos de ofrecer la forma de una armónica integración, como si el género humano avanzara pacíficamente hacia el horizonte de una fraternidad universal, igualitaria y libre. Más bien parece incrementarse una tensión que no augura paz alguna, sino enfrentamientos de una u otra índole.

Será simétrico el error consistente en negar, por un lado, la realidad histórica de España y, por otro, la realidad de una pluralidad de unidades integradas de uno u otro modo, en el gran círculo de la patria grande. Esas partes integradas no tuvieron carácter de estados nacionales, lo que no significa negar su valor real porque la política no es todo y no ha sido nunca el plano fundamental de la realidad antropológica. No neguemos el todo, no neguemos las partes; entiéndase como se entienda su composición. Hoy sólo se ve una alternativa bifronte y simple: o centralización o federación. Pero España ya es un estado profundamente descentralizado. Por un lado, se verá en ese carácter centrípeto la causa del poder presente del separatismo, por el otro se juzgará insuficiente esa descentralización en la búsqueda de una escisión final que se quiere condición para una reintegración federal y republicana. ¿Es posible una tercera alternativa?

No es ya el estado actual de la correlación de fuerzas parlamentarias el que impide una solución acordada. La solución jamás consistirá en la ejecución íntegra de un programa parcial porque la contraposición sólo puede hallar hoy salida en una mutua concesión que permita la convivencia sobre unas mínimas condiciones comunes. Los porcentajes requeridos para la modificación constitucional en una u otra dirección exigen llegar a acuerdos o será necesario buscar subrepticiamente transformaciones constituyentes, orillando a una fuerza antagónica que no será jamás despreciable. El riesgo es enorme.

Valga que el bloque de derechas no concede legitimidad a los que han sabido recoger las nueces, tras agitar el árbol durante décadas, por recordar la perversa orientación que ha seguido el nacionalismo vasco. Valga que tampoco puede admitirse como aval de un gobierno el voto de aquellos para quienes la gobernabilidad de España es insignificante. Y, sin embargo, en ese punto nos encontramos.

El contenido social de las políticas que se anuncian, de una importancia que la derecha no debería despreciar, no constituye sin embargo la última razón de ser de un gobierno que es, no se olvide, gobierno de España y no gobierno de clase. Es más, sólo podría defender intereses de clase a través de la defensa de España. Recuerdo el título – ahora que tantos se acuerdan del aciago 36 – del viejo estudio de Joaquín Maurín: “La revolución española”; ya el título dice lo elemental.

Son muchas las contradicciones que han de afrontar los señores que nos representan o, al menos, nos gestionan y administran, aunque no votemos. Dicen que quieren ser un gobierno para todos, pero tienen muy difícil establecer precisamente quiénes conforman esa totalidad que pretenden gobernar. Definirla será muy difícil, pero es la labor política fundamental. Me pregunto si está al alcance sus Señorías…

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