No es muy normal que sea noticia que el presidente del Gobierno dé una rueda de prensa. Sí lo es, en este caso, que en esa convocatoria permita a los medios de comunicación interpelarle con los asuntos que interesan a la opinión pública. Otra cosa es que las respuestas sean convincentes y que alguien las pueda dar por sinceras. Aunque lo ha intentado, no cuela. ¿Alguien se cree que nombre a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado y le pida de forma honesta que sea “independiente”?
Un chiste, claro. Lo preguntaba él mismo no hace mucho con ironía: ¿De quién depende la Fiscalía? Y se contestaba él solo: “…pues eso”. De esta forma, insinuando sin ningún tipo de pudor que la ya denostada separación de poderes está solo en el imaginario de los más creyentes, ¿a quién sorprende la decisión de pasar a una ministra a la Fiscalía General del Estado?
Lo que ha quedado perfectamente constatado es que la sustituída, María José Segarra, no tragó con las órdenes “de arriba”, es decir, procuró ser independiente. Desgraciadamente para ella, en esta España de derechas e izquierdas, la integridad, la honestidad y la moralidad se paga.
Por indecorosa que pueda resultar esta actitud de menosprecio flagrante a la democracia, la reacción en el Gobierno es de absoluta normalidad. Así lo entienden porque el "currículum es perfecto". Pero claro, qué importa que toda la Carrera Fiscal critique este nombramiento si lo importante para seguir en la poltrona, como todo el mundo sabe, es “desjudicializar” la política catalana, especialmente lo que concierne al procés.
Separación de poderes, independencia, falta de credibilidad, Montesquieu… Hay que aclarar, lo que en el Gobierno y oposición llaman desjudicializar la política, en realidad es politizar la justicia. Pasó antes con la Abogacía del Estado, ahora será lícito poner en duda, gracias a su labor en Moncloa, la imparcialidad de todas las decisiones que adopte la Fiscalía en adelante.
¡Qué fácil será dar órdenes a los fiscales en Cataluña! ¿Alguien duda de que nos llevaremos las manos a la cabeza lamentando las decisiones al respecto de los permisos penitenciarios y los posibles indultos a los condenados por sedición, pero fundamentales para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo el presidente de coalición?
Pero el riesgo es mayor de lo que se puede pensar al respecto de lo que pueda pasar exclusivamente en Cataluña. Cuando un Ejecutivo se permite no tener que rendir cuentas ante la Justicia porque la Justicia depende del Ejecutivo, se convierte en una dictadura y ya sabemos lo que pasa cuando se funciona así.
Nunca determinados elementos de la Justicia en España estuvieron tan entredicho como ahora. La “ministra número 23” tiene buena culpa de ello y su cargo, ahora, tampoco va a ayudar a dar un halo de transparencia a los innumerables casos y asuntos que nos esperan en las próximas fechas. Habrá que confiar en los muchos buenos profesionales que, fuera del alcance de la coalición en el Gobierno, seguirán velando porque se haga realmente justicia.
Quizá, ¡quién sabe!, consiga la nueva fiscal general del Estado que Pedro Sánchez se reúna con un
president que no esté inhabilitado para que no se dé una situación realmente ridícula, además de ilícita. Aunque quizá no le importe esto al nuevo presidente de coalición, que no lo ve un problema, ya que, simplemente, no entiende que Quin Torra esté inhabilitado. Él a lo suyo, por supuesto. ¡Qué una ilegalidad no estropee el pacto!
Si (
No(
